Ciudad de México — En 2022 se tiene programado culminar la tercera y última etapa de implementación de la reforma laboral conforme lo comprometido por el país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin embargo, el Poder Judicial, encargado de habilitar los nuevos tribunales para la impartición de justicia, sufrió un recorte en el presupuesto que solicitó al Congreso.
La implementación de la reforma laboral se está realizando entre el Poder Judicial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), y se espera que la tercera etapa inicie operaciones el próximo 1 de mayo de 2022.
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La tercera etapa consiste en la instalación de hasta 77 tribunales laborales en 11 entidades: Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Para cumplir con ese compromiso el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados una asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 de MXN$3,502 millones, sin embargo, los legisladores de la mayoría parlamentaria en el Congreso votaron a favor de recortar presupuesto al Poder Judicial por MXN$3,000 millones.
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Con ese recorte, la implementación de la reforma laboral en su tercera etapa contará con un total de MXN$1,790 millones, de los cuales MXN$711 millones son subsidios de STPS a los 11 estados para instalar centros de conciliación, MXN$577 millones para el CFCRL y MXN$502 millones para el Poder Judicial.
El presupuesto para la reforma es un punto que vigila EE.UU. Como parte del T-MEC, ese país creó un Comité Laboral Interagencial que, entre otros aspectos, se encarga de revisar que el nuevo sistema de justicia cuente con los recursos suficientes para su implementación.
El pasado 10 de noviembre de 2021, antes de que el PEF 2022 fuera aprobado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, manifestó en conferencia de prensa su preocupación por la falta de asignación de MXN$3,000 millones para la tercera etapa que calificó como la de mayor costo y más grande.
Indicó que en las dos primeras etapas se han podido construir 42 tribunales laborales en 22 entidades federativas y se han capacitado alrededor de 40,000 personas.
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“Son recursos que se pidieron para poder cumplir con este compromiso del Estado mexicano (…) la reforma tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones internacionales con nuestros socios comerciales del norte EE.UU y Canadá. El no cumplir con esta obligación generaría en el plano internacional consecuencias serias para nuestro país y por supuesto afectaría la reactivación económica de México”.
Ministro Arturo Zaldívar, en una conferencia el 10 de noviembre
El abogado laboralista y asesor sindical, Manuel Fuentes, dijo en entrevista que es preocupante la falta de asignación de recursos porque en la tercera etapa están entidades como Ciudad de México o Monterrey que tienen varios juicios en rezago y atienden a un número importante de trabajadores, tan solo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dejará alrededor de 500 mil expedientes.
“Son compromisos de alto nivel porque fueron derivados del T-MEC, no es un compromiso cualquiera, ha habido un tema de desdén o de no darle la importancia a los temas. Es un contrasentido en la tercera etapa que requiere de mayor inversión porque no solo es construcción de inmuebles sino capacitación, contratación de personal y jueces laborales, son costos”.
Manuel Fuentes, abogado
