Bogotá — En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca que se exonere de los costos operativos y financieros al Gobierno Nacional cuando realice transferencias monetarias no condicionadas a poblaciones vulnerables.
De primera impresión el proyecto de Ley luce beneficioso para la población vulnerable de Colombia, sin embargo, expertos e incluso el Ministerio de Hacienda han alertado sobre los efectos adversos que dicha medida podría tener en la inclusión financiera de la población en mención.
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Para poner en contexto, dada la magnitud de la crisis económica y social que ha derivado la pandemia del coronavirus, el Gobierno fortaleció el programa de transferencias condicionadas con giros adicionales a los tradicionales y creó Ingreso Solidario para llegarle con transferencias monetarias no condicionadas a familias que están en condición de vulnerabilidad que no recibían hasta entonces ningún subsidio estatal.
Como es sabido, el Gobierno debe asumir unos costos con las entidades financieras y sociedades especializadas en depósitos y pagos para que se haga la respectiva entrega de los subsidios ya sea a través de las cuentas de ahorro, corresponsales bancarios o giros tradicionales.
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En línea con lo anterior, en la justificación del proyecto de ley se expone que “según lo estipulan los contratos por cada transferencia exitosa del subsidio, en promedio asciende a $2.000 que asume el Gobierno Nacional con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome)”.
Continúan diciendo que “se estima, que las entidades financieras llegarían a cobrar alrededor de $6.000 millones por este servicio, los cuales el Gobierno cubre de manera que se garantice el acceso al subsidio de Ingreso Solidario”.
Por lo anterior es que se busca que a través del proyecto de ley, listo para su tercer debate, se exonere al Gobierno de dichos costos operativos y financieros. No obstante, ello también traería consecuencias negativas.
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Los posibles impactos del proyecto
De acuerdo con Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y experto en temas de pobreza, entre los efectos negativos que podría generar el proyecto de ley en mención es que “la exoneración de costos operativos de la transferencia podría constituirse en una barrera de entrada a muchos operadores que hoy conforman el ecosistema de inclusión financiera que se escaló durante la pandemia”.
El experto añade que “la pandemia removió ineficiencias en toda la cadena de valor de las transferencias. Los costos de dispersión y enrolamiento se desplomaron si se comparan con las licitaciones anteriores a Ingreso Solidario. Más competencia es mejor que rigidez y barrera normativa a la entrada”.
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Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda no se le concedió concepto favorable a dicha iniciativa. En los comentarios al proyecto de ley por parte de la cartera, el viceministro técnico, Jesús Bejarano, comentó que “obligar a las entidades financieras a ofrecer algún tipo de servicio gratuito puede generar un efecto de desincentivo para que las entidades presten estos servicios o productos, lo cual afecta el propósito de inclusión financiera que se quiere impulsar al canalizar los pagos de los subsidios a través del sistema financiero”.
También agrega que la prohibición del cobro de tarifas que propone el proyecto puede generar un efecto contrario al que persigue la iniciativa, ya que si bien los ordenadores del gasto, administradores y operadores de programas sociales podrán acceder a los servicios financieros de manera gratuita, la entidad financiera puede aumentar los precios en otros productos y servicios con el fin de compensar sus costos, incluso incrementando las tarifas asociadas a los productos y servicios ofrecidos a los beneficiarios de los programas sociales o a otros consumidores financieros.
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En línea con lo anterior, Bejarano expone que “no se evidencia en la exposición de motivos un análisis del impacto financiero y operacional para las entidades financieras. Conocer de manera previa el posible efecto de la norma permite contar con elementos de juicio para validar su viabilidad y permite prever las posibles consecuencias sobre los diferentes actores destinatarios de la norma”.
Por último, vale mencionar que según datos de Banca de las Oportunidades, en 2020 el 87,8% de los adultos colombianos tenía acceso a servicios financieros, lo que representó 32 millones de personas, en 2019 la cifra era del 82,5%. Entre los factores clave para dicho repunte estuvieron las transferencias monetarias del Estado en medio de la crisis.