Bloomberg Línea — Un jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a cinco personas vinculadas a un presunto esquema de lavado de dinero, obtenido por medio de una red de sobornos y que involucra los contratos de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que entregan comida de manera mensual a personas que están registradas en un sistema que administra el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los acusados se encuentran socios del empresario colombiano Álex Saab, quien es un prominente aliado de Maduro y fue presentado ante un juez de Estados Unidos esta semana luego de que fuera extraditado a ese país el pasado fin de semana.
Los colombianos Carlos Rolando Lizcano Manrique y Álvaro Pulido Vargas, quienes han sido vinculados en los negocios que realizaba Saab, están en la acusación revelada hoy. Además, la medida alcanza al también colombiano Enrique Rubio Salas, y a los venezolanos Ana Guillermo Luis y José Gregorio Vielma-Mora, quien fue gobernador del Táchira entre 2013 y 2017 y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional.
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El esquema de soborno permitió obtener y retener contratos inflados, dice el comunicado del Departamento de Justicia.
“Obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora”, añade la nota oficial.
Los involucrados, según el Departamento de Justicia, inflaron los costos de los contratos para “pagar los sobornos y enriquecerse injustamente”. Las órdenes las habrían dado mientras estaban en Estados Unidos y transfirieron el dinero a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Los cinco acusados, agrega, recibieron cerca de US$1.600 millones del gobierno de Venezuela y transfirieron cerca de US$180 millones a través de o hacia Estados Unidos.
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El dinero también habría ido a parar a cuentas bancarias ubicadas en Antigua y Emiratos Árabes Unidos. Cada uno de los involucrados fue acusado con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión, dice la nota oficial.
Saab, ficha clave para el chavismo, enfrenta un proceso en Estados Unidos luego de que también fuera acusado de conspirar para blanquear el dinero obtenido de la trama de sobornos ilegales. El empresario fue capturado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y desde entonces Estados Unidos presentó una solicitud formal de extradición.
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y quien huyó de ese país tras romper con el chavismo, dijo que los alimentos de las cajas CLAP eran vendidos al gobierno venezolano con sobreprecios de hasta 112%.
