Lima — Para la agencia calificadora Moody’s el sector energético en el Perú “enfrenta un riesgo limitado de que la nueva administración aumente el control estatal“ sobre las reservas de petróleo y gas, en un contexto en el que el presiente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazó al consorcio Camisea con nacionalizar el yacimiento ubicado en la región de Cusco si las empresas no renegociaban “mayores utilidades” para el país con el Estado peruano.
Moody’s percibe este escenario de bajo riesgo ante un escaso apoyo del Congreso a los cambios constitucionales que desalentarían la inversión de capital en el sector y dañarían el acceso del Perú a la energía que actualmente requiere.
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“Los sectores de energía, transporte, industrial y residencial de Perú imponen una gran demanda a su industria de petróleo y gas. Camisea produce casi todo el gas natural y los líquidos de gas natural (LGN) de Perú, por lo que sin Camisea, la propia producción de hidrocarburos de Perú no cubriría su demanda interna de productos refinados y gas natural”, apunta la agencia.
Asimismo, remarca en un informe publicado este lunes que los contratos de licencia que respaldan los activos privados de petróleo y gas en el Perú brindan estabilidad legal al consorcio Camisea, cuyo contrato-ley (ley de contratos) el gobierno peruano no puede modificar unilateralmente.
“Sin embargo puede ocurrir una renegociación, en detrimento de la generación de flujo de caja libre de Camisea”, advierte Moody’s.
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Además, la agencia reconoce que existe presión política para aumentar los impuestos sobre el proyecto Camisea.
“La producción de LGN de Camisea abastece alrededor del 86% de la demanda de gas licuado de petróleo (GLP) del Perú del sector de generación de energía. Gran parte de la producción de Camisea está reservada para el consumo interno, lo que le brinda a la nación un flujo creciente de energía limpia con costos de electricidad más bajos que los de los combustibles de hidrocarburos tradicionales, y esto beneficia el crecimiento industrial del Perú y reduce su dependencia de las importaciones”, detalla Moody’s.
En tanto, la agencia recuerda que junto con Trinidad el Perú es uno de los dos únicos exportadores de gas natural licuado (GNL) en América Latina y el Caribe, “lo que ayuda al país a generar ingresos en moneda fuerte al mismo tiempo que compite en el extranjero a medida que aumenta la demanda de gas natural en todo el mundo”.
EQUILIBRIO DE RIESGOS PARA EL SECTOR MINERO
Aunque Moody’s reconoce las demandas de cambio social de la nueva administración, liderada por el presidente Pedro Castillo, la agencia asume un equilibrio de los riesgos de impuestos más altos y regalías más altas, sin incumplimiento de los acuerdos de estabilidad tributaria (CST), para las empresas mineras que operan y tributan en el país.
“La minería representa casi el 9% del PBI del Perú y el 62% de sus exportaciones, atrayendo alrededor del 23% de la inversión extranjera directa de Perú durante 2010-2020. Pero en un escenario más extremo, el gobierno aumentaría los impuestos a la minería, renegociaría los contratos o nacionalizaría los activos mineros”, comenta Moody’s.
Según la agencia, la industria de la minería en el Perú generó US$3.000 millones en impuestos en la primera mitad del 2021, en un contexto de altos precios de los metales, más que cualquier contribución anual desde el 2012.
Además, identifica que los nuevos impuestos y una mayor supervisión gubernamental afectarían a todas las empresas mineras en Perú, pero especialmente a las que operan solo dentro del país, como Buenaventura o Volcan.
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“El proyecto Tía María de Southern Copper Corporation en el Perú sigue siendo vulnerable a cambios en la supervisión, con base en su historial de oposición social, pero la compañía tiene cierta protección de sus operaciones en México y sus costos de producción muy competitivos. Compañía de Minas Buenaventura y Volcan Compañía Minera son especialmente vulnerables debido a su escala relativamente pequeña y métricas crediticias más débiles”, explica Moody’s.
Además, la agencia alerta que los cambios en las concesiones o políticas actuales que retrasan las licencias o aumentan las regalías o los impuestos en minería retrasarían los proyectos actuales, debilitarían el flujo de caja, recortarían los márgenes y desalentarían la inversión en el sector minero peruano, especialmente para las empresas con operaciones únicamente en Perú.
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“Los próximos años traerán mucho más escrutinio y supervisión gubernamental de la minería por preocupaciones relacionadas con ESG en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre y plata y el tercer mayor productor de zinc en 2020. Consideraciones sociales tales como consultas con comunidades y procedimientos adicionales para los permisos tendrán un papel especialmente importante en esta supervisión”, puntualiza Moody’s.
