Bloomberg Línea — Una comisión del Senado de Brasil aprobó este martes la recomendación para que el presidente Jair Bolsonaro enfrente un proceso por una serie de cargos penales, entre ellos crímenes de lesa humanidad, en torno a su manejo de la pandemia de Covid-19.
El senador Humberto Costa dijo que la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) logró llamar la atención de la población, esclareció los hechos y demostró que la estrategia del Gobierno federal fue la de buscar la inmunidad colectiva sin vacunación, lo que representa un delito grave:
“De ahí el delito de epidemia que resulta en muertes, atribuido a Bolsonaro. Espero que se haga justicia, porque el gobierno federal solo se preocupó todo el tiempo por la economía, por el deseo de reelección del presidente. El gobierno federal subestimó la gravedad de la enfermedad, se negó a fomentar las pruebas, tardó en proporcionar vacunas”, declaró Costa.
El informe final de la comisión recibió siete votos a favor y cuatro en contra.
Las principales omisiones por las que se le acusa están relacionadas con el hecho de que Brasil es el segundo país en el mundo con el mayor número de muertes por Covid-19, tan solo detrás de Estados Unidos.
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“La versión final del dictamen, de 1.279 páginas, recomienda la acusación al presidente Jair Bolsonaro por la comisión de nueve infracciones”, apunta el Senado en un comunicado.
La estrategia del mandatario frente a la pandemia derivó en más de 600.000 muertes por Covid-19 en Brasil, por lo tanto se le responsabiliza de estos decesos, según el informe de la Comisión Investigadora Parlamentaria que analizó diversas acciones durante seis meses.
Los delitos que se le atribuyen a Bolsonaro son: charlatanismo, incitación al crimen, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos, prevaricación y dos cargos tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Algunos senadores analizaron también acusar al presidente de genocidio de indígenas y de homicidio masivo, pero finalmente esos cargos quedaron fuera.
Además, el Senado concluye que “los tres hijos del presidente tampoco se salvaron del relator, que los acusó de incitar al crimen: el senador Flávio Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro”.
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La investigación también señala a otras 67 personas, entre las que se encuentra ministros y exministros, así como el gobernador de Amazonas, Wilson Lima; y el exsecretario de Estado de Salud, Marcellus Campêlo, para que sean procesados.
Esta investigación podría representar un nuevo desafío político para Bolsonaro que está teniendo una caída en sus niveles de popularidad de cara a una posible reelección el próximo año.
El presidente anteriormente ha criticado la investigación y ha asegurado que está motivada por temas políticos.
Acusaciones contra Bolsonaro
En el inicio de la pandemia, el presidente fue señalado de minimizar la amenaza del Covid-19 para la vida de los brasileños, llamándola “pequeña gripe”. Además, mientras que otros gobiernos instauraban restricciones estrictas para controlar la propagación del coronavirus, el presidente alentó a los ciudadanos a no usar mascarillas y a seguir asistiendo a reuniones masivas.
Bolsonaro también se declaró escéptico de las vacunas, bromeó con que convertirían a la gente en caimanes y cuestionó su efectividad.
Según The New York Times, en la investigación se concluyó que el presidente impulsó medicamentos no probados, como la hidroxicloroquina, incluso después de que se demostrara su ineficacia en la lucha contra el virus; que el gobierno retrasó la vacunación en el país luego de que ignoró más de 100 correos de la farmacéutica Pfizer y que optó por comprar una vacuna no aprobada de la India por un valor excesivo, aunque luego se canceló por sospechas de sobornos.
También habría señalado que el presidente y sus aliados promovieron de manera sistemática medicamentos no probados en lugar de prácticas con efectos comprobados como el distanciamiento social y las mascarillas.
¿Qué seguiría tras la publicación del informe?
El dictamen de la comisión investigadora parlamentaria se trasladará a los distintos organismos públicos, según la competencia de cada uno, por lo que llegará a la Cámara de Diputados, la Policía Federal, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), el Ministerio Público de la Federación (MPF), el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), los fiscales estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) , la Defensoría Pública de la Unión (DPU) y la Corte Penal Internacional (CPI).
La Cámara Baja tendría que aprobar los cargos contra Bolsonaro, aunque sería el fiscal general -designado por Bolsonaro- quien tendría 30 días para decidir si se presentan efectivamente las acusaciones penales o no contra el presidente y los funcionarios señalados.
Si es acusado formalmente, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días mientras la Corte Suprema decide sobre el caso.
- Con asistencia de Leidys Becerra*
