Ciudad de México — México inicia hoy la segunda etapa de la reforma laboral, que implica la transición de 13 estados del país a un nuevo modelo de impartición de justicia a través de tribunales del Poder Judicial, con el cual también entra en funciones, un año antes de lo previsto como lo sugirió EE.UU., un registro nacional de toda la actividad sindical.
El nuevo sistema de justicia laboral en México fue una iniciativa legislativa de carácter nacional, pero después se convirtió en exigencia como parte de los tratados comerciales, como es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La reforma laboral en México entró en vigor el 1 de mayo de 2019, a partir de esa fecha se diseñó una implementación en tres etapas: la primera entró en vigor el 17 de noviembre de 2020 en ocho estados del país, la segunda inicia este 3 de noviembre en 13 estados y la tercera se prevé arranque en los restantes 11 estados en octubre de 2022.
Transitar al nuevo modelo de justicia en México significa que los juicios laborales de los trabajadores ya no sean resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje dependientes del gobierno, sino que sean atendidos en un modelo de justicia en tribunales en el Poder Judicial independiente al gobierno.
En el nuevo modelo, las juntas de conciliación se sustituyen por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), centros de conciliación locales, así como tribunales federales y locales.
Segunda etapa en 13 estados
En esta segunda etapa serán 13 estados los que transiten a un nuevo sistema de justicia laboral, mientras que el CFCRL dará el banderazo de salida al Registro Público Nacional de los Sindicatos.
En estos 13 estados, tal y como sucedió en la primera etapa, los conflictos laborales individuales y colectivos tramitados a partir de este 3 de noviembre serán atendidos por los centros de conciliación y los tribunales laborales federales o locales, según corresponda.
Un cambio importante en esta segunda etapa es el inicio de operaciones del Registro Público Nacional de los Sindicatos, el cual recopilará la información sobre los contratos colectivos, registros sindicales, estatutos e informes financieros de todos los organismos gremiales del país, mismo que estará a cargo del CFCRL.
El registro nacional sustituirá a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las 32 juntas de conciliación y arbitraje que hacen esa función en los estados donde no ha entrado en operaciones la reforma laboral.
Originalmente, el registro entraría en vigor conforme las etapas de implementación, sin embargo, el gobierno mexicano decidió adelantar la entrada en vigor del registro en los estados de la tercera etapa, es decir, se preveía que el registro a nivel nacional comenzara en octubre de 2022, pero ahora será este año cuando arranque operaciones.
Este plazo se adelantó luego de que en febrero de 2021 la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, creada por el Congreso de EE.UU. en la Ley de Implementación del T-MEC, sugiriera a la STPS adelantar la entrada en funciones del registro sindical para garantizar la transición al nuevo modelo laboral de democracia sindical y negociación colectiva auténticas.
“El continuo fracaso de los estados en implementar las reformas necesarias retrasará aún más o creará una implementación desarticulada, lo que generará confusión entre los trabajadores y prolongará el tiempo que los trabajadores mexicanos están sujetos al antiguo y fallido sistema de justicia laboral”, advirtió la Junta de Expertos de EE.UU.
