Bogotá — En el trámite del Presupuesto General de la Nación el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió la inclusión de un artículo que modificaba parcialmente la Ley de Garantías Electorales y que le permitiría al país consolidar su recuperación económica tras la pandemia que azotó al mundo durante 2020 y 2021.
Puntualmente el artículo dice que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General”.
Ahora el juez tercer administrativo de Bogotá acaba de resolver una tutela que “ampara de manera transitoria los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad vulnerados en el trámite legislativo del proyecto de la ley 096 de 2021 Senado y 158 de 2021 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022″, el cual fue objeto de votación en Senado y Cámara, por desconocer el principio de reserva y afectar de manera grave los principios de imparcialidad e igualdad electoral, conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta providencia”.
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Así mismo le ordenó al presidente de Colombia, Iván Duque “y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado territorialmente, abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005″.
Advirtió que la restricción enunciada tiene como efectos garantizar los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral.
Aclaró también que la restricción solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelantará el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez o, que, en el ejercicio de ese derecho radique cualquier ciudadano en los términos que establece la Constitución Política.
Pero quienes no quieren que se modifique la Ley de Garantías aún no pueden “cantar victoria”, pues el juez aclaró que “superado el término de los 30 días hábiles, que se computaran en la forma anunciada, si no se acude a la acción pública de inconstitucionalidad por el accionante o por otros ciudadanos, o si la Corte Constitucional no asume conocimiento del estudio del proyecto de ley, en las hipótesis referidas el amparo transitorio perderá efectos de manera inmediata”.
Hay que señalar que no solamente los líderes políticos de la oposición se mostraron en contra de los cambios a la Ley de Garantías, el líder gremial de los empresarios también lo criticó.
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, consideró que no es conveniente que se haya modificado la Ley de Garantías porque “se cambia en medio del proceso electoral”.
“Veremos convenios interadminsitrativos hasta la fecha misma de las elecciones” y esto es “un premio a la falta de planeación de entes territoriales”, manifestó en Twitter.
Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reiteró que “modificar la Ley de Garantías no es conveniente para el país, por el contexto electoral que se vive y por los antecedentes en manejo de recursos. La reactivación es necesaria, urgente, pero no por esta vía”.
El Consejo Gremial Nacional, que reúne a 29 de los gremios más representativos del país, había reiterado a finales de septiembre “la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de Garantías actual” y se opuso a las modificaciones en aras de “mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral”.
Incluso, varios sectores de oposición le recordaron al presidente colombiano, Iván Duque, sus comentarios sobre la importancia de mantener la Ley de Garantías cuando ejerció como senador y hacía oposición al anterior mandatario del país, Juan Manuel Santos (2010 – 2018).
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“Ese argumento de que con eso se va a estimular la economía es un falso dilema porque hay que reconocer una cosa: un alcalde que haya hecho una buena planificación sabiendo que tiene Ley de Garantías ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la Ley de Garantías, así ocurrió en el 2007 y en el 2011. Y hubo unos departamentos que tuvieron una impecable ejecución del gasto porque tenían una muy planeación de esos recursos”, indicó Duque a la televisión local en ese momento.
Añadió que el Gobierno lo que estaba tratando de hacer en ese momento era “liberar gasto”, pero advirtió que eso podría traducirse en “mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales”.
