Bogotá — Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, está en la mira de la Contraloría General de la República por presunto detrimento patrimonial de $646 millones.
Puntualmente, el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Quintero por un contrato que firmó cuando estaba a cargo de Innpulsa. El contrato se dio en 2016 para otorgarle recursos de cofinanciación a la empresa Q1A S.A.S. para la “implementación de tecnología score para el sector textil y confección”.
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En dicho contrato se buscaba “incrementar los niveles de productividad de 20 pymes proveedoras del sector textil y confección mediante los módulos 1 y 3 de score, en promedio de 15% durante los 10 meses de implementación, vez que se impacten otros indicadores de productividad y sostenibilidad”.
La entidad afectada es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial, hoy patrimonio autónomo de Innpulsa Colombia. El presunto detrimento equivale a la totalidad de lo pagado “toda vez que el objeto contractual no se cumplió”, detalla la Contraloría al agregar que la Universidad de Antioquia fungió como interventor del proyecto y Fiducoldex fue el vocero de Innpulsa.
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El ente de control añadió que “no se alcanzaron las metas de incrementar los niveles de productividad en un 15% durante los 10 meses de implementación, situación que refleja falencias de planeación poniendo en riesgo la adecuada ejecución de los objetivos contractuales, afectando los resultados esperados”.
En línea con lo expuesto hasta ahora se explica que Quintero, “para la época de los hechos firmó el acuerdo contractual por lo que tenía responsabilidad en el cuidado del manejo de los recursos públicos entregados al contratista, lo cual no hizo como ordenador del gasto”.
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Así mismo, Quintero debía realizar seguimiento y control a las actividades relacionadas con el contrato desde la etapa contractual hasta su liquidación “así como verificar el adecuado desarrollo de la etapa de planeación (tales como estudios previos, de mercado, verificación de capacidad del proponente, entre otras), por lo que se le vinculará como presunto responsable fiscal”.
La Contraloría también especificó que al proceso fueron vinculados la Compañía Q1A S.A.S, Andrés Raúl Guzmán Toro y Silvio Augusto Ignacio Gaitán Villegas.
