Santiago — El presidente Sebastián Piñera negó irregularidades en la compraventa del proyecto minero Dominga por parte de su familia y del empresario Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas, en 2010. “Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero”, dijo en una conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda.
“Hace más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, acotó.
La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -donde participaron los medios chilenos Ciper y LaBot- hizo público por primera vez el contrato y los documentos que involucran la compraventa del proyecto Minera Dominga por USD$152 millones, evidenciando un posible conflicto de interés al que quedó expuesto el presidente Piñera a partir de la transacción que involucra a su familia, pero cuyo último pago dependía de las decisiones de su primer gobierno: no declarar al sector donde se explotaría Dominga como una zona de exclusión, parque o reserva.
El Palacio de La Moneda emitió un comunicado ayer que aseguró que los hechos ya fueron “investigados con profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente”. Piñera reiteró que los sucesos mencionados en el reportaje “no son nuevos” en Chile.
En 2017, el portal chileno Biobío reveló los intereses de la familia en el proyecto minero Dominga, lo que abrió una investigación en el sistema judicial. Hoy, a las 12:25 horas, el reportaje de Ciper fue actualizado porque inicialmente decía que la cláusula que condicionaba el tercer pago de la compraventa de Minera Dominga no había sido parte del proceso judicial en que se investigó a Piñera, pero la investigación de radio Biobío hace cuatro años aseguró que el ex fiscal Manuel Guerra sí estuvo al tanto de los términos de esa compraventa, en el marco de la investigación en que Piñera fue sobreseído definitivamente.
Diputados opositores evalúan una posible acusación constitucional contra el mandatario, pero el Gobierno indicó que esta acción sería un “aprovechamiento político”.
“Pandora Papers” es una investigación periodística colaborativa a nivel internacional, coordinada por el ICIJ. Cerca de 151 medios de 117 países y más de 600 periodistas indagaron los secretos del mundo financiero a partir de la filtración de 11,9 millones de documentos sobre operaciones realizadas en paraísos fiscales. Más de 130 billonarios de 45 países, y 336 políticos y funcionarios públicos aparecen en estos archivos.
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