Santiago — Diputados opositores presentaron formalmente este miércoles una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la polémica venta del proyecto minero y portuario Dominga en Islas Vírgenes Británicas, en 2010. Según el texto ingresado en el Congreso, el mandatario sería responsable de actos en su administración que “comprometieron gravemente el honor de la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”.
El procedimiento está basado en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), a través de los llamados “Pandora Papers”, que reveló detalles de cómo la familia Piñera Morel vendió su participación de Dominga al amigo del presidente de Chile y empresario, Carlos Alberto Délano. Una cláusula, investigada también por la Fiscalía, es lo que compromete al jefe de Estado, ya que condiciona un tercer y último pago a que no se declare como zona protegida las cercanías donde se levantará el proyecto minero, una acción que dependía del gobierno de Piñera.
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Los legisladores opositores dicen que el mandatario usó su cargo para su provecho personal, pero el Ejecutivo indica que existen fines electorales detrás de acusación. “Quieren quitarle a los chilenos la posibilidad de hacer un traspaso de mando democrático y republicano como ha ocurrido desde el retorno a la democracia”, dijo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.
El Congreso definió por sorteo a cinco parlamentarios para conformar la comisión revisora del libelo y determinar su admisibilidad. Se trata de Maya Fernández (Partido Socialista), Florcita Alarcón (Partido Humanista), Paulina Núñez (Renovación Nacional), el independiente Pepe Auth y Virginia Troncoso (independiente-UDI). De ser aprobada en esa instancia, la solicitud de juicio político pasará a la Cámara de Diputados para ser votada y, en caso de contar con la mayoría de los respaldos, seguirá su curso en el Senado.
Se espera votar la acusación constitucional antes de la primera vuelta presidencial, el 21 de noviembre. Si es aprobada por los legisladores, Piñera podría ser destituido de su cargo antes de finalizar su segundo mandato, en marzo de 2022.
El escándalo se produce un mes antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y salpica al candidato oficialista Sebastián Sichel, que en las últimas semanas ha descendido del segundo lugar hasta la cuarta posición en las principales encuestas de Chile.
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