Caracas — Tras haber anunciado una restructuración de Monómeros Colombo-Venezolanos hace casi un mes, el líder opositor Juan Guaidó -reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países, desde enero de 2019- presentó su propuesta para la filial en Barranquilla, Colombia, de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), luego de que esta fuera sometida a control por la Superintendencia de Sociedades de ese país.
La propuesta de Guaidó, presentada virtualmente este martes ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 -que extendió su mandato por un año, hasta enero de 2022-, contempla la designación de un gerente general provisional para la empresa, así como la creación de una comisión a cargo de su restructuración, con funciones definidas.
El partido opositor Primero Justicia (PJ), que ha defendido otra propuesta para la “protección” de los activos venezolanos en el exterior y que finalmente se desligó del denominado “gobierno interino” en cuanto a la gestión de activos, había solicitado diferir el punto de la presentación de la propuesta, pero la solicitud fue negada tras votación de los diputados. En una próxima sesión del Parlamento opositor se espera una discusión sobre el decreto para designar la comisión de reestructuración propuesta por Guaidó.
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“Hemos ejercido y estamos ejerciendo acciones que procuren la máxima transparencia de cara a los venezolanos”, publicó Guaidó, poco después de la presentación ante la AN, al divulgar la propuesta en su cuenta de Twitter.
Pero, para una importante ONG local, Transparencia Venezuela, la gestión de recursos públicos del denominado gobierno interino ha sido más bien opaca. “Urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos, no solo por el gobierno de Nicolás Maduro sino también por el gobierno interino, además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas”, comenzó diciendo la mencionada ONG en un extenso comunicado publicado este mismo martes, y en el que exhorta al denominado gobierno interino, encabezado por Guaidó, a encontrar mecanismos para rendir cuentas “de calidad”.
“(Que) respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas”, exhortó Transparencia Venezuela, al tiempo que aseguró que estas eran de “suma preocupación”.
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En general, la ONG se refirió a denuncias que presuponen un manejo opacto de las finanzas públicas, la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados, así como a las de supuestos sobornos para la recuperación de activos, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior.
Con respecto a Monómeros, específicamente, se refirió a las denuncias de supuesta corrupción e intromisión de representantes de partidos políticos opositores en el manejo de la empresa. El exrepresentante de Guaidó en Colombia, el exministro venezolano Humberto Calderón Berti, dijo este 30 de septiembre que el responsable de todo lo sucedido con Monómeros era el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, unas declaraciones que posteriormente López calificó de de “infundadas”.
Pero antes, en una carta pública suscrita por la expresidenta de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, esta aclaraba: “Nunca he sido parte de Voluntad Popular (VP) ni se puede afirmar que mi valor consiste en ser ‘la mano derecha’ de Leopoldo López. Rechazo, sin titubeos, una descalificación que es falsa, reduccionista y machista”.
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En cualquier caso, Transparencia Venezuela destacó: “Ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia”.
Otros casos
Además del caso de Monómeros, Transparencia Venezuela se refirió también al del principal activo de Venezuela en el exterior, Citgo Petroleum Corporation, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en los Estados Unidos, y advirtió: “La extensión de la licencia 5H es incierta, ante un posible cambio de política del gobierno estadounidense a partir de esa fecha (enero de 2022), y las acciones de los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 pudieran estar dirigidas a la liquidación o capitalización de las participaciones de Citgo, situación que pone en riesgo los activos venezolanos en el extranjero, cuya salvaguarda ordenan tanto el Estatuto de la Transición como la Constitución venezolana”.
Además, Transparencia Venezuela señaló un “incumplimiento manifiesto” por parte de la Asamblea Nacional al supuestamente no proveer los recursos para la defensa de los intereses de Venezuela en importantes litigios como el de los Bonos Pdvsa 2020, el arbitraje de la petrolera ConocoPhillips y un conjunto de casos adicionales “que, por no contar con presupuesto, no tienen el respaldo de abogados designados y están expuestos a la potencial y muy significativa pérdida de intereses del país”.
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“La opinión pública desconoce, a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador (de que no se ha aprobado el presupuesto 2021 para hacer posible la contratación de apoderados judiciales). Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad pues no se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero, sino de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales”, dijo la ONG.
Antes, esta semana, la procuraduría del denominado gobierno interino había rechazado, mediante un comunicado, las acusaciones sobre “abandono” de juicios en defensa de activos del Estado, y aseguró que había venido “defendiendo”, desde marzo de 2019, hasta el presente, los derechos e intereses del Estado Venezolano en el extranjero, “participando en múltiples procesos judiciales y arbitrales, la mayoría de ellos, con motivo de obligaciones o pretensiones indemnizatorias derivadas de actuaciones ilícitas o irresponsables de los regímenes de Chávez y Maduro”.
Además, Transparencia Venezuela, denunció “debilidades” de la denominada Contraloría Especial, designada en febrero de 2020 y cuya estructura oficial aseguró y actuaciones -advirtió la ONG- se desconocen. “La ausencia de una institución de control con una verdadera capacidad para velar por el resguardo y buen manejo de los recursos públicos es una grave falla”, acotó.
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Sin hacer referencia al documento de la ONG, Guaidó insistió al final de la tarde de este martes en promover su propuesta para Monómeros a través de las redes sociales, y pasó la pelota de la “transparencia” a los funcionarios que debatirán la propuesta en la próxima sesión del parlamento opositor: “Como hoy, al rechazar el diferimiento, espero contar con el apoyo de todos los partidos y liderazgos para la reestructuración. Venezuela quiere ver a dirigentes pidiendo transparencia y tomando acción firme. No quiere verlos obstaculizando decisiones, incluso solicitadas por la institución contralora e independiente en el vecino país para proteger activos”.
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