Bogotá — La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso una multa de $1.817 millones a Empresas Públicas de Medellín por la no entrada en operación del proyecto Hidroituango.
Las dificultades del proyecto hidroeléctrico vienen desde 2018, en abril, cuando por fallas geológicas y de construcción se inundó el cuarto de máquinas disminuyendo el avance del proyecto del 84% al 70%, aproximadamente.
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Desde entonces la empresa y los contratistas del proyecto está sumidos en un pleito por la responsabilidad de la contingencia. Según Andrés Carrillo, hoy el proyecto tiene un avance del 85%.
Insistió en que en el 2022 entrarán las dos primeras unidades de generación, hacia junio y noviembre, aunque alertó que existen riesgos dado que el contrato de los actuales constructores, responsables fiscales por $4,3 billones, según fallo de primera instancia de la Contraloría, vence en diciembre de este año.
“Los diálogos entre EPM y estas firmas contratistas se centran en definir las condiciones y los términos de una prórroga del contrato de obra principal”, dice la compañía.
Hay que tener presente que a los actuales contratistas se les pidió buscar a quién cederle el contrato, pero estos manifestaron que no encontraron a quién cederlo.
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No existe una fecha precisa para conocer el fallo de segunda instancia de la Contraloría, y en caso de ser confirmado el de primera, los actuales contratistas quedarán inhabilitados para contratar con el Estado.
Es por ello que EPM debe prorrogarles el contrato que vence a final de este año, para continuar con las obras, y al mismo tiempo preparar un plan b que le permita continuar con las obras y entregar las unidades previstas en 2022.