Bogotá — El nuevo POT que propone la Alcaldía de Bogotá, y que se debate en el Concejo de la capital, ha estado inmerso en varios cuestionamientos. Su propuesta no ha caído bien ni en el gremio de los constructores, ni en el Gobierno Nacional y otros sectores. Para ellos no es buena idea por varias razones.
Entre la propuesta de la Alcaldía, que ha generado controversia, está limitar el área mínima de vivienda a través del POT. Puntualmente, se busca establecer que el tamaño mínimo de la vivienda formal en la capital sea de 36 metros cuadrados y de 42 metros cuadrados para el caso de la vivienda de interés social (VIS), además, que tenga mínimo 2 habitaciones, según el artículo 384 del POT.
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Para Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, no se debe restringir esta modalidad de vivienda por sus características de tamaño. En una carta enviada a López, con comentarios sobre el POT, el ministro expuso que ello “involucra el riesgo de agravar la segregación socioespacial, pues implicaría que los hogares de bajos ingresos -susceptibles de recibir un subsidio de vivienda- no podrían adquirir una unidad habitacional de bajo costo en determinadas zonas de la ciudad, a pesar de que esta cumpla con el valor VIS estipulado por la normatividad y responda a las preferencias y capacidad particular del hogar”.
Además, según Malagón, restringir el área de construcción en la capital colombiana afectaría la realización de proyectos VIS y VIP limitando el acceso a vivienda para los hogares con menos personas y menos recursos.
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Pero no solo Malagón tiene reparos contra el POT. El gremio de los constructores, Camacol, dijo que “establecer áreas mínimas y configuración de espacios para la vivienda de los bogotanos, desconoce la realidad sociodemográfica, limita la oferta de vivienda formal e interviene la libre elección de las familias”.
Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, la propuesta de la Alcaldía en el POT, desconoce “características sociodemográficas fundamentales como la reducción del tamaño promedio de los hogares y la creciente participación de hogares unipersonales y biparentales sin hijos, que hoy representan el 22% y 23% del total de hogares de la ciudad, respectivamente”.
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Forero agregó que Bogotá demandará 1′067.525 nuevas viviendas en los próximos 12 años, de acuerdo con las proyecciones poblacionales, la formación de hogares y el déficit habitacional cuantitativo existente. Esa realidad supone que el POT debe contemplar el suelo urbanizable y todas las condiciones urbanísticas para que se pueda garantizar la oferta suficiente de proyectos.
Además, al haber limitaciones en el área de la construcción de las viviendas, se ha alertado que los precios de los apartamentos subirían en la capital colombiana.
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Por último la directiva de Camacol aseguró que “el POT no puede ser un canal de segregación y exclusión social limitando la oferta de vivienda formal, y mucho menos, un vehículo para incentivar la informalidad urbana y la creación de asentamientos irregulares; por el contrario, debe ser un instrumento que fortalezca el modelo de acceso a la vivienda y contribuya a garantizar la oferta de vivienda formal para todos los hogares”.
De acuerdo con Sergio Segura, analista de renta variable en Credicorp Capital, “al limitar el área de contracción en la capital habría un impacto en la demanda teniendo en cuenta que un número destacable de la población vería más difícil acceder a comprar vivienda”.
Además, Segura comentó que “los precios de los insumos no van a ceder y los precios de las viviendas no van bajar generado un impacto en la buena dinámica que ha venido desarrollando el mercado VIS en la capital. Los tonos serían negativos para el sector de la construcción”.
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¿Qué ha dicho Claudia López?
La alcaldesa respondió a los reparos de Jonathan Malagón y le recordó este jueves que el Plan de Ordenamiento Territorial es de autonomía municipal. Así mismo, le preguntó: “¿En cuántos metros cuadrados vive usted, señor ministro de Vivienda? ¿Una familia de cuatro personas, que se gana dos salarios mínimos, no tiene derecho por lo menos a una vivienda digna y segura de por lo menos 36 metros cuadrados?”.
“Tener vivienda de interés social de 36 metros cuadrados no es un lujo, es una obligación elemental y Bogotá va a cumplir con esa deuda social que tenemos con las familias más pobres, tener vivienda de interés social de por lo menos 36 metros cuadrados, ojalá de más”, resaltó en declaraciones a medios la alcaldesa.
Además, López dijo que en su administración no va a permitir que los subsidios de las viviendas VIS vayan a financiar apartaestudios de personas con altos ingresos. La alcaldesa también aseguró que “con plata VIS, que es vivienda de interés social para una familia pobre, se están haciendo apartaestudios para yupis en la calle 93. ¡Eso es corrupción!”.
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“No vamos a permitir que intereses particulares que quieren hacer negocios de corrupción como ese, destinen la plata de vivienda de interés social a hacer apartaestudios”, continuó diciendo López.
Sobre lo anterior hay que recordar que el concejal Diego Laserna dijo que al menos cuatro proyectos de viviendas de interés social (VIS) se están construyendo en el exclusivo sector del Parque de la 93 en Bogotá. En esos proyectos, resaltó se venden microapartamentos de menos de 20 metros cuadrados a más de $8 millones el metro cuadrado.
En su momento Laserna se preguntó: “¿Será que estas viviendas de verdad les están llegando a los bogotanos de menos ingresos, o son microapartamentos para inversión disfrazados de VIS para poder acceder a los descuentos?”.
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Este viernes a las 10:50 de la mañana Claudia López publicó un trino en el que dice que “MinVivienda reconoce que soltero vivía en apto de 40 mts y hoy con familia de 4 vive en 140. Pero le parece una ‘carga exagerada’ que una familia pobre tenga una VIS de mínimo 36 mts porque quebraría a los ‘pobres constructores’. Luego dicen no entender porqué hay estallido social”.