Nueva York — Este último 15 de octubre Fitch Ratings rebajó la calificación en moneda local de largo plazo del Perú de ‘BBB+’ a ‘BBB’, y revisó su perspectiva de negativa a estable. En esa misma línea, la agencia calificadora ha revisado a la baja los ratings de diversas empresas y operaciones presentes en el país, como Minsur (’BBB-’), Línea 2 del Metro de Lima (’BBB-’) y la Red Dorsal (’BBB-’).
Tras esta decisión, Fitch explicó que la rebaja de la calificación soberana del Perú refleja una “constante erosión a lo largo del tiempo del balance soberano del país” como resultado de una serie de shocks que se aceleraron en el 2020 por la recesión que generó la pandemia del Covid-19.
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“El índice de deuda del gobierno es sustancialmente más alto que en el 2013, cuando Fitch subió a Perú a ‘BBB’, y los colchones fiscales líquidos se han agotado, erosionando la solidez del balance del gobierno del Perú en relación con sus pares”, destacó la agencia.
En conversación con Bloomberg Línea, Kelli Bissett-Tom, directora de calificación soberana de América Latina de Fitch Ratings, explica con mayor detalle la revisión crediticia y comenta qué trayectoria debe seguir el país para recuperarse.
FACTORES DE LARGO PLAZO QUE CONSIDERÓ FITCH
En primera instancia, Bissett-Tom remarca que no atribuyen la reciente baja crediticia del Perú al desempeño de un gobierno frente a otro. Más bien, Fitch Ratings observa el deterioro general que ha sufrido el ambiente político del Perú en el último quinquenio; sin dejar de lado la responsabilidad que han tenido en ello los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Esta ha sido una especie de tendencia acumulativa acelerada por la pandemia. Si bien las finanzas públicas son una parte importante de la acción de calificación, queremos resaltar que es un proceso que suma varios factores”, precisa la ejecutiva.
Sobre este punto, es importante recordar que la agencia calificadora viene alertando al Perú sobre la debilidad de las instituciones nacionales y la necesidad de implementar reformas de largo plazo que permitan una mayor sostenibilidad y un crecimiento de calidad en el mediano y largo plazo para el país. No obstante, dadas las características del Congreso en los últimos años -un Parlamento fragmentado, donde el Ejecutivo no necesariamente tiene la fuerza o capacidad de negociación que antes tenía- Bissett-Tom reconoce que este es un factor limitante en la capacidad de sacar adelante las medidas que se requieren, sin importar quién asuma la presidencia.
Para Bissett-Tom, es clave entender que, en los últimos cinco años, lo que antes era percibido como ruido político en el Perú se tradujo cada vez más en obstáculos concretos para el avance del Estado; y al mismo tiempo, el constante conflicto en la cancha política retrasaba algunas decisiones de inversión privada local y extranjera. En particular, la especialista destaca que fueron clave los retrasos en algunos sectores de infraestructura.
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“La dificultad en los últimos cinco años para poner en marcha y resolver algunos de estos proyectos más antiguos, y también la postergación en el avance de grandes obras que ya estaban siendo ejecutadas, fueron los responsables de la gran caída en el crecimiento del Perú después de las revelaciones de corrupción relacionadas a la empresa Odebrecht en el 2016″, recuerda.
Por supuesto, Fitch Ratings no resta peso a la incertidumbre que ha generado la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, tanto por el tiempo que tomó reconocer los resultados electorales como por las primeras decisiones del presidente Pedro Castillo en cuanto a la composición de su Gabinete Ministerial.
“Vimos un resultado electoral en abril que mostró cómo, debido a la pandemia, algunos peruanos se sentían desde el interior del país hasta Lima, y eso se reflejó en el desarrollo de esas elecciones. Hubo un tiempo muy limitado para que el equipo del Ejecutivo entrante y la administración del nuevo gobierno alinearan a sus ministros y personas designadas; fue un período de transición institucional muy limitado y eso ha contribuido a una mayor incertidumbre política. Al extremo, esto generó una contraposición entre las posiciones de la plataforma política actual y la economía peruana orientada al libre mercado, lo que movió la aguja en las sensibilidades de la inversión privada local”, detalla Bissett-Tom.
La ejecutiva resalta que hubo muchas señales políticas mixtas en los primeros dos meses de la administración del gobierno de Pedro Castillo, y destacaron las tensiones entre el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y las figuras más moderadas del Gabinete Ministerial. Un punto álgido que evidenció el nivel del conflicto fue el manejo de las renegociaciones anunciadas con el proyecto Camisea.
“Avanzando rápidamente hasta octubre, tenemos algunas señales más moderadas en la intención del Ejecutivo. Resalta, por ejemplo, la nominación formal de Julio Velarde que continúa como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), pero luego también el nombramiento de tres economistas que si bien pueden ser más cercanos a la izquierda, cuentan con las exigencias técnicas necesarias para el cargo y brindan una señal al mercado sobre la continuidad de la política del BCR en cuanto a inflación y subidas de la tasa de interés de referencia”, opina Bissett-Tom.
La especialista no duda que las tensiones al interior del gobierno entre quienes son más moderados y quienes tienen posiciones marcadas de izquierda persistirán; así como dentro del partido Perú Libre, que no presenta un frente unido en el Congreso con respecto al voto de confianza que se le debe otorgar al actual Gabinete Ministerial.
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“Esas tensiones serán continuas, pero son más consistentes con el nivel de calificación actual de ‘BBB’. Esta calificación encapsula un buen grado de desafíos políticos de gobernabilidad en curso, pero también el riesgo de volatilidad”, comenta Bissett-Tom.
Con el mayoritario voto a favor que se dio ayer en el Congreso por la insistencia de la norma que regula la vacancia presidencial y la cuestión de confianza, que fue observada y criticada por el Ejecutivo, se comprueba una vez más que las tensiones entre ambos poderes de Estado están lejos de cesar.
¿POR QUÉ EL OUTLOOK ES ESTABLE Y NO NEGATIVO ANTE LOS RIESGOS VIGENTES EN PERÚ?
Aunque Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia del Perú en una escala, la perspectiva que la agencia tiene sobre el país pasó de negativa a estable. Bissett-Tom explica que una de las razones por las que se colocó dicha perspectiva es que el nivel actual de calificación ya abarca un margen bastante alto de ruido político, así como el riesgo de desafíos continuos de gobernabilidad y volatilidad política.
“Este tipo de tensiones en curso entre moderados y políticos más de izquierda, o tensiones con el Congreso que podrían renovar la amenaza sobre el voto de confianza o mociones de censura a ministros del gabinete; eventos de esta naturaleza son consistentes con nuestra línea base”, explica.
En línea con la perspectiva de Fitch Ratings, la especialista precisa que en el 2023 perciben mayores riesgos en la trayectoria fiscal ante los supuestos de menor crecimiento potencial, así como la posibilidad de que las tasas de interés que paga el país por su deuda sean más altas. Sin embargo, la agencia no deja de reconocer que la fortaleza macroeconómica del país aún está vigente, con lo cual una perspectiva estable tiene mayor sentido.
“Una ventaja que continúa para el Perú es su historial de disciplina fiscal y todavía le damos crédito al país por ello en nuestras expectativas de calificación, a pesar de la rebaja. Creo que es una señal crediticia positiva que el gobierno planee sus nuevos gastos de forma alineada con los ingresos fiscales; eso demuestra una sostenibilidad fiscal que se mantiene”, considera.
Pero, nuevamente, las preocupaciones de Fitch para el Perú están más en las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo. “Si las demandas sociales se vuelven más estrictas, los recursos económicos están más restringidos y las tasas de interés continúan subiendo, puede ser más difícil administrar el presupuesto con tanta precisión como lo han hecho los gobiernos anteriores”, destaca Bissett-Tom.
“Las tensiones en Perú serán continuas, pero son más consistentes con el nivel de calificación actual de ‘BBB’. Esta calificación encapsula un buen grado de desafíos políticos de gobernabilidad en curso, pero también el riesgo de volatilidad”.
Kelli Bissett-Tom, directora de calificación soberana de América Latina de Fitch Ratings.
Es importante mencionar que la calificación de ‘BBB’ otorgada por Fitch Ratings refleja, también, cuán bajas son sus expectativas de crecimiento. La especialista reconoce que la economía peruana podría estar expandiéndose mucho más rápido y mejor.
De hecho una de sus conclusiones clave es que en los últimos cinco años resaltó la desaceleración sostenida en las perspectivas de crecimiento mediano plazo, con lo cual es más fácil que la incertidumbre o poca certeza política actual se extienda al clima empresarial.
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“Un 3% de crecimiento promedio no es algo para preocuparse tanto, pero para un país que ha crecido a tasas de hasta 5% o 6% en años anteriores con más inversión minera, pero también con una fuerte inversión no minera, lo es. También es preocupante la diversidad limitada de la cartera de crecimiento, debido a que las inversiones no mineras no crecen al ritmo necesario y el país está expuesto a la volatilidad de los precios del cobre. El crecimiento y la calidad de la expansión económica en el Perú es lo que se está volviendo más preocupante”, precisa Bissett-Tom.
¿QUÉ PUEDE FORTALECER LA TRAYECTORIA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL PERÚ?
Para Fitch Ratings se requiere un impulso hacia reformas de largo plazo en rubros como el sistema de pensiones y el mercado laboral, así como el fortalecimiento de otros sectores económicos que permitan un crecimiento más diverso. Sin embargo, la agencia reconoce como poco probable que se concreten ambos escenarios en el mediano plazo.
“El Perú requiere aumentar sus capacidades de crecimiento de valor agregado e impulsar la diversidad económica que contribuya permanentemente a ingresos por ganancias de capital. También existen limitaciones administrativas y burocráticas que deben abordarse”, comenta Bissett-Tom.
En el corto plazo, la especialista resalta que el Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez puede darle al gobierno una base más sólida para obtener el voto de confianza; y también considera que el Ejecutivo está en una posición más conciliadora para negociar con empresas del sector energético y minero las posibilidades de que el Estado obtenga mayores ingresos por dichas actividades.
“Para el gobierno que quiere enviar señales de estabilidad de políticas macroeconómicas y al mismo tiempo enfocarse en ciertas áreas de renegociación de contratos, vemos un enfoque más coherente con este gabinete. Está claro que el gobierno quiere lograr fines más sociales con cambios particulares y tal vez veamos más de estas señales de moderación, que son más pragmáticas, pero también un mayor esfuerzo en fortalecer la comunicación y una mejor gestión de expectativas con el sector privado. Es una lectura muy temprana, pero respalda la perspectiva estable que hemos puesto frente a la perspectiva negativa que sería más consistente con las señales que estuvo dando el país anteriormente”, apunta Bissett-Tom.
BONUS TRACK: ¿ASAMBLEA CONSTITUYENTE A LA VISTA?
Aunque Fitch Ratings es consciente de que diversos sectores del Ejecutivo y Legislativo buscan impulsar una Asamblea Constituyente para obtener una nueva Constitución, Bissett-Tom indica que el avance de esta propuesta todavía está fuera de su línea de base por la limitada probabilidad de que se den avances sustanciales en la materia en el corto plazo. No obstante, advierte que este evento podría tener efectos negativos para la economía peruana y su evaluación sobre la misma, así como para las perspectivas de contribución de la inversión privada en los próximos años.
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“Hemos escuchado del sector privado que se está avanzando la recolección de firmas para impulsar la Asamblea Constituyente, pero esa ruta podría tomar al menos otros tres o cuatro meses, y por otro lado el avance de esta propuesta en el Congreso tomaría potencialmente uno o dos años. Es un cronograma muy incierto, muy ad hoc. Por lo que hemos escuchado de analistas políticos y expertos locales, la mayoría prefiere aún no incluir este riesgo en su línea de base”, puntualiza la ejecutiva.
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