Bloomberg — Las autoridades cubanas parecían haber suprimido en gran medida las protestas antigubernamentales planeadas para el lunes, aplastando las esperanzas de la oposición de continuar con las manifestaciones masivas que sacudieron la isla en julio.
Grupos de derechos humanos dijeron que los líderes de las protestas estaban siendo intimidados, aislados y acosados, lo que les impedía salir a las calles.
“Estamos viendo un aumento en el número de personas que están siendo detenidas, y una escalada en el uso de la intimidación y las amenazas de violencia”, dijo Laritza Diversent, fundadora del grupo de derechos humanos Cubalex.
El gobierno cubano declaró ilegal la “Marcha Cívica por el Cambio” del lunes. Los dirigentes de la isla comunista han culpado del malestar social a Washington y sus sanciones económicas.
Varios activistas publicaron vídeos de sus casas rodeadas por multitudes progubernamentales que cantaban “traidor” y “mercenario”. Otros, entre los que se encontraban periodistas, informaron de que se les había cortado Internet. Durante el fin de semana, la agencia de noticias estatal española EFE dijo que a sus reporteros en Cuba se les había revocado el permiso de trabajo, lo que provocó una reprimenda de Madrid. Los grupos también dijeron que había una fuerte presencia policial en las calles de La Habana.
Ver más: Cuba dice que está abierta al turismo en medio de mayor inflación y protestas
Las protestas se producen en un momento en que la economía de la isla se tambalea por la pandemia y una serie de dolorosas reformas económicas que han hecho que la inflación se dispare. Los organizadores esperaban utilizar el evento para presionar por los derechos humanos y civiles, incluyendo la liberación de los presos políticos.
El presidente Miguel Díaz-Canel -que asumió el poder en 2018 después de que sus mentores, Fidel y Raúl Castro, gobernaran la isla durante más de 50 años- restó importancia al descontento, tuiteando imágenes de turistas llegando a La Habana y niños en la escuela.
En julio, decenas de miles de personas salieron a las calles exigiendo “libertad” y “comida”, en lo que fue una de las mayores protestas de la historia de Cuba. Cubalex afirma que más de 600 personas siguen detenidas tras esas protestas, y más de 100 han sido acusadas de “sedición”, lo que puede conllevar penas de prisión de entre 10 y 20 años.
Además, el gobierno respondió endureciendo las leyes sobre las redes sociales. La mayoría de los cubanos no tuvieron acceso a Internet hasta 2015. Las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en focos de disidencia y de organización de protestas.
“Hacemos un llamado al gobierno cubano para que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias del gobierno o a la violencia, y manteniendo las líneas de Internet y de telecomunicaciones abiertas para el libre intercambio de información”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado el domingo. “Instamos al gobierno cubano a rechazar la violencia y, en su lugar, abrazar esta oportunidad histórica de escuchar las voces de su pueblo”.
