Bogotá — Suspender un apartado de la Ley de Garantías, a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022, ha desatado una serie de críticas contra el Gobierno Nacional pues ello sería inconstitucional y podría representar un riesgo para los recursos públicos en pleno año electoral.
Dada las críticas, y en medio de una decisión de un juez sobre una tutela que pide que no se hagan ajustes a la Ley de Garantías hasta que la Corte Constitucional lo revise, el presidente Iván Duque habló este martes y dijo que se creó una “gran coalición” que hará seguimiento de los contratos que firme el Gobierno con los entes territoriales en el periodo en el que esté suspendido un apartado de la Ley.
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Duque agregó que la “gran coalición” conformada entre el sector público y privado permitirá “darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y certeza de que estos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario oficial”.
El jefe de Estado también dijo que el proceso se hará “con la mayor transparencia. Por eso esta coalición que se forma, monitoreará cada peso de estos convenios. A nosotros nos estimula para decir que la reactivación y este tipo de proyectos se adelantará con la más clara transparencia y apego a la Constitución y la Ley”.
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Hay que recordar que en el proyecto de ley del PGN 2022, convertido en Ley el 20 de octubre, se incluyó el artículo 124 que puntualmente dice que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General”.
Además, en el artículo se expone que “la presente disposición modifica únicamente en la parte pertinente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005″. Este parágrafo establece la prohibición a los servidores públicos de celebrar convenios o contratos interadministrativos dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones.
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Lo anterior quiere decir que al suspenderse ese apartado, se permite a las entidades nacionales y territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
No obstante, cabe mencionar que con la aplicación de la totalidad de la Ley de Garantías se busca promover el ejercicio transparente de los recursos públicos y establecer restricciones y prohibiciones para que, por ejemplo, la ejecución de recursos previo a periodos electorales no termine politizándose.
