Bloomberg Línea — El presidente Joe Biden, prohibió este martes la entrada a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo por considerar que atentan contra la democracia en el país centroamericano.
El ingreso queda restringido también a todos los miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que “formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia”, de acuerdo con la declaratoria difundida por la Casa Blanca.
La medida de Biden se ejecuta ante “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega” y “a la luz de la importancia para los Estados Unidos de fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia”, agrega la declaración.
El 7 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que Ortega ganó un cuarto mandato consecutivo de forma aplastante tras encarcelar a sus opositores más populares, en unos comicios que Estados Unidos, el Parlamento Europeo y gobiernos desde Suecia a Costa Rica, así como Human Rights Watch, calificaron como una farsa.
El próximo mandato de cinco años de Ortega comienza en enero.
Meses previos a la jornada electoral, Ortega emprendió lo que fue calificado por la oposición como una cacería contra sus rivales, que ahora enfrentan cargos por supuestos delitos de traición a la patria y conspiración. Grupos opositores señalaron acciones similares en medio de la jornada electoral.
Biden describió los comicios como una “pantomima”, y dijo que su país utilizaría herramientas diplomáticas y económicas para que Ortega rindiera cuentas por los abusos cometidos
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El Gobierno de Biden hace hincapié en que la represión de Ortega junto con sus acciones antidemocráticas y autoritarias, apunta el documento, han despojado a los ciudadanos nicaragüenses del derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, y la detención y negación de garantías a manifestantes, líderes y candidatos “ahoga el discurso político y el proceso democrático”.
“Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante su detención, no pueden caminar sin ayuda, han sido recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a extensos interrogatorios. El maltrato físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable y no puede tolerarse”, agrega.
Además, la proclamación menciona que los múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, abusan de las personas para promover la agenda autoritaria con un poder judicial le ha fallado al pueblo al ayudar e incitar al uso de cargos por motivos políticos para encerrar a los presos políticos.
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Lista de personas para las que queda prohibida la entrada:
- Miembros del Gobierno, incluidos funcionarios electos y su personal
- Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planearon, ordenaron, ayudaron, incitaron, cometieron o participaron en abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos
- Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua: Ejército de Nicaragua, Policía Nacional de Nicaragua, Dirección de Operaciones Especiales de Policía, grupos parapoliciales y grupos paramilitares
- Funcionarios de la administración penitenciaria
- Altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior
- Miembros de ministerios, organismos reguladores, empresas paraestatales, administradores y el profesorado de la educación superior
- Personas no gubernamentales que actúan como agentes del gobierno o de los ministerios o agencias para facilitar beneficios financieros de acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos humanos, o corrupción
- Parejas, hijos e hijas de las personas que clasifican de todos los incisos anteriores
La proclamación estará en vigor de manera indefinida hasta que el presidente de Estados Unidos la dé por terminada.