Buenos Aires — Héctor Torres fue director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional en representación de Argentina en un período clave: el de 2004-2008. En aquella época, el país, gobernado por Néstor Kirchner, pagó una deuda por US$9.810 millones, luego de años de tensas negociaciones con el organismo multilateral.
El abogado con estudios de posgrado en derecho económico internacional regresó a esa posición entre 2016 y 2017, tras ocupar entre 2013 y 2015 el mismo cargo, pero en representación de Brasil. Su retorno al Fondo se produjo antes de que el organismo cerrara el acuerdo Stand By por más de US$50 mil millones con el Gobierno de Mauricio Macri.
Actualmente, Torres es Senior Fellow en el Center for International Governance Innovation (Canadá), profesor invitado en la Universidad Di Tella (Buenos Aires) y conferencista en la Queen’s University (Canadá).
Desde Ginebra, contestó vía mail las preguntas de Bloomberg Línea, y analizó el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo, que esta semana estuvieron marcadas por el encuentro en Washington entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y la titular del fondo, Kristalina Georgieva.
Bloomberg Línea: Según la carta orgánica del FMI, ¿corresponde el reclamo argentino de eliminar las sobretasas?
Héctor Torres: El pedido de revisar los recargos no es un sólo un “reclamo argentino” y hay que analizarlo en el contexto de la incapacidad del FMI de actualizar las cuotas de los países. Las cuotas de los países en el Fondo son muy importantes. Determinan la cantidad de votos y también determinan un umbral para lo que se llama “acceso excepcional”. El problema es que las cuotas son calculadas sobre la base de una fórmula que no refleja adecuadamente el crecimiento de las economías de sus países miembros y, por ende, sus potenciales necesidades de asistencia financiera. Año tras año, el directorio del Fondo fracasa en cumplir con un mandato: el de acordar “una nueva fórmula” que permita aumentar las cuotas de los países de crecimiento más dinámico, fundamentalmente las llamadas economías emergentes.
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¿A qué responde ese fracaso?
No es un fracaso casual; es, más bien, el resultado del sistemático bloqueo de esa negociación por parte de los países que perderían poder relativo en el manejo del FMI. Fundamentalmente, Europa, EEUU y Japón. A su vez, el directorio tampoco ha logrado aumentar las cuotas (en forma proporcional al crecimiento de la economía mundial), ni aun usando la fórmula “vieja”. Como resultado, las cuotas de los países en el FMI son proporcionalmente cada vez menores, por lo que el FMI depende crecientemente de capital “prestado” (que no otorga votos adicionales). Por ende, solicitar asistencia financiera por encima del umbral del 187.5% de la cuota es cualquier cosa menos “excepcional”, y usar ese umbral (187.5% de cuotas obsoletas) para gatillar sobrecargos, además de ridículo, es profundamente injusto. A esto se agrega que, durante la pandemia, los países que no pueden emitir activos de reserva internacional, necesitan pedir prestado más dinero y por períodos de tiempo más largos. En síntesis, la Argentina “se subió” a un reclamo que no debería verse “contaminado” con nuestro caso.
En el marco de las negociaciones, ¿el principal objetivo del equipo económico argentino debe apuntar hacia ese aspecto?
Lo principal para nosotros no son ni los sobrecargos, ni tampoco los cargos del FMI. Lo principal es usar el próximo programa de facilidades extendidas para reformar la economía, ganar competitividad, promover inversiones y la creación de empleo privado formal. En síntesis, sentar las bases de un crecimiento sostenible.
¿Es normal que un posible rechazo del FMI al pedido argentino trascienda en una reunión informal?
Es muy normal que el directorio se reúna de forma informal para considerar un pedido. Es una forma de “probar el agua”. La reunión formal se convoca sólo si se considera que la iniciativa tiene apoyo suficiente.
Usted sostiene que Kristalina quedó debilitada. En ese sentido, ¿cuál sería el mejor escenario para Argentina?
Kristalina movilizó un fuerte apoyo político y logró mantener su cargo, eso es importante, pero no fue eximida de los cargos. El informe preparado para el Banco Mundial creó gran preocupación en una institución que exige estadísticas creíbles de sus miembros y cuya credibilidad depende de la confianza que inspire su análisis técnico. Kristalina fue acusada de usar criterios políticos para torcer evaluaciones técnicas y, no fue “absuelta”. Yellen lo puso muy claro, “absent further direct evidence (…) there is not a basis for a change in IMF leadership” (NdR: “En ausencia de más evidencia directa (…) no hay argumentos para un cambio en el liderazgo del FMI”).
En este entramado, ¿cómo queda la negociación entre el fondo y Argentina?
Hay muchas formas en las que Kristalina podría ayudarnos, pero si hay algo que seguramente se cuidará mucho de hacer, es de usar criterios políticos para torcer evaluaciones técnicas del staff del FMI.
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¿Al país le conviene dilatar las negociaciones?
Las negociaciones están todo lo dilatadas que se puede esperar. Dilatarlas más es quedarse sin reservas y jugar con el default.
El Gobierno insiste en que el FMI debe ser autocrítico respecto al programa que estableció con la administración Macri, y que eso debe formar parte del nuevo acuerdo. ¿Cree que el FMI hizo esa autocrítica?
El Fondo preparó un “ex post evaulation report”. Me consta. Pero no lo ha publicado. Esto es algo anormal. Esos informes tienen por objetivo aprender de errores. No publicar un informe antes de cerrar el próximo acuerdo me parece totalmente contrario a la cultura del aprendizaje que el Fondo dice practicar. La única justificación es política y eso me parece inaceptable.
¿Qué tan viable es la propuesta que Alberto Fernández formalizó en la Asamblea General de la ONU de habilitar canje de deuda por acciones climáticas? ¿Una alternativa de este tipo puede formar parte de la negociación?
El cambio climático es un desafío muy serio para todos y la Argentina no es una excepción. El primer paso es que la energía tenga un precio que refleje, al menos, su costo de producción. A eso hay que ir agregándole un precio para la externalidad, para las emisiones de carbono. Hablar de canje de deuda por acciones climáticas mientras que se alientan las emisiones con subsidios a la producción y al consumo de hidrocarburos es una contradicción flagrante. Es como proponer prender el aire acondicionado, pero sin apagar la calefacción.
¿Cuánto afectan en las negociaciones todo el ruido interno que constantemente emerge en el Frente de Todos?
Mucho. En una negociación es importante que ambas partes tengan capacidad de tomar compromisos. Tenemos un ministro de economía fuertemente cuestionado dentro del propio espacio de gobierno. En ese contexto, le pedimos que negocie un acuerdo a 10 años y, además, algunos esperan que sea a 20 años.
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