Santiago — El presidente chileno Sebastián Piñera ha entrado en una encrucijada al final de su gobierno. Este lunes, a partir de las 10:00 horas de Santiago, el pleno de la Cámara Baja votará si llevará un juicio político en su contra por posibles irregularidades en la venta del proyecto minero Domingo en un paraíso fiscal en 2010.
Acusado por opositores de vulnerar la Constitución, las leyes y comprometer el honor de la nación, el mandatario sortea una investigación de oficio en la Fiscalía y se adentra a su segundo intento de destitución en el Legislativo. El primero fue solicitado por diputados que le culparon de posibles violaciones a los derechos humanos tras la revuelta social de hace dos años. Pero ese proceso no prosperó, y ahora el presidente de Chile volverá a ser llevado al banquillo del Congreso.
Esta vez se requiere de 78 votos de los 155 legisladores de la Cámara de Diputados para avanzar a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se necesita dos tercios para destituir al presidente. La sesión de hoy se hace con la recomendación de la comisión revisora del libelo, que el viernes rechazó la acusación constitucional con dos votos a favor, dos en contra y una abstención. “No está en juego el apoyo o rechazo al gobierno, sino la decisión de interrumpir el mandato de un presidente electo. Se abriría una compuerta difícil de cerrar a la inestabilidad futura”, dijo el diputado independiente Pepe Auth.
La acción contra el presidente chileno surge luego de la filtración del contrato de compraventa de Domingo en la investigación realizada por los medios Ciper y LaBot, en el marco de los Pandora Papers. En diciembre de 2010, la familia presidencial vendió su participación del proyecto al empresario Carlos Alberto Délano, que condicionó el pago de la tercera y última cuota a que en la zona donde se levantará la minera y el puerto no sufriera cambios regulatorios que impidan su instalación. Esto dependía del gobierno, el cual ya presidía Piñera (2010-2014). Pero el jefe de Estado indica que se había desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos.
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Piñera, con una aprobación del 16% según Cadem, concluirá su segundo gobierno el 11 de marzo de 2022. Pero de ser destituido sería el primer presidente de Chile en dejar su cargo por este mecanismo.
Ley Lázaro
Pese a que hay 76 parlamentarios de la oposición en la Cámara Baja, el contagio de Covid-19 del candidato presidencial y diputado Gabriel Boric trastocó los cálculos. Él y su jefe político de comando político, el diputado Giorgio Jackson, quien realiza una cuarentena preventiva por ser su contacto estrecho, estarán ausentes este lunes, lo que resta dos votos a la oposición.
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A Jackson le parece absurdo no votar vía remota, porque así lo hicieron durante los meses más duros de la pandemia. “Durante un año y medio votamos telemáticamente como parlamentarios, no hay impedimento técnico. Hay, eso sí, una interpretación de la reforma constitucional que se hizo para habilitar el voto telemático, donde la cuarentena sanitaria se aplica a lo territorial, y no a lo que cada persona pueda tener. Eso yo lo encuentro bastante discutible”, dijo en una entrevista en Chilevisión. Prometió que harán todo lo posible para aprobar la acción contra el presidente de Chile.
Y la oposición se alista para que sea así. El diputado socialista Jaime Naranjo, que impulsó el proceso contra Piñera, será el encargado de defender el libelo acusatorio en el hemiciclo, y ya alertó que está diseñada una estrategia que garantizará obtener los votos para ganar la acusación constitucional. “Basta a la impunidad”, afirmó ayer.
La maniobra consistiría en extender la discusión y votación hasta que Boric y Jackson se reincorporen a las sesiones del Congreso. “La sala puede sesionar dos, tres, cuatro, cinco o hasta 10 días. Y perfectamente un parlamentario puede estar hablando 48 horas u 72 horas hasta que los enfermos caminen”, explicó Naranjo a La Tercera, denominando a la jugada Ley Lázaro. Aunque la acusación podría encontrar apoyos en la Cámara de Diputados, todavía no existen certezas si conseguiría los respaldos requeridos en su trámite en el Senado.
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