Caracas — La conmemoración, este 28 de septiembre, del Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, no pasó desapercibida en Venezuela.
Decenas de personas se congregaron en horas de la mañana en la Plaza Morelos, en Caracas, desde donde marcharon hasta el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional venezolana, con un lema: “Aborto legal ya”.
“Lo que queremos es que haya un reconocimiento de este derecho, que en el Código Penal venezolano se excluyan los articulos que criminalizan el aborto y que se elabore una ley específica en la que las mujeres, los grupos feministas, participemos, para que esta garantía sea posible”, sintetizó una activista, en el marco de la manifestación, al exponer el reclamo del grupo.
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Fue la primera marcha por la despenalización del aborto en Venezuela. Los ánimos venían caldeados desde enero, cuando una menor de 13 años interrumpió su embarazo de 12 semanas, tras haber sido abusada sexualmente, y el agresor quedó libre por “falta de pruebas”, pero la activista que la asistió fue encarcelada.
“Es un precedente importante porque demuestra cómo el Estado venezolano no actúa particularmente en los casos de agresión sexual. No solamente no actúa en proteger a las víctimas y llevar a la justicia a los perpetradores, sino que además no está del lado de las mujeres agredidas -particularmente si son niñas, si son menores- que no desean continuar con un embarazo, el Estado no garantiza su salud, su vida”, dice a Bloomberg Línea Luisa Kislinger, internacionalista venezolana, activista por los derechos humanos con enfoque de género y directora de la ONG Mujeres en línea.
¿Qué dice el Código Penal?
El artículo 432 del Código Penal venezolano establece lo siguiente: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.
Más adelante, en el artículo 433, agrega: “El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses. Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlos, sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de tres a cinco años; y será de cuatro a seis años, si la muerte sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella”.
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Los artículos sobre el aborto, según refiere el abogado venezolano Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, datan de 1915: “A pesar de haberse realizado cambios en el Código, estas normas relativas al aborto continúan vigentes”.
“Es una muestra de lo retrógrado que está nuestro marco normativo”, dice Kislinger, quien asegura que en el país hay “fuerzas poderosas” que han actuado de la mano de “intereses políticos” para impedir que haya una modificación a la norma, pese a diversos intentos.
“Venezuela está en un momento en el que debería ponerse a tono con el movimiento que hay hacia la despenalización del aborto en toda América Latina y en partes del mundo, pero tampoco podemos subestimar que ha habido una arremetida conservadora”, asegura Kislinger.
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Pero, según algunos, para despenalizar el aborto en Venezuela habría que ir más allá del Código Penal, a la Constitución, que en su artículo 76 establece: “El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción”.
“Hay quien dice que eso implica que el Estado protege a la consecuencia de la concepción y por lo tanto, si usted quiere despenalizar el aborto, tendría que reformar la Constitución. En lo personal, no estoy de acuerdo, porque se entiende que podría haber excepciones y que en todo caso la protección es respecto de aquella maternidad que es deseada”, dice Daniels a Bloomberg Línea.
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En cualquier caso, este abogado insiste en que el Derecho está para regular hechos sociales, y que el aborto lo es, por lo que considera que la discusión debe darse. “Hay que discutirlo y buscar las soluciones a algo que sigue ocurriendo y que va a seguir ocurriendo”, dice.
Para Daniels, la norma vigente es discriminatoria, “porque si una muchacha no tiene los medios para pagar un aborto en una clínica privada, evidentemente eso implica la utilización de mecanismos que son muy riesgosos”.
Pero la activista Kislinger agrega: “No es un tema de discriminación hacia las mujeres pobres nada más, aunque a ellas les afecta de manera desproporcionada, a las mujeres, aunque puedan pagar una clínica, es una discriminación en contra de todas”.
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¿Cuál es la propuesta?
Kislinger sabe que cuando se trata del aborto, hay distintas posibilidades y estrategias.
“El tema de despenalización por causales es una manera de ir abriendo las posibilidades para asegurar el acceso a servicios de interrupción del embarazo. Pero no es lo ideal”, dice.
A su juicio, “lo ideal” sería una despenalización, acompañada de regulacones que garanticen que el sistema de salud venezolano dé las respuestas “necesarias”.
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“La idea es que las mujeres puedan tener acceso y que ese acceso sea garantizado, que no se impongan barreras a ese acceso, porque lo que hemos visto en otros contextos es que, cuando se legaliza el aborto, empiezan a surgir una serie de barreras, como médicos que alegan la objeción de conciencia, o barreras legales que empiezan a poner por tapizas al acceso, se le quitan los recursos al sistema de salud para comprar insumos que puedan ser utilizados en el tema del aborto o en procedimientos de interrupción, (...) o se imponen plazos, o se impone algún tipo de restricción como el consentimiento firmado de la pareja o del papá, o de los padres cuando se trata de una menor, o de tres médicos”, dice.
Aunque Venezuela está en una etapa “muy temprana” para conseguir esto, para Kislinger hay signos alentadores.
“Hay un movimiento que se está gestando cada vez con más fuerza, pienso yo, inspirado por todo lo que está pasando, por la Ola Verde de Argentina, pero no solamente por eso sino también por las compañeras de México que han avanzado en lograr la despenalización en ciertos estados, lo que ha pasado en otros países de la región que avanzan”, dijo.
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