Santiago — Después de una jornada maratónica, la Cámara de Diputados declaró admisible el libelo acusatorio contra el presidente chileno Sebastián Piñera. Este martes, cerca de las 8:00 horas, se aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, para avanzar en un juicio político contra el mandatario por posible conflicto de intereses en la compraventa del proyecto minero Dominga, revelado en la publicación de los Papeles de Pandora.
La sesión se inició ayer, a las 10:00 horas de Santiago, con un maratónico discurso de casi 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo. Su estrategia, que denominó “Ley Lázaro”, tenía como intención extenderse para dar oportunidad de que culminara la cuarentena preventiva del parlamentario Giorgio Jackson, a las 00:00 horas del martes, y así se incorporara al hemiciclo para completar los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional.
Luego de que Jackson, del Frente Amplio, llegó a la Cámara de Diputados, en Valparaíso, la defensa de Piñera comenzó su intervención. El abogado Jorge Gálvez aseguró que el documento acusatorio “no tiene pruebas”, y se “rebaja a conjeturas” sobre los negocios de la venta del proyecto minero Dominga.
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La dilatación de la sesión por parte de Naranjo, encargado de defender la acusación, fue criticada por oficialistas. “Muchos han dicho que lo ocurrido en la Cámara es vergonzoso. Pero estoy seguro que muchas más personas piensan que lo vergonzoso es tener un presidente que especula y evade impuestos”, afirmó Jackson.
Ahora, el libelo será discutido en el Senado entre viernes y el lunes, requiriéndose de 29 votos para que Piñera sea destituido como presidente e inhabilitado para asumir cualquier cargo público electo durante cinco años. Sin embargo, la oposición solo tiene el respaldo de 24 senadores en la Cámara Alta.
Una acusación histórica
Hace un mes, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía abrió una investigación de oficio contra el presidente por el proyecto Dominga. “No habría ninguna razón por la cual el Ministerio Público pudiera inhibirse, en el eventual caso de que existan antecedentes, para formalizar esta investigación”, dijo este martes el fiscal nacional Jorge Abbott.
El juicio político no tendría ninguna incidencia en la investigación penal, a excepción de que durante ese proceso aparecieran “antecedentes que sean útiles”, aseguró.
Piñera es acusado de infringir las leyes y comprometer el honor de la nación luego de revelarse el contrato que involucra a la familia presidencial por vender su participación al empresario Carlos Alberto Délano en tres cuotas en Islas Vírgenes en 2010, de las cuales uno de los pagos estaba condicionado a que no se modificara las regulaciones sobre el territorio donde se instalaría Dominga.
“Se abre una puerta que no se cierra, se le hace un daño a la democracia de manera profunda e irreparable”, dijo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.
Esta es la primera vez en Chile que se aprueba una acusación constitucional contra un presidente en funciones en el Congreso de Chile. En 2019, diputados opositores intentaron iniciar un juicio político contra Piñera por posibles violaciones a los derechos humanos tras la revuelta social, pero no prosperó en el Legislativo.
(Noticia actualizada el martes, 9 de noviembre, a las 11:49 am., con las declaraciones del fiscal chileno Jorge Abbott).
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