Ciudad de México — El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para cambiar tres artículos de la constitución mexicana con el fin de favorecer a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el documento, el mandatario expuso que los “verdaderos objetivos” de la reforma energética del expresidente priista Enrique Peña Nieto, aprobada y publicada en diciembre de 2013, fueron el despojo y desaparición de CFE y Pemex para beneficiar al sector privado.
Según el gobierno, la CFE fue obligada a comprar energía y capacidad de empresas privadas que representan pérdidas anuales por MXN$215,400 millones por la electricidad no despachada de sus centrales eléctricas, además de MXN$222,900 millones más por la energía que compra.
La manera de instrumentar este esquema fue a través de órganos externos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina las tarifas y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) decide quién se interconecta a las redes de transmisión y distribución y dónde.
Luego, la compañía fue dividida en múltiples subsidiarias y filiales. La encargada de llevar energía a los 46.2 millones de usuarios de la empresa, CFE Suministro Básico, está impedida legalmente para adquirir energía de las centrales de generación propias de CFE, por lo que tiene que comprar la energía mediante subastas eléctricas de largo plazo, mayoritariamente renovables.
El director de la compañía estatal, Manuel Bartlett Díaz y su equipo, han declarado que no están en contra de las fuentes renovables, pero las han calificado como “caras” y de ser un “riesgo” para la operación del sistema eléctrico nacional por su intermitencia, además de asegurar que el gobierno las subsidia en el caso de los techos solares porque entregan energía barata y demandan electricidad cuando es más cara.
Mientras el mercado de corto plazo representa de 2 a 5% en otros países, debido a que la mayor parte de la energía se comercializa en contratos de largo plazo, en México sube hasta 25%.
“Es altamente negativo por la volatilidad extrema de precios en el mercado de corto plazo, que impacta en mayores costos para los usuarios finales, así como perdidas en la seguridad y confiabilidad de las redes de transmisión eléctrica, con sus correspondientes pérdidas económicas”, precisa la iniciativa enviada a los legisladores.
Por ejemplo, las modificaciones proponen la desaparición de los reguladores CRE y CNH por haber beneficiado al sector privado, además de eliminar los esquemas de generación privada y que CFE decida el despacho de energía según sus necesidades.
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El poder ejecutivo también argumentó que aunque la esencia de los contratos con empresas privadas es entregar 100% de la energía a CFE, estas inventaron falsos excedentes para venderlos mediante sociedades de autoabasto o al mercado, situación que para el gobierno es “ilegal”.
Parte de los cambios propuestos remiten al papel monopólico que tenía CFE antes de 1992, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el cual permitió que empresas privadas generaran electricidad para autoconsumo y para venta exclusiva a CFE (Productores Independientes de Energía), esquemas que sobrevivieron a la reforma de Peña Nieto.
Desde el año pasado, el gobierno de López Obrador intentó darle más control a la empresa eléctrica del Estado mediante recursos administrativos y una reforma en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, pero obtuvo una lluvia de amparos y suspensiones que paralizaron las medidas.
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Oposición
El grupo de presión Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina a las principales organizaciones empresariales que representan 80% del PIB de México, argumentó que la reforma constitucional arriesga la credibilidad de México como socio comercial y lo expone al reclamo de indemnizaciones mediante acciones legales, incluidas arbitrajes internacionales.
“Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país”
Consejo Coordinador Empresarial
El CCE agregó que la empresa estatal no ha podido ampliar ni modernizar la red eléctrica del país y no tiene planes de resolverlos, por lo que la reforma hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar recursos de CFE en generación eléctrica.
Incluso la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió al Congreso que analicen a fondo los impactos de la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en relación con el sistema eléctrico nacional.
El grupo petrolero mencionó que la la CNH y CRE son instituciones son fundamentales para la ejecución exitosa de los contratos petroleros de la iniciativa privada y que son administrados por los órganos de regulación.
Hasta el momento, ambos reguladores, cuyas cabezas eligió el presidente en 2019, no se han pronunciado sobre la intención del poder ejecutivo de desaparecerlas.
Hoy el gobierno mexicano carece de mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución mexicana, pero en junio López Obrador dijo que podría aliarse con algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -el partido del expresidente Peña Nieto- para hacerlo.
