Lima — Este miércoles la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un comunicado descartando “el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras”, tras una controversia por declaraciones de la primera ministra, Mirtha Vásquez, que generaron malestar al sector privado peruano.
En el comunicado, la PCM también resaltó que las empresas mineras “pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normativa vigente”, contrario a lo que había dicho la ministra Vásquez sobre que no se darían ampliaciones a las minas operadas por las empresas Ares, Apumayo y SAMI en Ayacucho. Más bien, el comunicado estuvo alineado a la aclaración que hizo el viceministro de Minas, Jorge Chávez, respecto a que las empresas pueden realizar dichas solicitudes según la ley actual.
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Rápidamente la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú reaccionó saludando lo informado por la PCM tras la reunión que las autoridades peruanas tuvieron con empresarios mineros, y consideró positivo que las autoridades “se rectifiquen sobre los acuerdos” suscritos en las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara, donde las mineras operan.
Bloomberg Línea conversó con el presidente de la SNMPE y CFO de Southern Perú, Raúl Jacob, sobre los últimos acontecimientos.
¿Cómo recibe usted el último comunicado de la PCM?
Lo primero es lo que comentamos, saludamos que haya habido una rectificación sobre esto. De todas formas nos preocupa que se haya tenido que llegar a esta situación de cierta tensión y confrontación con el Poder Ejecutivo en vez de trabajar juntos por ir avanzando en una agenda de sostenibilidad y competitividad de la minería.
¿Tienen novedades sobre el diálogo que se mantendrá con las autoridades a partir de este evento?
Nosotros estamos dispuestos a trabajar con el sector público, con el Ejecutivo y el Congreso, con todas las autoridades, en lo que se necesite.
¿Se podrían dar reuniones entonces más adelante para evitar reacciones adversas?
Así es.
Una de las sugerencias que hizo la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible un año atrás sobre el cierre de minas es que se permita la participación ciudadana en las zonas de influencia para que puedan expresar sus preocupaciones o expectativas respecto al uso futuro de las áreas impactadas. ¿Se podría evaluar alguna modificación en cómo actualmente se manejan los planes de cierre de minas, que quizás prevenga conflictos sociales o malestar por parte de las comunidades?
En realidad siempre estamos abiertos a discutir los distintos temas. Hay un nivel de participación ciudadana muy importante en la generación de los proyectos y también las compañías tienen una serie de acciones para monitoreos ambientales participativos para que la población esté tranquila. Esto lógicamente se puede conversar. Lo importante es hacerlo en un clima en el cual se pueda dialogar sobre estos temas de manera técnica sin ningún tipo de presión a ninguna de las partes.
Más allá de lo ocurrido con las protestas que generaron incendios en la mina de Apumayo, que ha dificultado las operaciones en la zona, ¿hubo algún retraso con alguna otra unidad minera ubicada en Ayacucho?
En Ayacucho mismo no, pero a nivel nacional hay una serie de eventos que han estado ocurriendo en donde se recurre a violencia para presentar reclamos. Eso creo que es inaceptable, y el comunicado de PCM lo ha recogido.
Justamente el comunicado menciona rechazar “actos de violencia”. Además de la reunión del lunes, ¿tuvieron posteriormente alguna otra llamada o algún encuentro con las autoridades peruanas?
Bueno, por ahora la PCM ha emitido este comunicado del que estamos hablando y nosotros hemos reaccionado. Eso es por ahora. Evidentemente las empresas privadas y los gremios estamos con la mejor disposición para trabajar con el gobierno en solucionar la conflictividad social.
¿El problema era que con los acuerdos se estaba presionando al sector privado?
No. El problema ha sido una actitud arbitraria e ilegal que ha sido reconocida y arreglada con este comunicado.