Bogotá — Centros Poblados se volvió famoso en Colombia tras el polémico contrato que ganó con el MinTIC en el que se le entregó un anticipo de $70.000 millones sin avance en las obligaciones. Con ese contrato se buscaba llevarle internet a las zonas rurales de Colombia.
Tras ese caso el contralor general, Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional toda la contratación que por más de $1,1 billones han realizado desde el año 2014 las cuatro firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo.
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Hay que recordar que las firmas que componen Centros Poblados son: Omega Buildings Constructora, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería Seguridad e Innovación (Funtics, ahora Novotic).
De acuerdo con la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción será la encargada de abrir las indagaciones preliminares contra las firmas en mención.
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La decisión de declarar de impacto nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos que tiene Centros Poblados en el país se tomó con base a la ley colombiana mediante la que se busca “fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.
Según había dicho en su momento Karen Abudinen, ministra de las TIC que salió de su cargo por el polémico caso con Centros Poblados, el 19 de agosto el Ministerio inició el cobro coactivo en contra de la UT Centros Poblados y sus integrantes, por lo que embargó los bienes y activos de los socios, entre estos, más de 21 cuentas bancarias, 70 vehículos y varios edificios y lotes.
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