Bloomberg Línea — La Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La apertura de la investigación fue anunciada por el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, durante la Firma del Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI, en lo que fue el cierre de una visita oficial a Caracas.
“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela (iniciado en 2018) y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, define el memorando leído frente a Khan y Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.
La investigación de la CPI se abre en torno a la posible represión de manifestantes.
El documento agrega que consideró que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizar su efectiva persecución, por lo que Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva aplicación de la justicia.
“Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones geopolíticas”, afirmó el fiscal y pidió que “a medida que entramos en esta nueva fase, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”.
Aun con estimaciones conservadoras, Venezuela tiene una de las tasas más altas de asesinatos cometidos por agentes estatales en América Latina, de acuerdo con La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el país.
En su informe de septiembre de 2020, La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que resultaron en 53 ejecuciones extrajudiciales. “También examinó 2.552 incidentes adicionales que involucraron 5.094 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios”, apunta. Entre 2015 y 2017, las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), establecidas para combatir el crimen, resultaron en detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. El organismo examinó 140 operaciones que provocaron la muerte de 413 personas.
Igualmente se documentaron violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, dice la ONU, especialmente en 2014, 2017 y 2019. “Entre ellas se incluyen los asesinatos de 36 manifestantes, así como tortura y otros malos tratos durante la detención, incluidas palizas y humillaciones, violencia sexual y de género y simulacros de ejecución”, concluye.
En el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, ocurrieron 724 desapariciones forzadas de detenidos políticos. En 2018 se registraron 200 desapariciones forzadas y en 2019 fueron 524, de acuerdo con el reporte Desaparición Forzada como Herramienta de Represión Política en Venezuela, elaborado por la organización Robert F. Kennedy Human Rights y Foro Penal.
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Maduro escribió en su cuenta de Twitter que respeta la decisión del fiscal de la CPI de avanzar a la siguiente etapa del proceso para “buscar la verdad”.
Previamente dijo, durante el encuentro en Miraflores, que si bien como Estado respeta la acción, “le hemos manifestado (al fiscal) que no la compartimos”.
Respetamos la decisión del Fiscal de la CPI Karim A.A. Khan QC, de avanzar a la siguiente fase para buscar la verdad. Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar. Para que haya paz, debe haber justicia. pic.twitter.com/ng5ajBmW6B
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021
El líder opositor Juan Guaidó, -reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países, desde enero de 2019- dijo, a través de la misma red, que “esta decisión le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro”.
La apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares.
— Juan Guaidó (@jguaido) November 3, 2021
Venezuela es el primer país de América Latina sujeto a una investigación de la Corte, con sede en La Haya.
