Bloomberg — Airbnb Inc. declaró un alto el año pasado en su larga disputa con la ciudad de Nueva York sobre alquileres de corto plazo. Pero para Martine Lacroix, la autoproclamada “Reina de Airbnb”, el fuego cruzado continúa.
La compañía de casas compartidas en línea pasó años peleando con la ciudad dentro de las salas de los tribunales y las cámaras del consejo sobre una ley estatal que prohíbe el alquiler de la mayoría de los apartamentos por menos de 30 días. En junio de 2020, mientras Airbnb se preparaba para su debut en los mercados públicos, resolvió una demanda contra la ciudad, acordando entregar datos personales de sus anfitriones para que los funcionarios pudieran rastrear más fácilmente a los que alquilan apartamentos en violación de las regulaciones.
Un año después de que se llegara al acuerdo, se grabó un citatorio en la puerta principal del apartamento de Lacroix en el vecindario Hell’s Kitchen de Manhattan. Decía que la Oficina de Aplicación Especial de la Alcaldía la estaba demandando por presuntamente dirigir un imperio ilegal de “hoteles de facto”.
Lacroix, de 50 años, arrendó al menos 18 apartamentos en su vecindario y los alquiló para estadías de corta duración en la plataforma de Airbnb, según la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York que busca más de US$1 millón en daños. La ciudad la acusa de participar en prácticas comerciales engañosas y anunciar alquileres ilegales, acusaciones que Lacroix ha negado. Está pendiente una moción para una orden judicial preliminar que le prohíba cotizar en cualquier plataforma.
La demanda civil dice que Lacroix creó al menos 10 cuentas de anfitriones de Airbnb, algunas usando su segundo nombre o sus iniciales, para eludir las leyes locales. Otras cuentas supuestamente usaban direcciones falsas. Lacroix pidió a los invitados que mintieran y dijeran que estaban visitando amigos si los vecinos o funcionarios preguntaban, según la demanda.
Lacroix reconoció en una entrevista que violó la ley, calificándola como una regulación mezquina que la obligó a operar su negocio bajo tierra “como un criminal”. Su operación de una década, de la que se ha jactado en las redes sociales de haber recaudado más de US$5 millones, muestra cuán fácilmente los anfitriones podrían eludir las reglas. Cuando los propietarios la desalojaran por realizar alquileres ilegales, se mudó a otro edificio.
Cuando los funcionarios de la ciudad la multaron, pagó la sanción de US$ 1,000, pero continuó alquilando. Cuando Airbnb la prohibió en 2018 por violar sus políticas, abrió una nueva cuenta con un nombre diferente.
Sam Randall, portavoz de Airbnb, que no es parte de la demanda, dijo que la compañía prohibió a Lacroix “porque este comportamiento no tiene lugar en Airbnb”. Randall no respondió a las preguntas sobre cómo pudo salirse con la suya violando una política vigente desde 2015 que prohíbe a los anfitriones con sede en Nueva York listar más de un apartamento en la plataforma.
Lacroix, quien dirigía su negocio principalmente en Airbnb, pero también usaba plataformas como FlipKey, Expedia y Booking, dijo que su operación era legal cuando la comenzó en 2010. Ese año, el estado de Nueva York enmendó su ley de Vivienda Múltiple para crear una de las regulaciones de alquiler de corto plazo más estrictas del país.
Lacroix dijo que un abogado le aconsejó en ese momento que dejara de alquilar en Airbnb, pero decidió arriesgarse. “No creo que haya hecho algo mal”, dijo. “He hecho algo que violó la ley. Hacer algo mal es como robar, pero luego hay leyes que son mezquinas. En el papel está mal, pero esta es una pequeña ley que ninguna otra ciudad tiene excepto Nueva York”. Lacroix ha sido más descarada en las redes sociales, donde se llama a sí misma la “Reina de Airbnb” y una “empresaria sin ley”.
El abogado de Lacroix, Brandon McKenzie, describió a su cliente como propietaria de una pequeña empresa atrapada en el fuego cruzado entre Nueva York y Airbnb. “La ciudad ha intentado repetidamente aprobar legislación o regulaciones sobre alquileres de corto plazo”, dijo McKenzie. “Y cada vez que intentaron hacer esto, o la legislación ha fracasado o ha estado sujeta a desafíos judiciales y no ha resistido el escrutinio judicial”.
El abogado argumentó en una audiencia el 12 de octubre sobre la orden judicial que Lacroix no había alquilado ningún apartamento en Airbnb desde finales de 2019.
Ese fue el año en que la ciudad aumentó el presupuesto anual de la Oficina de Cumplimiento Especial de la Alcaldía (OSE), a US$8 millones al año, instándola a tomar más medidas contra los operadores ilegales. Lacroix es el propietario número 18 del edificio u operador privado demandado por la ciudad como parte de su campaña.
“El alcance del daño alegado en esta demanda es asombroso”, dijo Christian Klossner, director ejecutivo de OSE. “Mientras se presentaba como una exitosa empresaria hotelera, la acusada en este caso en realidad estaba ejecutando un elaborado esquema de hacer dinero defraudando a miles de clientes, al tiempo que generaba ingresos para las plataformas en línea que hacían la vista gorda ante su actividad ilegal”.
Klossner dijo que su oficina se ha visto obligada a apuntar a operadores individuales, como Lacroix, en lugar de Airbnb, porque una ley federal protege a las compañías de alquiler en línea “de ser consideradas responsables de la ilegalidad del contenido publicado por sus usuarios, incluso cuando ese contenido se convierte en ingresos para la plataforma”.
Esa ley, la Sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones, también protege a Airbnb de la responsabilidad legal por lo que sucede dentro de sus listados. A principios de este año, Bloomberg publicó varias historias sobre crímenes violentos que ocurrieron en las propiedades de Airbnb y el equipo de respuesta secreta de la compañía que trabaja para proteger a las víctimas.
Si bien no se reportaron incidentes de seguridad en ninguno de los apartamentos de Lacroix, la ciudad argumentó en su demanda que ella ponía en riesgo la seguridad de los turistas. A diferencia de los hoteles, los edificios de apartamentos residenciales no están diseñados para uso transitorio y generalmente no tienen el mismo número de salidas de incendio, alarmas o rociadores. La ciudad también dijo que mezclar residentes permanentes con turistas planteaba “riesgos de seguridad en edificios no equipados para manejar los problemas de seguridad”.
Al final, Lacroix dijo que fue la pandemia la que cerró su negocio. Cuando lo hizo, solicitó nueve préstamos de alivio Covid de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos alegando que dirigía una operación turística que empleaba a 27 personas, según la demanda de la ciudad. Recibió US$416.000, dice la denuncia. Lacroix dijo que alrededor de US$100,000 se destinaron a limpiadores y un trabajador que empleó. Ella se quedó con US$120,000 dijo, y el resto todavía está en una cuenta bancaria.
