Bloomberg — Los acreedores de Puerto Rico que esperan que el Estado Libre Asociado salga de su bancarrota de más de cuatro años en 2021 tendrán que esperar un poco más, ya que el Departamento de Justicia de EE.UU. podría intervenir en el proceso.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Laura Taylor Swain está revisando el plan de Puerto Rico para reestructurar una deuda de US$33.000 millones, incluyendo US$22.000 millones en bonos, después de terminar el martes los alegatos finales sobre el plan de ajuste de la deuda. Las audiencias terminaron después de que los huracanes, los terremotos, la agitación política y la pandemia pospusieran el proceso de quiebra durante años.
Es probable que Swain espere hasta el próximo año para emitir su fallo, ya que el lunes dio a los abogados del gobierno estadounidense hasta el 7 de enero para decidir si se involucran en la defensa de la constitucionalidad de la ley federal, llamada Promesa, que permite a Puerto Rico reducir sus obligaciones a través de la quiebra.
“Es un poco frustrante que se haya retrasado”, dijo Daniel Solender, jefe de municipios en Lord Abbett & Co. sobre el retraso. “Ya ha sido una espera bastante larga. Uno quiere que esto se complete. Lleva mucho tiempo y todo el mundo está listo para que termine”.
Incluso con el posible retraso, los precios de algunas obligaciones generales de Puerto Rico se mantuvieron en línea con los niveles de negociación recientes. Una Obligación General (OG) con un cupón del 8% y con vencimiento en 2035 cambió de manos el martes en una operación de US$2 millones a 88 centavos de dólar estadounidense, por encima de los 87,75 centavos del 15 de noviembre, la última vez que hubo una operación de al menos US$1 millón, según datos recopilados por Bloomberg.
La quiebra de Puerto Rico comenzó en mayo de 2017. Es el mayor rescate municipal, superando la quiebra de Detroit de 2013. Los tenedores de bonos no han sido pagados desde 2016 y mientras la isla permanezca en bancarrota, sus residentes viven bajo una nube de incumplimiento.
Swain mencionó al pueblo de Puerto Rico en sus declaraciones finales antes de terminar la audiencia del martes, diciendo que miles de residentes han compartido con la corte cómo la bancarrota ha afectado sus vidas.
“Al tomar mis decisiones legales, siempre tendré en cuenta la realidad de sus vidas y el futuro de su patria”, dijo Swain.
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No obstante, esa patria tiene un supervisor financiero. Una junta de supervisión designada por el gobierno federal opina sobre los presupuestos de Puerto Rico, además de gestionar su quiebra. Aunque Swain apruebe el plan de deuda, la junta de supervisión seguirá vigilando las finanzas de la isla hasta que el Estado Libre Asociado haya aplicado presupuestos equilibrados durante cuatro años consecutivos.
Para ayudar a controlar el gasto, la junta quiere congelar las pensiones de los profesores y los jueces, pasarlos a un plan de contribución definida y poner fin a los ajustes del costo de vida, sobre lo que Swain dijo que se pronunciará. Además, la junta busca la aprobación del tribunal para prohibir que los legisladores de la isla aumenten las prestaciones de jubilación de los trabajadores públicos.
Sin embargo, incluso si el tribunal se pone del lado de la junta en estas cuestiones, es casi seguro que los legisladores de Puerto Rico aprobarán futuras leyes de pensiones adicionales de todos modos, escribió Matt Fabian, socio de la firma de investigación Municipal Market Analytics, en un informe el lunes.
Los inversores tendrán que considerar los costos adicionales de las pensiones, ya que los pagos a largo plazo pueden ser más lentos y más volátiles que lo que ofrece el plan de reestructuración de la deuda, según Fabian.
“Una vez que la junta directiva haya abandonado la isla, quedarán pocos actores con un interés fundado en impedir que el gobierno haga lo que quiera”, escribió Fabian.
Con la asistencia de Steven Church.
