Bogotá — Investigadores del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional analizaron las leyes 1715 de 2014 y 1819 de 2016 que muestran que los empresarios que quieren invertir o hacer proyectos de energías alternativas se deben enfrentar al dilema de cuál de estas normas usar y recibir beneficios, “pues aunque ambas buscan el mismo fin, son excluyentes entre sí”.
De acuerdo con los investigadores Marco Antonio Londoño y Carlos Mario Ramírez, su análisis mostró que una persona natural o jurídica que quiera acogerse a los beneficios tributarios que se promueven en estas leyes no puede hacerse sino de forma individual.
“Es decir, son excluyentes, o se aplica la una o la otra. Esto origina que el interesado no pueda utilizar todo el paquete normativo o de incentivos existente”,
Marco Antonio Londoño y Carlos Mario Ramírez.
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¿Qué pasa puntualmente con las leyes?
La Ley de 2014 determina la exclusión del IVA en los equipos y servicios nacionales o importados que se destinen a utilizar energía a partir de las fuentes no convencionales; estos gozarán también de exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria e insumos destinados exclusivamente a labores de preinversión y de inversión de proyectos, exponen.
Los investigadores continúan exponiendo que en esta línea de incentivos tributarios a la formación de empresas sostenibles, la Ley 1819 de 2016 en su artículo 99, incluye las ventas de energía eléctrica de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER), como rentas exentas a partir del año gravable 2018 y por 15 años.
“Sin embargo, esta ley imposibilita a los empresarios del sector de energía eléctrica con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, para aplicar a los beneficios dispuestos por las dos leyes, es decir, la exención de la renta”, aseguran en su estudio.
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Así las cosas para los investigadores, en estas condiciones su aplicación no puede darse al tiempo con los beneficios de la Ley 1715 de 2014, lo que termina causando un laberinto legislativo para las empresas, que al haber aplicado a la primera ley –cuando la segunda no existía– ven marginados sus proyectos de FNCER, que requieren el incentivo para continuar emprendiendo en el área.
Además de lo expuesto hasta ahora, los investigadores indican que pese a que ambas leyes incentivan la implementación de fuentes no convencionales de energías renovables, no son suficientes. “En primer lugar, porque son leyes excluyentes; en segundo lugar, porque después de hacer el análisis financiero para un proyecto de difícil rentabilidad, el impacto de estas no es considerable”.
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¿Qué proponen?
Por poner un ejemplo, los expertos comentan que en los casos de proyectos fotovoltaicos o eólicos, que son menos rentables que otros, el efecto será bajo, y por ende no habrá incentivo. “Es urgente modificar la Ley 1715 de 2014 en lo que respecta al descuento de la inversión vía renta por un periodo no inferior a los 15 años o que se genere una discusión financiera para determinar un periodo prudente”.
En lo que respecta a la Ley 1819 de 2016, proponen que lo primero es generar que esta y la anterior ley se puedan aplicar al mismo tiempo, y que el periodo de descuento no se disminuya en el tiempo y, por lo tanto, sea más de 15 años.
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¿Cómo está Colombia en energías renovables?
Recientemente el país realizó una subasta de energías renovables en la que se asignaron contratos a 11 proyectos solares que deberán comenzar a cumplir sus obligaciones de suministro de energía a partir de enero de 2023.
Con esta nueva capacidad instalada, la participación de energía renovable no convencional pasará del 0.2% en 2018 a más de 15% en 2023, informó el Ministerio de Minas y Energía hace unos días tras realizarse la subasta.
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Los 11 proyectos de generación adjudicados representan inversiones de alrededor de 3,3 billones de pesos y cerca de 4.800 empleos en los 9 departamentos en los que construirán estos nuevos proyectos de generación, impulsando así la reactivación sostenible de Colombia.
“Colombia logró un nuevo hito para continuar consolidando la Transición Energética al asignar obligaciones por cerca de 800 megavatios (796,3), equivalente al consumo de 800 mil familias colombianas, en la nueva subasta de renovables realizada el día de hoy (26 de octubre)”, resaltó el Ministerio en su momento.
Por último, según cifras oficiales, el país cuenta con 15 granjas solares, 9 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 1.500 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala, que aportan una capacidad efectiva neta de 388 MW.
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Además, están en proceso de construcción en diferentes regiones del país 1.200 MW de iniciativas privadas de generación y autogeneración y 1.365 MW de energía solar y eólica que lograron asignaciones en la subasta de 2019.
