Bloomberg — La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el viernes el paquete económico de US$1,75 billones del presidente Joe Biden y otro proyecto de ley de infraestructuras, después de que las intensas negociaciones de última hora de la presidenta Nancy Pelosi parecieran zanjar las persistentes diferencias.
La votación de la enorme medida fiscal y de gasto se produce tras meses de tensiones y disputas intrapartidarias que se prolongaron hasta la noche del jueves. Aunque gran parte del proyecto de ley ya estaba redactado, hubo cambios de última hora sobre la modificación de la deducción del impuesto sobre la renta estatal y local y una disposición que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos.
La aprobación de la medida de infraestructuras, al tener ya luz verde del Senado, implica que se enviará directamente al escritorio de Biden.
La aprobación de ambas medidas en la Cámara de Representantes supondría una victoria muy necesaria para el presidente, cuyos índices de aprobación han caído en picada. La sorprendente derrota de los demócratas en las elecciones a gobernador de Virginia y la inesperada derrota del gobernador de Nueva Jersey han dado un nuevo impulso a los legisladores del partido para terminar de elaborar el paquete económico, conocido como Build Back Better (reconstruir mejor), y una medida de infraestructura.
Biden ha participado directamente en las negociaciones con los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado y el jueves hizo llamadas a los miembros de la Cámara de Representantes para pedirles que voten a favor cuando el proyecto de ley llegue al pleno, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
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Los planes para la votación avanzaron después de que Pelosi dijera a tres posibles reticentes, los representantes Adriano Espaillat, de Nueva York, Chuy García, de Illinois, y Lou Correa, de California, que haría de la protección de los inmigrantes una prioridad máxima una vez que la Cámara termine con las prioridades económicas de Biden.
El texto actual del amplio proyecto de ley de impuestos y gastos incluye una opción de libertad condicional que proporcionaría autorización de trabajo y protección contra la deportación para algunos inmigrantes indocumentados. Pero una medida más amplia probablemente no sobreviviría en el Senado.
“Todas las opciones siguen sobre la mesa, pero no estamos redactando un nuevo lenguaje”, dijo García en un comunicado. “La presidenta Pelosi comparte nuestras preocupaciones por la comunidad inmigrante, reconoce sus contribuciones y se compromete a mantener la inmigración en discusión”.
Un cambio de última hora en el plan de impuestos y gastos implicaba la deducción federal por impuestos estatales y locales, o SALT. En lugar de avanzar con una propuesta para elevar el tope de US$10.000 de SALT a US$72.500 hasta 2031, el proyecto de ley ahora lo elevará a US$80.000 hasta 2030, según una persona familiarizada con las negociaciones.
El tope volvería a ser de US$10.000 en 2031. En comparación con la ley actual, en la que no hay límite después de 2025, la disposición recaudaría US$14.800 millones en ingresos durante 10 años.
Se espera que el Senado introduzca sus propios cambios en la propuesta relacionada a SALT. Los senadores Bernie Sanders, de Vermont, y Bob Menéndez, de Nueva Jersey, han propuesto un tope ilimitado, pero cortarían el acceso a la deducción a las personas con ingresos superiores a US$400.000 o 500.000.
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Precios de los medicamentos
En cuanto al precio de los medicamentos, los demócratas han acordado dar a algunos fármacos un año más de exención de las negociaciones de precios, según una persona familiarizada con las discusiones.
El cambio significa que los medicamentos biológicos no estarán sujetos a la negociación de precios del gobierno hasta 13 años después de que se apruebe su uso, un año más que en la disposición que se escribió inicialmente en la legislación.
Esta revisión se hizo después de que los representantes Scott Peters, de California, y Kathleen Rice, de Nueva York, plantearan su preocupación por el lenguaje de la legislación y se reunieran con Pelosi.
Si bien la Cámara de Representantes daría su aprobación final a la legislación sobre infraestructuras, el paquete económico aún se enfrenta a obstáculos -y cambios- en el Senado. Si la legislación se modifica allí, como se espera, tendría que volver a la Cámara para otra votación.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que los senadores se esforzarían por actuar “antes de Acción de Gracias”, que cae el 25 de noviembre.
“Puntos de fricción”
Pero incluso ese calendario puede ser ambicioso. El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, que ha luchado por recortar el tamaño del paquete, sigue oponiéndose a disposiciones favorecidas por la Cámara, como el permiso familiar remunerado y la inmigración. También dijo que quiere una evaluación más clara del impacto del paquete expansivo de impuestos y gastos en la inflación y la deuda.
“Tengo muchas preocupaciones, digámoslo así”, dijo Manchin el miércoles por la noche en Fox News. “Están trabajando con el proyecto de ley de la Cámara. Ese no va a ser el proyecto de ley con el que yo trabaje”.
Schumer dijo que habló con Manchin el jueves y que ambos acordaron “trabajar diligentemente durante el receso” para llegar a algo que pueda ser apoyado por los 50 demócratas en el Senado, que saldrá la próxima semana.
“Hay varios puntos de fricción”, añadió.
-- Con la ayuda de Laura Davison, Jarrell Dillard, Alexander Ruoff, Jennifer Epstein y Ellen M. Gilmer.