Bogotá — En el municipio de La Hormiga, en el departamento de Putumayo en Colombia, se escuchó hablar por primera vez hacia 2004 de DMG, una empresa que apenas cuatro años después se robaría los titulares de prensa de los principales medios nacionales.
David Murcia Guzmán, su fundador, se enfrentó en 2008 a la Superintendencia Financiera de Colombia, liderada entonces por Gerardo Hernández Correa. Antes de la intervención a DMG, Murcia Guzmán defendió el imperio que creó diciendo que atrajo al país inversionistas de Canadá, Estados Unidos, Panamá y México, entre otros.
Del modelo de negocio que Murcia Guzmán defendía quedó en la retina lo que para los colombianos fue la primera gran pirámide. Un modelo de negocio que consiste en vincular familiares y amigos a una estructura en la que, entre más referidos atraiga, mayor es el beneficio.
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Los tentáculos de David Murcia Guzmán llegaron hasta Panamá, Venezuela y Ecuador. Las autoridades en Colombia estimaron que entre 2007 y 2008 captó de forma irregular US$2.000 millones. Se calcula que un millón de inversionistas perdieron todo, o casi todo, lo que entregaron.
Con los años las captadoras ilegales mutaron, ya no son esos monstruos empresariales. Ahora operan con mayor cuidado para no alertar a las autoridades, y sus cabezas ya no son visibles, a diferencia de DMG, en donde Murcia Guzmán se promovía como presidente del grupo, desde donde desafiaba a las autoridades para demostrarle algún ilícito en su negocio.
¿Quién es un captador ilegal?
La captación masiva de fondos en Colombia está definida en el Decreto 1068 de 2007, medida tomada tras la caída de DMG. También se rige bajo el Decreto 4334 de 2008.
Una de las formas de identificar si el “negocio” o “inversión” que se ofrece es característico de una actividad de captación ilegal de recursos es que la persona que recibe el dinero en la captadora asume una deuda sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio.
Además, es captador bajos las leyes colombianas quien tiene una deuda con más de 20 personas o cuenta con más de 50 obligaciones. También lo es quien al recibir dinero del público excede en más del 50% su patrimonio líquido o si las ofertas hechas fueron a personas innominadas.
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Finalmente, es una de las características más notorias de los captadores ilegales, ofrecer pagos sin justificación financiera razonable. Estos son, básicamente, quienes ofrecen rentabilidades astronómicas que no se consiguen con ningún producto dentro del mercado financiero o de capitales. Ahí es cuando le dicen a uno “de eso tan bueno no dan tanto. ¡Tenga cuidado!”.
La Metamorfosis
Aunque cuando el imperio construido por David Murcia Guzmán se desboronó se acabó con su esquema piramidal DMG, este no terminó con la captación ilegal de recursos en Colombia.
De hecho, el país dejó de tener una gran pirámide, conocida a lo largo y ancho del territorio nacional para tener muchas pequeñas estructuras de captación, algunas de ellas muy pequeñas, y casi todas, sin una cabeza visible.
José Camilo Torres, de la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera, de la SuperFinanciera, asegura que “si bien los diferentes modelos de captación ilegal de recursos se han presentado a través de estructuras piramidales, también se ha dado en operaciones en las cuales una persona se obliga con más terceros de los permitidos en las normas, utilizando contratos o actividades legales reconocidas por la legislación colombiana como: “multinivel”, “cesión de derechos económicos”, “cuentas en participación”, “contratos de asesoría financiera”, “mandatos”, “negociación en el mercado de divisas (forex)”, etc. que finalmente derivan en operaciones de mutuo o asumir pasivos con terceros excediendo los límites”.
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Con el desangre que dejó DMG los ojos estuvieron sobre cualquier actividad que pudiera verse como de captación, por ello, sofisticaron sus métodos.
En 2009, explica Torres, se encontró que el negocio de captación ilegal siguió y se hizo a través de mesas de dinero como estructuradores de negocios, desde las cuales conseguían recursos de terceros para otras empresas mediante mecanismos como operaciones de mutuo y descuento de facturas (factoring), entre otros.
La mutación siguió y en 2012 se encontró que usaban un esquema de venta de pagarés-libranzas mediante las cuales mesas de dinero conseguían inversionistas para comprar al descuento de obligaciones que personas adquirían con cooperativas (de vigilancia de la SuperSolidaria), en donde utilizaron deudas falsas, duplicación de los títulos valores, deudores inexistentes, adulteración de los valores adeudados, entre otros.
Pero incluso el empoderamiento de la mujer ha sido usado para defraudar a inversionistas. En el 2016 aparecieron unos esquemas piramidales denominados “Mandalas de la prosperidad” “Cadenas” “Telar”.
Pero como todo, la ilegalidad se ha sofisticado al mismo ritmo que las nuevas tecnologías y las nuevas alternativas de inversión. En el 2018 a raíz del boom de las criptomonedas, empezaron a aparecer esquemas defraudatorios en los que inducían a inversionistas a invertir en monedas virtuales, bóvedas virtuales (donde supuestamente depositaban criptomonedas) a través de plataformas inexistentes o falsas.
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Y hasta los delitos tienen ciclos, en 2019 nuevamente se desarrollaron esquemas piramidales a nivel nacional con diferentes denominaciones como “Telar de los sueños – Mandalas – Comunidad solidaria” utilizando medios electrónicos y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter para su promoción y mantener el anonimato.
Explica Torres que incluso, “a través de estas redes o correos electrónicos daban las instrucciones de cómo entregar el dinero. Por ejemplo, a determinada hora estará un señor de chaqueta negra en una moto de color rojo junto al semáforo de la avenida, entréguele a él el dinero. Y a pesar de ser así de notorio la gente lo hacía, pero no sabía ni siquiera a quién le estaba entregando sus recursos”.
Muchas personas “cayeron de buena fe. En los análisis de la información que recopilamos nosotros encontramos que una persona de buena fe invita a otra a participar, y esta a otra, y así una de esas termina perdiendo su dinero”,
José Camilo Torres, de la Superfinanciera.
El experto añade que la captación de recursos ilegales se ha visto en todos los niveles, “no es un tema de estrato o de falta de estudio, hemos encontrado que incluso empresarios de grandes compañías han participado de los dichosos telares y mandalas y al final pierden la plata”.
En la mutación camaleónica del negocio explica Torres que para el 2019 se dieron negocios de supuestas inversiones en Forex donde firmas, adicional a promocionar la actividad sin autorización, recibían recursos para invertir a nombre propio prometiendo rendimientos fijos en operaciones que no permiten este compromiso.
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La pandemia de coronavirus obligó a cambiar de nuevo, entre 2020 y 2021 se encontraron nuevos modelos de captación, además de los ya mencionados, salen a relucir mecanismos en los que utilizan el contrato “Anticresis” en donde una inmobiliaria adquiría bajo mandato el manejo de un inmueble para “anticresarlo” a un tercero para su uso y a cambio recibía unos recursos por un período determinado que finalmente terminaba en la devolución del bien y así mismo de los recursos sin el reconocimiento de intereses.
El contrato de anticresis es un contrato civil que permite pagar una deuda al acreedor con los frutos o rentas generados por una propiedad.
Las cuentas de la captación ilegal
Si bien tras la caída de DMG se sabe que aparecieron muchas captadoras ilegales, algunas incluso prometiendo que devolverían lo que DMG prometió, llegar a las cabezas de dichas estructuras no ha sido sencillo.
Entre 2016 y 2021 la Superintendencia Financiera, que no es la única entidad a cargo de vigilar estas actividades, impuso 24 medidas.
El ente de control y vigilancia encontró al menos 10.045 afectados por alguno de estos esquemas piramidales o de captación ilegal, y determinó que involucraron recursos por $79.424 millones.
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Qué encontró la SuperSociedaes….
Desde 2017 a la fecha, las cuentas de la Superintendencia de Sociedades dan que se han iniciado 48 procesos principales de intervención judicial contra captadoras ilegales.
De esos procesos, la mayoría se concentran en Bogotá con 22, seguido por Antioquia con 5 y Atlántico con 4. El resto de las operaciones se ha dado en territorios como Cundinamarca (3), Nariño (3), Cundinamarca (2) y Valle del Cauca (2). Los cinco procesos restantes datan en Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare y Cauca.
De acuerdo con la Supersociedades, en total, de los procesos iniciados desde 2017, se reconocieron 8.874 afectados, por un valor comprometido de $1,16 billones aproximadamente.
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El top 5 de los procesos en los que más dinero se ha visto comprometido, según las cifras de la Superintendencia, son:
- El proceso contra Sigescoop (Cooperativa multiactiva del sistema de gestión empresarial y social) que operaba en Atlántico bajo la modalidad de comercialización de pagarés y libranzas. En este el valor comprometido es de $419.265 millones y los usuarios afectados son 17.
- Corposer (Corporación aliada para el desarrollo integral de los trabajadores al servicio del Estado) de Atlántico. Su operación era bajo la modalidad de comercialización de pagarés-libranzas. Los afectados reconocidos son 1.030 y el valor asciende a $101.605 millones.
- Inversiones Alejandro Jiménez, del Atlántico, bajo la modalidad de comercialización de pagarés y libranzas afectó a 10 personas por un valor de $101.605 millones.
- Vesting Group Colombia que operaba en Bogotá bajo la modalidad de comercialización de pagarés y libranzas tuvo 1.070 afectados reconocidos por un valor de $72.219 millones.
- Forex Investment Team (FIT S.A.) también operaba en Bogotá, pero bajo la comercialización de títulos valores. Los afectados reconocidos son 30 y el valor es de $50.827 millones.
Vale mencionar que esos cinco procesos, los de mayores montos reportados, iniciaron en 2017 según la Supersociedades.
Los procesos de 2021
En este año hay datos de siete procesos distribuidos en: Antioquia (3), Nariño (1), Bogotá (1), Caldas (1) y Santander (1).
Sin embargo, explica la Supersociedades, de las operaciones de 2021 hay tres en los que “aún no hay decisión de reconocimiento de afectados por parte del interventor, pero los hechos de la investigación arrojan las siguientes cifras”:
- Real Business: afectados en investigación 4.743 personas por un monto de $11.903 millones. Ese proceso es de Caldas y la modalidad es inversión.
- C.I. Golden Green Avocat S.A.S.: los afectados serían 36 y el monto llegaría a los $6.451 millones. El proceso es de Antioquia y la modalidad es inversión para exportación de aguacate.
- Organización Newbet International S.A.S. con 105 posibles afectados y $1.107 millones comprometidos.
En estos tres procesos en mención el total de afectados llegaría a 4.884 personas y el monto comprometido sería de $19.463 millones.
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Así las cosas, de llegar a ser ese el número de afectados que se reconozcan en cada proceso, la cifra total de afectados por captadoras ilegales desde 2017 aumentaría a: 13.758 y el valor captado sería de $1.18 billones aproximadamente, explicó la entidad.
Bloomberg Línea también consultó con la Fiscalía General de la Nación sobre cuáles han sido las acciones que desde esa entidad se han desarrollado para dar con los responsables de delitos relacionados con la captación ilegal y sobre cuánto de los recursos identificados en actividades de captación se han recuperado, pero desde la entidad no se suministró ningún tipo de información.
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