Lima — Dos días después de haberse reunido con las empresas mineras que operan en Ayacucho después de firmar acuerdos sobre el cierre y retiro de sus operaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú difundió un comunicado descartando el cierre y solicitud de retiro unilateral de dichas unidades mineras “que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”.
“El Gobierno reafirma su absoluto e irrestricto respeto a los derechos fundamentales, al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa, en un contexto de estabilidad y seguridad jurídica, basado en el principio de predictibilidad, para las inversiones privadas (pequeñas, medianas y grandes), y de mejora al entorno social y ambiental”, resaltó la PCM en un comunicado difundido este último miércoles.
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El sábado último diversos gremios empresariales así como las mineras Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa), que operan en Ayacucho, se pronunciaron en contra de los acuerdos que firmó PCM con comunidades de Ayacucho adelantando el retiro y cierre de sus operaciones mineras. Las compañías privadas calificaron la acción del gobierno peruano como “arbitraria e ilegal” y pidieron rectificación sobre los acuerdos firmados.
Así, el lunes la PCM y diversos ministros de Estado se reunieron con representantes de las empresas mineras para dialogar sobre los últimos sucesos. Poco se conoció sobre la conversación que sostuvieron las autoridades con las compañías, aunque el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, comentó a Bloomberg Línea que el encuentro fue “preliminar” y que se reiteró a las autoridades el pedido de retractarse sobre lo comentado a las comunidades de Ayacucho.
“Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley”, precisó el comunicado de la PCM, luego de que Vásquez indicara ante las comunidades ayacuchanas que no se aceptarían solicitudes de ampliación de las operaciones de unidades mineras en la zona.
PCM también detalló en su comunicado que los planes de cierre (progresivo, final, y post cierre) presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes, así como sus modificaciones, “se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible”.
“Desde el Ejecutivo reiteramos nuestro rotundo rechazo a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, pero reconocemos el legítimo derecho a la protesta social”, apuntó la PCM en referencia a algunas protestas que se han dado en la zona de operación de las mineras y que han afectado de forma sustancial las labores de minas como Apumayo.
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“El Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Este enfoque, es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales a fin de darles solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial, dentro del marco legal vigente”, puntualizó la PCM.
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