Bloomberg — Senadores brasileños dijeron que Jair Bolsonaro debería ser acusado de nueve delitos, incluyendo charlatanería, prevaricación y crímenes de lesa humanidad. Esa es su conclusión de una investigación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. No obstante, es poco probable que tenga un impacto a corto plazo en el destino político del presidente.
Una comisión del Senado presentó el miércoles un informe final luego de seis meses de acaloradas audiencias y discusiones, que incluyeron el testimonio de los cuatro hombres que ocuparon el cargo de ministro de Salud desde el inicio de la pandemia, aliados y enemigos de Bolsonaro, empresas que impulsaron tratamientos tempranos no probados y pacientes de Covid-19.
A Bolsonaro se le achaca en gran medida el errático manejo de la pandemia por parte de Brasil: desestimó la enfermedad como una simple gripe, rechazó las mascarillas y las vacunas y animó a sus seguidores a ignorar las restricciones impuestas por los estados y las ciudades para frenar la propagación del virus. El país tiene más de 600.000 muertes por la enfermedad, lo que lo convierte el segundo con mayor cantidad después de Estados Unidos, y registra con más de 21 millones de casos.
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El informe oficial acusa al presidente de trabajar en contra de la evidencia científica, actuando con “evidente desprecio” por la vida de las personas, como lo demuestra el “retraso deliberado” en la compra de vacunas. También dice que trabajó “intensamente” para difundir noticias falsas sobre la pandemia.
“Con este comportamiento, el gobierno, que tenía el deber legal de actuar, aprobó la muerte de millones de brasileños”, dice un extracto del documento presentado por el senador Renan Calheiros, relator de la investigación. “El gobierno de Bolsonaro socavó incuestionablemente la salud pública”.
El reporte también sugirió la imputación de otras 67 personas y empresas, entre los que se encuentran ministros y exministros, médicos que recetaron medicamentos inefectivos y tres de los hijos de Bolsonaro -el senador Flavio, el legislador Eduardo y el concejal Carlos- por fomentar delitos al difundir noticias falsas.
Los senadores todavía tienen que votar sobre el informe, algo que se espera que ocurra el próximo martes. El Senado no puede proponer demandas formales contra Bolsonaro, sino que sugiere cargos al fiscal general, Augusto Aras. Aras, que fue nombrado por el presidente, puede entonces decidir si proseguir con los cargos o retirarlos.
Una investigación de los casos podría conducir a una solicitud de juicio político, aunque eso se ve como muy poco probable - el presidente de la cámara baja, Arthur Lira, la única persona responsable de poner en marcha tales procedimientos, es un aliado de Bolsonaro que ha estado posponiendo lidiar con docenas de solicitudes durante meses.
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La presidencia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La semana pasada, cuando partes del documento comenzaron a filtrarse en la prensa local, Bolsonaro llamó a Calheiros “bandido”.
“Esta acusación, para todo el mundo, dirá que soy un asesino”, dijo Bolsonaro a un grupo de seguidores. “No he visto a ningún gobernador acusado de asesinato en Brasil por la pandemia”.
Se esperaba que el informe acusara a Bolsonaro de delitos más graves, incluido el asesinato por omisión. Las acusaciones fueron retiradas en el último minuto en medio de una intensa reacción entre los senadores de que el relator se había extralimitado.
Bolsonaro, uno de los únicos líderes mundiales que se ha negado a vacunarse, ha exacerbado su estilo confrontativo durante la pandemia. A medida que se acumulaban las muertes y los casos, frecuentemente aparecía en los titulares con comentarios como “todo el mundo se muere, ¿qué quieres que haga?” y “los brasileños saltan y se tiran a las alcantarillas abiertas y no pasa nada.” Impulsó medicamentos no probados, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, como solución al brote, al tiempo que ponía en duda las vacunas y los datos del gobierno y criticaba los cierres.
Al principio de su investigación, el Senado se centró en el retraso del gobierno en la adquisición de vacunas, lo que llevó a un inicio lento y tardío de las inmunizaciones en la mayor economía de América Latina. La investigación descubrió que la administración de Bolsonaro había ignorado repetidas ofertas de Pfizer Inc. para comprar vacunas en 2020. Las acusaciones de presunta corrupción en los contratos de vacunas también fueron parte de la investigación.
Desde entonces, los esfuerzos de inmunización han repuntado. Brasil tiene ahora más del 74% de su población vacunada con al menos una dosis, muy por encima de las tasas observadas en Estados Unidos y la Unión Europea. Como resultado, los casos y las muertes se han reducido incluso mientras la economía se reabre.
Bolsonaro, que se presenta a la reelección el año que viene, ha visto cómo su popularidad cayó a mínimos históricos en medio de la pandemia y de su consiguiente coste económico. La inflación, que ha superado el 10% anual en medio de un aumento de los costos de los alimentos y el combustible, ha erosionado aún más su posición, y se encuentra por detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal rival político, en la mayoría de las encuestas.
En las investigaciones del Congreso en Brasil, “puede pasar de todo o nada”, dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, un abogado penalista que ha trabajado durante años para docenas de políticos investigados. En este caso, dijo, la gente se sentirá frustrada si no ocurre nada. Cree que ese será el caso.
“El presidente de la Cámara Baja no tiene que someter a votación el juicio político, y el fiscal general no tiene la obligación de aceptar los cargos”, dijo. “Los cargos estarán en manos de dos personas con poderes imperiales que pueden simplemente no hacer nada”.
-- Con la ayuda de Marisa Wanzeller.
