Santiago — La crisis migratoria se ha desplazado de la ciudad norteña de Iquique al Palacio de La Moneda. Antes del desalojo de campamentos de extranjeros -la mayoría venezolanos con niños- de la plaza Brasil de Iquique y de una manifestación de antiinmigrantes que terminó con la quema de colchones, juguetes y frazadas el sábado, el Gobierno chileno había anunciado que retomaría en las próximas semanas las expulsiones de decenas de personas que llegaron por pasos clandestinos al país.
Pero su agenda repentinamente debió centrarse en otros aspectos. Hoy, la administración de Sebastián Piñera se intenta defender de las críticas por el manejo de la crisis migratoria, implementando nuevas medidas como resguardos temporales, centros de acogidas de Unicef, reforzamiento de controles fronterizos, y designación de tres directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones para Arica, Tarapacá y Antofagasta.
El presidente Sebastián Piñera condenó la agresión en Iquique dos días después de ocurrido, e insistió en su política de “ordenar la casa”. También reiteró su “responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela”.
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Los venezolanos se posicionaron como la mayor población migrante en este país, desplazando a la peruana y la colombiana. Hay casi medio millón en Chile y superan los 6 millones en el mundo, desplazándose hacia otros países por la emergencia humanitaria compleja experimentada en Venezuela desde 2015, una nación donde el 76% de su población sobrevive con menos de dos dólares al día. Se trata de grupos que están entre la línea de migrantes y refugiados.
Pero el gobierno chileno emprendió las deportaciones de cientos de migrantes por ingresar por pasos clandestinos, no regularizar su estatus migratorios o estar acusados de delitos, pero diferentes organismos internacionales y cortes rechazan cómo se procedió a las expulsiones. A finales de julio, Human Rights Watch pidió al Ejecutivo poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas cumplieran con el derecho internacional de los derechos humanos.
El ingreso se dificultó con el cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19, la suspensión por nueve meses de las solicitudes y trámites de la visa especial otorgada a venezolanos para entrar legalmente a Chile (bautizada como de Responsabilidad Democrática) y la demora en los procesos de reunificación familiar. “Los venezolanos que vienen a Chile pueden caer en la categoría de refugiados y si es así, las expulsiones no corresponden”, dijo Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, a radio Duna.
Una crisis en tiempos electorales
La agudización de la crisis migratoria sucede en medio de campañas políticas por los comicios presidencial y parlamentarios, y la discusión de una nueva Constitución de Chile. Sebastián Sichel, candidato de la centroderecha, pudiera ser el más salpicado por su cercanía con el Ejecutivo.
Fue ministro de Desarrollo Social y presidente de BancoEstado durante el segundo gobierno de Piñera. Ganó las primarias presidenciales como candidato de la coalición oficialista Chile Vamos, aunque se enmarca como independiente.
A nivel nacional e internacional la condena del ataque antiinmigrante en Iquique fue transversal, elevándose su protagonismo en la opinión pública. “Está muy claro que los principales candidatos que toman ventaja con esta situación son aquellos que no han estado en el Gobierno. Creo que a Gabriel Boric (izquierda), y José Antonio Kast (derecha) les conviene más este tema, porque pueden abordarlo de manera más relajada. A diferencia de las coaliciones de Sichel y de Yasna Provoste que sí han estado en el Gobierno”, señala el analista político Kenneth Bunker, director del sitio Tresquintos.
Las posturas de Boric, que lidera las encuestas, y de Kast, en el tercer lugar de las preferencias, son totalmente opuestas en cuanto a la migración. Al presidenciable de la derecha, el único que votó rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución, podría marcar diferencia con Sichel.
Para el experto electoral Cristián Valdivieso, director de Criteria, sí irrumpió en la contienda, pero duda que sea definitorio para los candidatos. “La crisis migratoria entró a la agenda, pero no tomará con demasiada fuerza la elección presidencial”.
El país comprende distintas dificultades, causadas por múltiples factores. “La gente no está viendo que sea un solo problema el que puede explicar todas las dificultades que estamos viviendo”, dijo.
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