Bloomberg Línea — La Tierra arde. El 2020 fue el segundo año más cálido desde que se tienen registros, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), mientras que otros organismos internacionales lo colocan como uno de los tres años con las más altas temperaturas. Ello ilustra la constante aceleración de los principales efectos del cambio climático: el derretimiento de los glaciares, olas de calor más frecuentes y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió, previo al inicio de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26), que aún con las nuevas promesas climáticas, el mundo “asistirá a un peligroso aumento de la temperatura global de al menos 2,7°C en este siglo” a menos que se reduzcan las emisiones a la mitad. El 4 de noviembre, la Universidad de Melbourne publicó un estudio que determinó que, en base a las promesas realizadas durante los días iniciales de la COP26, el mundo se dirigiría a un aumento de 1,9 grados para el 2100. No obstante, aún si todas se cumplieran la cifra sigue por debajo de los 1,5 establecidos en el acuerdo de París.
Según el último Reporte del Estado del Clima de la OMM, el fenómeno “se ensañará” con América Latina y El Caribe: prevé récord de huracanes, aumento de los niveles del mar, aún más incendios y, un cambio acentuado en el patrón de las lluvias.
No obstante, el impacto del cambio climático ya se siente con fuerza en la región. Entre los distintos efectos se cuenta la falta de agua, ilustrada en las sequías históricas que ya se cobran factura en países como Brasil, México, Chile, Argentina y el Caribe. Las dificultades para el tránsito por las rutas interiores de navegación, los faltantes de energía, la reducción del rendimiento de las cosechas y de la producción de alimentos ya son problemas actuales.
Según datos de la Cepal, el número de personas en situación de estrés hídrico (que implica que la demanda de agua es más alta que la cantidad natural disponible durante un periodo) oscilará entre las 12 y 81 millones a lo largo de la década de 2020, y entre 79 y 178 millones hacia 2050.
Ante este panorama, Bloomberg Línea hizo un recorrido de la situación que enfrentan cuatro países de la región, los cuales han visto distintas industrias impactadas por sequías exacerbadas por el cambio climático, analizó su efecto en la inflación y el alza de los precios, y recurrió a voces expertas para analizar cómo deberían abordarse desafíos y acciones necesarias para mitigar la crisis.
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La Amazonía grita y las presas y la industria alimenticia crujen
Brasil atraviesa una crisis hídrica que generó la declaración de una alerta de emergencia sin precedentes en la historia del Sistema Nacional de Meteorología, y el Ministerio de Minas y Energía señaló en mayo que las condiciones persistirían durante meses.
Ello aumenta las probabilidades de que se produzcan más incendios en la Amazonía. Combinado con una mayor deforestación (y los consecuentes incendios intencionales atribuidos a ella, además de la inacción atribuida al presidente Jair Bolsonaro) junio se convirtió en el mes con más incendios desde 2007 con 2.308 focos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe). Según la organización Amazon Watch, este año ha habido cerca de 12.000 focos en el estado de Amazonas, y tan sólo en agosto hubo 8.588 incendios, superando el récord del mismo mes de 2020, que, a su vez, había superado el de 2019.
La investigadora Luciana Gatti explicó a EFE que “gran parte de nuestra lluvia viene de la Amazonía. Si deforestamos, estamos reduciendo la lluvia. Yo suelo decir que estamos sembrando la sequía”.
Esto impacta en múltiples frentes. En el energético, el fenómeno está afectando con mayor intensidad el centro y sur del país, a lo largo de la cuenca del río Paraná, zona responsable de la generación de cerca del 70% de la energía que se consume.
Las presas hidroeléctricas en mayo registraron su nivel más bajo desde 2001, y según los mejores pronósticos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), estarán en un 10% de su capacidad en este mes.
Frente a fenómenos climáticos y falta de mantenimiento de “los embalses, la escasez de agua ha sido una tendencia constante a lo largo de los últimos (...) con una reducción de la capacidad de almacenamiento de los mismos”, porque además “los fenómenos como El Niño no siguen más un recorrido regular, efectos que han impacto a estos países”, afirma a Bloomberg Línea Maurizio Bezzeccheri, responsable para América Latina de Enel.
A pesar de contar con una matriz energética más diversa, la preponderancia de las hidroeléctricas hace que el riesgo de racionar energía sea más real sin una mejora en las precipitaciones. Para Victor Burkett, analista que cubre el sector energético en XP Investiments, la sequía probablemente provocará cortes de energía en los próximos meses. “Cuando las plantas hidroeléctricas (en el sureste) dejan de producir, necesitan traer energía del noreste, lo que ejerce presión sobre el sistema y provoca posibles apagones”, explica.
También advierte que el riesgo de racionamiento saltó del 5% en agosto al 17% en septiembre, y que alcanzaría su punto máximo en noviembre, antes de la temporada de lluvias.
Bolsonaro afirmó en septiembre que su administración recortaría un 20% el consumo de electricidad y exhortó a la población a aprovechar la luz natural y dejar “las duchas calientes para las mañanas y los fines de semana”.
En palabras del responsable de Enel para América Latina, hasta ahora no se ha racionado la energía como en 2001 por la contribución de la energía eólica y fotovoltaica ganadoras de las subastas que se han realizado desde 2009, capaces ahora de soportar la creciente demanda de energía del sistema.
Por otro lado, el cultivo de cereales, la ganadería y la producción de azúcar y café también se ha visto especialmente afectado, y los precios de los futuros de las materias han ido al alza.
El Ministerio de Agricultura proyectó una pérdida significativa principalmente en la cosecha de maíz, con una reducción de al menos 10 millones de toneladas en la cosecha prevista para el período 2021-2022, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo cual afectaría a los precios internacionales, con Brasil como uno de los principales exportadores de alimentos.
El azúcar alcanzó el máximo de cuatro años en agosto y el café arábica de alta gama, que se disparó un 30% en julio, se negoció en la primera semana de noviembre cerca de máximos de dos semanas, en tanto que los alcistas percibieron la reducción de suministro. Las existencias monitoreadas por la bolsa retrocedieron el segundo día del mes, y los inventarios se dirigían a una séptima caída semanal consecutiva. Este año, el precio del café arábica ha subido un 65% tras los severos golpes que han sufrido los cultivos del país.
Las subidas de precios están contribuyendo a un aumento de la inflación alimentaria a nivel internacional, que está agravando las dificultades financieras de la pandemia y obligando a millones de familias de bajos ingresos a reducir sus compras de alimentos en todo el mundo. El índice de la FAO se disparó en un 33% en septiembre en comparación con el mismo periodo del año pasado y en octubre alcanzó un nuevo máximo de 10 años hilando tres meses al alza.
La crisis hídrica ha contribuido a impulsar la inflación anual en un 10,34%, lo que explica en parte los recientes aumentos de tasas en la economía más grande de América Latina.
El episodio está enviando una ominosa advertencia de lo que está por venir, ya que los científicos anticipan que el aumento de las temperaturas globales y la disminución de la humedad del suelo causarán cada vez más estragos en las tierras de cultivo de Brasil, y en gran parte del resto del mundo.
Jack Scoville, operador del corredor de materias primas de Price Futures Group en Chicago, alerta que la mala cosecha de Brasil agitará el mercado durante años.
En un giro ambientalista, el presidente Bolsonaro y el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, anunciaron al inicio de la COP26 el nuevo objetivo de reducir en un 50% la emisión de gases para 2030, un plan más ambicioso en comparación con el compromiso pasado de bajarlas en un 43%.
Además, se lanzó el compromiso de lograr la neutralidad de carbón para 2050 y, el país se unió al pacto, firmado por poco más de 100 países, de poner fin a la deforestación y la degradación de la tierra con un plazo de nueve años para revertir estas acciones.
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Los buques agroexportadores argentinos encallan en un Paraná seco
Entre 2010 y 2019, el sector agropecuario representó un 8,7% del PIB y representó un promedio de 60% de las exportaciones en Argentina. En 2020, las exportaciones de productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario totalizaron los US$38.000 millones, el 69% de lo exportado ese año por Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Estos números grafican cuánto pueden impactar los factores climáticos en la economía argentina.
Y un informe reciente del Banco Mundial coincide con esa hipótesis, al señalar que “desde 1980 la cantidad de eventos climáticos extremos se duplicó y provocaron pérdidas económicas por unos US$22.500 millones” en el país. El informe, elaborado principalmente por Julia Rozenberg, economista senior del BM, especifica que anualmente las inundaciones generan pérdidas de activos de entre US$500 millones y US$1400 millones y, pérdidas de bienestar (disminución del bienestar económico y social de las familias) entre US$1500 y US$3900 millones, que se concentran en la región noreste y pampeana.
Además detalla que “la grave sequía que sufrió la Argentina a principios de 2018 generó una caída del PIB del 2,5%”.
Las proyecciones no son optimistas para las próximas décadas si el país no toma cartas en el asunto. Según el informe del Banco Mundial, “para 2050, los modelos de cambio climático mundial y escenarios de emisiones, elaborado por el IPCC para Argentina, muestran que la mayoría de los cultivos enfrentarán pérdidas de rendimientos anuales. A nivel nacional, la peor pérdida de rendimiento potencial en 2050 podría alcanzar el 10% en el caso del girasol, el 30% en el caso del maíz y el trigo, y hasta el 50% en el caso de la soja”.
La sequía ha sido protagonista este año con un récord lamentable: el río Paraná reporta su peor bajante desde 1944. Se trata de una vía marítima clave para Argentina en las millonarias operaciones de agroexportación: por allí se exporta el 80% de los productos argentinos y el 70% de los granos; en 2020 se exportó el 96% de los aceites vegetales y el 96% de las harinas, por un valor aproximado de US$ 20.000 millones, lo que equivale al 37% de las exportaciones de Argentina en todo el año.
Esta caída en el nivel habría generado elevados costos logísticos, de transporte e industriales en torno a la cadena de valor granaria por US$315 millones entre marzo y agosto del 2021, de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
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En los ríos cada vez menos profundos que atraviesan importantes países productores, las embarcaciones están transportando menos que su carga habitual, lo que lleva a un encarecimiento de los costos por tonelada. Y desde abril, en un tramo argentino clave del río Paraná, de 4.900 kilómetros, la incertidumbre en torno a trabajos de dragado hizo aún más difícil para los agricultores enviar sus cosechas.
Esta situación ha generado pérdidas por US$620 millones en exportaciones de harina y aceite de soja en lo que va del año, según la BCR, y obligó a derivar el transporte de granos hacia los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno de Alberto Fernández decretó el 25 de julio la emergencia hídrica, ordenando tareas a cada ministerio para aminorar el impacto, que también golpea la vida diaria de las ciudades aledañas, tanto en la generación de energía como en el abastecimiento de agua.
En la misma línea de la BCR opina la Entidad Binacional Yacyretá, que opera la central hidroeléctrica homónima para Argentina y Paraguay, que informó en septiembre que “en función de la persistencia de la actual condición climática imperante en la cuenca de aporte (...) visualiza como situación muy probable la profundización de la bajante del río Paraná”.
Las campos, los tacos y los frijoles sufren en México
NASA alertó en mayo que México atravesaba una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas, y en agosto el Gobierno federal declaró el inicio de la emergencia por sequía severa, extrema o excepcional, que habilita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a tomar medidas extraordinarias para asegurar el abasto.
El 85% del territorio enfrentó sequías registrando condiciones extremas en el noroeste y el noreste, por lo que las autoridades estimularon la lluvia en estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua con reactivos distribuidos en las nubes. Las grandes presas, en tanto, llegaron a niveles “excepcionalmente bajos”.
El Cutzamala, sistema hídrico que asiste a la población e industria de la Ciudad de México y parte del Estado de México, todavía para septiembre mostró un déficit del 19%, el nivel más bajo en 25 años. Villa Victoria ha sido de las presas más afectadas, bajando a un tercio de su capacidad normal, mientras que la presa de Valle de Bravo llegó a estar por debajo del 50% de su capacidad y golpeó también al sector turístico en la zona.
Conagua prevé un aumento del estrés hídrico en 31 de los 32 estados durante los próximos 10 años, una crisis que tendrá un fuerte impacto a mediano plazo en la generación de electricidad, minería y otras industrias.
Poco antes de que terminara junio, el Banco de México (Banxico) sacudió a los mercados con una sorpresiva alza de tasas de interés ante la presión que ejercería el entorno en los precios agropecuarios, siendo el único elemento que el banco central agregó a la lista de riesgos inflacionarios.
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La sequía “es parte posiblemente ahora de los shocks que estamos viendo que está afectando a la inflación”, señaló Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, a Bloomberg News, y advirtió que el cambio climático podría hacer que las oscilaciones de precios sean más erráticas en el futuro.
La tasa de inflación subió en la primera quincena hasta el 6,12%, nivel que supera por poco más del doble la meta de inflación del banco central (3 por ciento, +/- un punto porcentual), y se vio impulsada justamente por los precios de los alimentos y los energéticos. Así, la inflación hila 15 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo de Banxico.
En tanto, que el dato anual de septiembre del 6% se trató del más alto desde abril de este año, que fue la más elevada desde finales de 2017. A tasa mensual, esta fue la de mayor aumento para dicho mes desde 2008.
En tanto, los precios de la canasta básica se encarecieron 8% en la primera quincena de octubre, desde el 6,7% de septiembre, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
En el reporte sobre economías regionales abril-junio de Banxico, los directivos de la industria dijeron que fenómenos adversos encarecieron el precio de las oleaginosas y granos, lo que afectó la producción de alimento para el ganado lechero y el café soluble.
Además, resaltó el efecto de la baja precipitación en el alza del precio del maíz blanco y del frijol, alimentos clave en la canasta de los hogares mexicanos. La temporada provocó que las cosechas estuvieran por debajo de lo esperado, lo cual hizo que México adquiriera maíz de otros mercados y llevara a las importaciones a niveles récord, según GCMA, encareciendo el producto para diversos sectores.
La tortilla de maíz cerró la primera quincena de septiembre con una inflación anual de 15,5%, sumando 14 quincenas con inflación acelerada.
Entre enero y mayo se perdieron 361 mil hectáreas de cultivo, un 365% más que en el mismo periodo de 2020. Las pérdidas incluyen cabezas de ganado, maíz, trigo, arroz, frijol y sorgo. “De esta a la próxima década, México estaría perdiendo entre el 5 y 20% en los rendimientos de algunos de los cultivos importantes”, sostiene en una entrevista con Bloomberg Línea el Dr. Francisco Estrada, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la UNAM.
Ha quedado en evidencia la falta de una infraestructura sustentable que permita distribuir agua de las zonas donde sí se cuenta con suficiente recurso como es el sur del país.
La alerta del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) es que el campo “sufre una embestida” por factores como las alteraciones climáticas, la desaparición de programas y los recortes presupuestarios, además de la reforma eléctrica impulsada por la actual administración, que aumentaría aún más los costos.
Por un lado, el Gobierno federal creó el programa Sembrando Vida para plantar árboles maderables, frutales y milpa con el fin de combatir la pobreza rural y la degradación ambiental con un presupuesto aproximado de US$1.420 millones, y por el otro, está construyendo una nueva refinería en la costa del Golfo de México basada en combustibles fósiles e impulsando una reforma eléctrica que ha sido puesta en duda por expertos, empresarios y ambientalistas.
Estos distintos grupos señalan que la reforma obstaculizaría o ralentizaría la inversión privada, alejando a México de su objetivo de desarrollo sustentable para 2030. El Consejo Coordinador Empresarial mostró en abril su preocupación al señala que la política energética del país está provocando una caída del 75% de la inversión privada.
Según EFE, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) calculó a principios de año que están en riesgo más de US$21.766 millones invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.
El presidente López Obrador y su equipo energético han criticado la generación de electricidad renovable por parte del sector privado alegando que es cara, intermitente y riesgosa para el sistema eléctrico nacional.
México bajó este año al puesto 33 de 40 países agrupados en el Renewable Energy Country Attractiveness Index, de la firma EY.
“No puedes tener programas de reforestación con una mano y con la otra lo deshaces porque, por ejemplo, no estamos cambiando la industria energética a la velocidad que necesitaríamos. La coherencia es muy importante en los implicados”, advierte Estrada.
¿Y las frutas y hortalizas en Chile?
Chile está sumergida en una intensa sequía, la peor en medio siglo. Casi un 76% del territorio está afectado por la desertificación, y la zona más golpeada es el centro sur del país.
Es un fenómeno con el que Chile está luchando desde hace 12 años, y que ahora ya está impactando al mercado. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Agricultura, la sequía amenaza con una caída del 8% de la exportación frutícola.
No solo desafía a la producción agrícola, sino que la generación hidroeléctrica también ha mostrado caídas este año, mientras que ha aumentado el uso de energías derivadas de combustibles fósiles. A mediados de año, un informe del gremio de Generadoras de Chile indicaba que la producción hidroeléctrica local disminuyó en 42,7% con respecto a julio de 2020.
Las huellas económicas de la sequía ya se observan en algunas verduras y hortalizas que han incrementado sus precios. En septiembre, el tomate, por ejemplo, registró un alza de 21,5%, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Para la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, en materia de precios, hay que tener presente muchas variables para entender el alza de distintos productos agrícolas. “Cada uno de esos productos puede tener un comportamiento diferente en los mercados. Dentro de los fenómenos que inciden en las alzas de los precios de los alimentos encontramos en el caso de la producción nacional, que se han ido sumando factores como la sequía que hemos venido atravesando como país, transformándose en una problemática grave, aun con las lluvias ocurridas durante el invierno”, dijo a Bloomberg Línea.
Explica que eso, sumado al aumento en algunos de los costos de producción y de comercialización, puntualmente el costo de transporte asociado al alza de los combustibles, está afectando en mayor medida a los productos que vienen de regiones como la de Arica y Parinacota (norte de Chile) y que abastecen a la zona central del país con especies como el pimentón, donde han apreciado algunas de estos incrementos.
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El Gobierno ha impulsado algunas medidas contra la sequía. El 2021 ha sido el año con más decretos de escasez hídrica, al menos unas 34. Pero una de las apuestas más relevantes fue lanzada en agosto cuando el presidente Sebastián Piñera presentó un plan contra la sequía, el cual partió del trabajo de la Mesa Nacional del Agua convocada en 2019.
La estrategia se basa en 10 pilares, entre ellos la elaboración de planes de gestión de las cuencas hídricas, triplicar la inversión pública en Agua Potable Rural (340 millones de inversión en 2021), impulso de una red de plantas desaladoras de aguas (6.653 litros por segundo actualmente), coordinación con grandes consumidores urbanos para uso más eficiente del agua, entre otros.
Es uno de los pasos que está dando Chile, que ostentó la presidencia de la COP25, contra los efectos del cambio climático. El país espera ser carbono-neutral al 2050. De ahí que sigue una carrera por avanzar en proyectos de hidrógeno verde para sustituir a los combustibles fósiles y otras medidas para reducir la contaminación.
Se trata de una meta para sobrevivir al calentamiento global. Si continúan las condiciones actuales, Chile podría ser uno de los 30 países con mayor estrés hídrico para 2040. Sin embargo, el país deberá sortear varios desafíos para evitar el peor escenario.
Según un estudio del Centro de Estudios Públicos sobre la mega sequía divulgado en enero, la actual coyuntura política-legislativa no tiene al agua en el centro e ignora la urgencia del tema. “Hay proyectos en el Congreso de reforma al Código de Aguas que apuntan a cambiar los derechos de aprovechamiento, sus características, pero no tocan la institucionalidad pública que es por donde se debería partir. Además, hay una discusión muy ideológica y polarizada respecto del agua, donde lo técnico muchas veces no es considerado”, indica el informe.
Abrir más ventanas verdes para respirar
El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) es contundente al asegurar que poner límites al calentamiento global por debajo de 2,0 grados centígrados con relación a niveles preindustriales, según lo dictaminado en el Acuerdo de París, es vital para reducir los riesgos en una región con asimetrías económicas y sociales en vías de una recuperación sustentable.
“Nos cuesta imaginarnos el costo del cambio climático. Es más fácil, por ejemplo, imaginar que eres un niño y tienes una paleta, llega alguien y te la quita, está clarísimo lo que perdiste, pero cuando hablas de cambio climático hay una cosa muy sutil y se tiende a ir por otro camino”, sostiene Estrada.
América Latina en su conjunto genera el 9% de las emisiones. Los mayores contaminadores son Brasil, México y Venezuela, los cuales representan el 80% de las emisiones totales en la región. Los primeros dos aparecen en el Top 20 de los que más emiten dióxido de carbono (CO2) en el mundo, según datos del Global Carbon Atlas. La región en su conjunto emite el 17% de lo que China, el mayor emisor.
Bezzeccheri y Estrada coinciden en una misma advertencia: desde ya se está muy tarde en los esfuerzos para adherirse a los términos del Acuerdo de París, y cuanto mayor sea la demora, más alta tendrá que ser la voluntad política para hacer mucho más en mucho menos tiempo. “El último reporte del IPCC afirma ‘tienes que cuadruplicar los esfuerzos’”, apunta el directivo de Enel.
Por ejemplo, las inversiones en energías renovables deben subir el ritmo que tuvieron en 2019 y un monto por US$49 billones tendría que ser desembolsado a nivel global antes de 2030 para evitar el punto de inflexión de temperaturas extremas, según el BID que cita datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
“Todos los ciudadanos pagarán los impactos del cambio climático, y normalmente los que pagan el precio más alto son los que menos tienen. Finalmente, la lección aprendida es que tenemos que acelerar aún más el proceso de descarbonización”, dice Bezzecheri.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que hacia 2050 el costo económico del cambio climático representará entre el 1.5 y el 5% del producto interno bruto (PIB) regional actual, sumando “las pérdidas agrícolas y de generación hidroeléctrica, las enfermedades, entre otros factores destructivos”. Los daños causados por los impactos climáticos podrían costar US$100.000 millones anuales durante los próximos 30 años en la región, según datos citados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Transformar la crisis en una nueva oportunidad
Frente a esta situación, la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, avizora que América Latina y el Caribe tiene todas las condiciones para convertirse en un hub global de energía renovable con gran potencial, por ejemplo, en hidrógeno verde. Argentina, Brasil, Chile y México tienen grandes posibilidades de desarrollar una industria competitiva y ser dinamizadores de este recurso en los demás países de la región.
El Gobierno argentino y la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI), líder en la producción de hidrógeno verde, alcanzaron un acuerdo, en el marco de la COP26, para invertir en el país US$8.000 millones a 10 años, lo que en una primera etapa creará más de 4.000 puestos de trabajo en la región
América Latina goza del más amplio y diverso suministro de fuentes de energía renovable en el mundo por lo que la región sería capaz de producir 30 veces sus necesidades eléctricas futuras, según el informe de Políticas Climáticas del BID. “La misma planta eólica en Latinoamérica produce dos o tres veces más que en Europa, por mayor viento y sol en el año, no solo se reduce la inversión, sino que se tiene mucha más energía, lo que permite contener los precios”, comenta Bezzeccheri.
Alcanzar emisiones netas cero ofrecerá otros beneficios, como la creación de 15 millones de puestos de trabajo netos para 2030, de acuerdo con el BID. Cada dólar de inversión en resiliencia trae cuatro dólares en costos futuros reducidos, según la institución. Cada millón de dólares invertido en la naturaleza puede crear más de 40 puestos de trabajo, más de 10 veces más que las inversiones en combustibles fósiles.
Los fondos públicos tendrían que apoyarse de la financiación privada. En enero de 2020, BlackRock, la mayor empresa gestora de fondos del mundo, afirmó que la sostenibilidad y las carteras que integran al clima ofrecen a los inversionistas retornos mejor adaptados al riesgo.
Las energías renovables se mantuvieron como el sector de mayor interés en la inversión extranjera, equivalente al 33% del monto de anuncios de inversiones que experimentó una caída en el contexto pandémico, dato a tomar en cuenta para las frágiles agendas políticas.
El papel de los gobiernos es fundamental en la ejecución de los planes para un descarbonización sustentable: “La situación actual es que la tecnología ya está y está probada, el problema es que los gobiernos y los reguladores tienen que poner en marcha un marco regulatorio estable en el tiempo que permita que este tipo de inversión y tecnología sean implementadas de forma más rápida y con menores costos”, acentúa Bezzeccheri.”Las plantas de energías renovables en un año o dos ya están en operaciones, mientras que las hidroeléctricas tradicionales pueden tardar cuatro o cinco años en espera de permisos”, ilustra.
Por su sólido compromiso e implementación, Chile encabezó nuevamente el ranking de mercados emergentes del Climatescope 2020, de Bloomberg NEF, y ha logrado ya su objetivo de energía limpia para 2025. Mientras que Brasil continúa ocupando el tercer lugar en el despliegue de energía renovable.
“Mirando el panorama de América Latina yo veo que todos los países, en menor o mayor medida, se han movido en la dirección de diversificar su matriz energética con una mayor participación de las renovables. Chile y Brasil han sido los que más han empujado, México también en un momento determinado, después Perú jugó más lento, y ahora Colombia está retomando esta senda”, afirma Bezzeccheri.
En esta transición y recuperación es imprescindible una consciencia colectiva y la investigación suficiente para una toma de decisiones políticas y financieras basadas en información científica, además de una diversificación de instrumentos financieros verdes como deuda sostenible, bonos y fondos de capital natural, todo esto acompañado del enfoque correcto de políticas públicas con plazos fijos para su aplicación, de acuerdo con diversos organismos.
En este sentido, Estrada enfatiza:
“Deberíamos ya tener muy claro que las sorpresas de no tener conocimiento sobre cómo pueden desenvolverse las cosas, resulta carísimo, un ejemplo es la pandemia. Si no tenemos la visión de nuestro problemas importantes, no generamos la investigación suficiente y ligamos esto con cadenas de producción para que se aterrice en soluciones prácticas, nos va pasar como con las vacunas, vamos a depender de qué ocurra afuera y tenemos el problema de que cómo se exprese cambio climático y las maneras de mitigar ese impacto no necesariamente va a corresponder con lo nuestro”.
- Con asistencia de Mariano Espina, Michelle del Campo, Toni Sciarretta y Ana Carolina Siedschlag e información de Bloomberg News*
