Bloomberg Línea — El Consejo de la Unión Europea informó el lunes a través de un comunicado que decidió extender las medidas restrictivas relacionadas con la situación política en Nicaragua hasta el próximo 15 de octubre de 2022.
Las sanciones, que se introdujeron por primera vez en octubre de 2019, están dirigidas a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho, según consideraciones de la organización europea.
Actualmente, las restricciones afectan a un total de 14 personas, entre ellas, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega; Bayardo Arce, consejero económico de Ortega; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Alba Ramos, presidenta de la Corte Suprema; Ana Guido, fiscal general del país; y Juan Carlos Ortega, hijo del presidente.
Ortega fue uno de los líderes del Sandinismo que ayudó a derrocar un régimen autoritario en Nicaragua. Estuvo en el gobierno de 1979 a 1990. Luego regresó al poder en 2007, desde entonces ha sido cuestionado por presuntas violaciones de derechos humanos y de querer mantenerse a la fuerza en el cargo presidencial junto a su esposa.
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Los que figuran en la lista están sujetos a congelación de activos y a una prohibición de viaje a la Unión Europea, lo que les impide no solo ingresar a la UE sino también transitar por sus territorios. Además, los ciudadanos y entidades de la Unión tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Según la delegación de la Unión Europea en Nicaragua, las sanciones “están diseñada para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país”.
Llamado a la democracia
El pasado 10 de junio, la UE hizo un llamado a Nicaragua para que restaurara el diálogo y la democracia, en busca de dar solución a la crisis política, económica y social que atraviesa el país centroamericano. Además, le pidió poner fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes y los activistas; así como garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y civiles en el país.
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Sin embargo, según la Unión Europea, en lugar de eso, el “gobierno nicaragüense ha intensificado la represión, ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos y miembros de la academia, medios de comunicación y sociedad civil, sin respetar el debido proceso”. El Consejo indicó que es por esta razón que decidió ampliar las restricciones por un año más.
Los funcionarios europeos también indicaron que el gobierno de Ortega y Murillo han eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria para el próximo 7 de noviembre, “privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes.