Bloomberg — El exasesor de Donald Trump Stephen Bannon fue acusado por desafiar las citaciones de la comisión especial del Congreso que investiga el mortal asalto del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, una importante medida del Departamento de Justicia para obligar a cooperar a los asociados del expresidente.
Bannon está acusado de dos cargos de desacato, dijo el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) en un comunicado el viernes: uno por su negativa a comparecer para una declaración y otro por su negativa a presentar documentos. No se ha fijado una fecha de comparecencia.
“Desde mi primer día en el cargo he prometido a los empleados del Departamento de Justicia que juntos mostraríamos al pueblo estadounidense con palabras y hechos que el departamento se adhiere al estado de derecho, sigue los hechos y la ley y persigue la justicia equitativa bajo la ley”, dijo el fiscal general Merrick Garland en el comunicado. “Los cargos de hoy reflejan el firme compromiso del departamento con estos principios”.
Fiscales federales en Washington obtuvieron la acusación del gran jurado. Es la primera acción legal significativa que el departamento ha tomado bajo el mandato de Biden y el tiempo de Garland al frente del Departamento de Justicia para reforzar la amplia investigación del Congreso.
La acusación contra Bannon, de 67 años, es un golpe importante para los posibles esfuerzos legales de Trump y otros para desafiar las citaciones del comité, ya que muestra que el Departamento de Justicia está dispuesto a usar su poder contra ellos en los tribunales.
Según el comunicado del DOJ, “cada cargo de desacato al Congreso conlleva un mínimo de 30 días y un máximo de un año de cárcel, así como una multa de US$100 a 1.000”.
La acusación se produce mientras el comité especial acelera sus esfuerzos para obtener documentos y testimonios. El 9 de noviembre, el panel anunció citaciones a otros 10 funcionarios de Trump, entre ellos el ex asesor presidencial principal Stephen Miller y la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.
Ese mismo día, Trump perdió un fallo judicial inicial que buscaba bloquear la entrega de documentos buscados por el panel de la Cámara de Representantes y notificó que apelará la decisión.
Bannon, conocido por su retórica populista combativa, no ha servido en la Casa Blanca desde 2017, pero ha seguido en contacto con Trump. Se le ha retratado participando en reuniones con otros aliados de Trump en el Hotel Willard, cerca de la Casa Blanca, en los días cercanos a los disturbios del 6 de enero.
Caso de prueba
La resistencia de Bannon a declarar ante el comité es un caso de prueba de hasta dónde podrían llegar los testigos para resistirse a sus exigencias
Supone una gran prueba para Garland y los altos cargos de Justicia, que han prometido devolver la independencia y la credibilidad al departamento. Se han enfrentado a una creciente presión en los últimos días para acusar a Bannon, así como a las críticas por otros motivos de republicanos como el senador Chuck Grassley, que dijo en octubre que Garland había “politizado el departamento.”
Los aliados de Trump han arremetido contra el panel de la Cámara de Representantes por perseguir la moción de desacato. El congresista Jim Banks, de Indiana, ha dicho que los demócratas querían convertir a Bannon en un “cuco” y que están “abusando de su poder para meterlo en la cárcel.” El representante congresista Jim Jordan, de Ohio, ha dicho que los demócratas “vienen a por” Trump. “Sabemos de qué se trata realmente. Se trata de intentar llegar al presidente Trump”, ha dicho Jordan.
Por indicación de Trump, Bannon se había negado a testificar o a proporcionar documentos al comité que lleva a cabo la investigación. Su abogado, Robert Costello, argumentó que Bannon no estaba desafiando activamente la citación del panel del 6 de enero, sino que estaba buscando una aclaración de la ley porque el abogado de Trump indicó que el privilegio ejecutivo está en cuestión.
La Cámara de Representantes votó el 21 de octubre para declarar a Bannon en desacato al Congreso, enviando el asunto al fiscal del Distrito de Columbia.
