Bloomberg Línea — El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa en la disputa por el contrato que finalizó con la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) y ahora presentó los descargos ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que tendrá que resolver la apelación que hizo la compañía brasileña luego de que se rescindiera el contrato para la expansión de la terminal aérea.
CNO presentó un escrito de 110 páginas en los que argumentó que Tocumen no tenía la capacidad de anular la relación contractual, pues inicialmente habían acordado que de presentarse este caso se debía solicitar un arbitraje, informó el diario local La Prensa. Además, la compañía argumentó que Tocumen ya se ha beneficiado de la operación de la nueva terminal, pues en febrero de 2020 se entregaron 116.000 metros cuadrados.
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Las autoridades panameñas han dicho que cuando se realizó la entrega en esa fecha, se identificaron más de 10.000 pendientes en las obras que debían ser solucionados antes de junio de 2020. Con los retrasos que causó la pandemia, se firmó una nueva adenda a principios de 2021, que el gobierno asegura que no se cumplió.
En los descargos, Tocumen argumentó que el incumplimiento de los términos del contrato lo facultaban para finalizar la relación y aseguró que CNO no cumplió con más de 400 trabajos pendientes en la terminal 2, informó La Prensa. Entre los faltantes, según el documento, está el sistema antisísmico de los ductos de enfriamiento y un retraso en la instalación del programa que controla el acceso a las puertas de abordaje, entre otros.
Los incumplimientos, agregaron los descargos, también incluyen daños en el techo, donde persisten filtraciones de agua, y la ausencia de luces en las plataformas de aterrizaje para permitir las operaciones nocturnas.
CNO ganó una licitación pública en 2012 para desarrollar las obras que permitirían ampliar la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones de personas al año. Cuando se conoció la decisión de Tocumen a finales de septiembre, la constructora brasileña argumentó que había un retraso en los pagos que había impactado en el desarrollo de las obras.
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No obstante, las autoridades panameñas dijeron que ya se han entregado US$910 millones de los US$917 millones que costaron las obras, incluyendo el contrato inicial y sus adendas.
La empresa brasileña también introdujo una advertencia de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la que le pide a los magistrados que le ordenen al Tribunal Administrativo que anulen la resolución con la que se finalizó el contrato y la inhabilitación de tres años para contratar con el Estado.
CNO es una unidad de propiedad de Novonor, conocida en el pasado como Odebrecht e inmersa en un escándalo de corrupción que incluyó a al menos 12 países, entre ellos Panamá, donde se comprometió a pagar una multa de US$220 millones.
