Buenos Aires — Ante las crisis económicas, los argentinos buscan refugio en la estabilidad laboral que el Estado ofrece. Al menos eso indica un informe reciente de la Universidad Austral, en el que 62% de los 1.000 encuestados sostuvo que prefería un trabajo en el sector público antes que en el privado.
En 2018, cuando comenzaba a desatarse la crisis cambiaria que terminó restringiendo el margen de maniobra del Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, ese porcentaje ya se ubicaba en 55%, habiendo subido desde 48% en 2016, según el mismo estudio del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (CECAP) de la Austral.
Con una economía cada vez más delicada, el crecimiento proporcional del sector público durante la presidencia de Alberto Fernández parece confirmar una tendencia ascendente. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la tasa de empleo público era de 17,1% del empleo total en el segundo trimestre de 2018. En el mismo trimestre de 2021, ese porcentaje se ubicó en 20,2%.
- Contexto regional: Entre las seis economías más grandes de Latinoamérica, solo Argentina y Chile registraron un crecimiento del empleo público como porcentaje de la fuerza laboral total entre 2011 y 2018.
- Contracorriente: Efectivamente, Argentina ha ido en contra de la tendencia a nivel regional: el sector público creció en relación al privado en solo cinco de los 18 países –con datos disponibles para 2011 y 2018– analizados en el informe Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020 de la OCDE.
Comparando a los únicos dos “grandes” de la región con alzas en las nóminas del Estado entre 2011 y 2018, una de las diferencias principalmente yace en la sostenibilidad del financiamiento del sector público. Argentina registró en 2018 un déficit fiscal de 5,2% del PBI en 2018, frente a uno de 1,7% en Chile.
El análisis
A pesar de no contar con acceso a los mercados de crédito internacional desde 2018, y de un déficit fiscal que en 2020 creció a raíz de la pandemia del coronavirus, el empleo público en Argentina ha continuado in crescendo.
“El aumento de la participación del sector público en el empleo total, incluso desde 2019, puede ser un indicio de un estado inflado en Argentina, pero también está relacionado con la gran debilidad del sector privado, al que le ha costado mucho crear puestos de trabajo por la debilidad de la economía”, dijo a Bloomberg Línea Nikhil Sanghani, economista para Latinoamérica de Capital Economics.
El analista agregó que “la gran masa salarial del sector público es una fuente de debilidad en las frágiles cuentas públicas de Argentina”.
Para Elijah Oliveros Rosen, economista de S&P Global Ratings, aunque es cierto que la participación del sector público en el empleo argentino se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, está “entre las más altas entre las principales economías latinoamericanas”
“En un país como Argentina, con altas necesidades de financiamiento y escaso acceso al mercado de capitales internacionales, tener un gran sector público es un reflejo de sus desequilibrios fiscales”, agregó.
Oliveros Rosen consideró además que la baja interanual en la participación del empleo público en el segundo trimestre de este año probablemente se deba a que el “empleo del sector privado disminuyó más que el empleo del sector público durante la pandemia, lo cual tiene sentido, ya que los trabajadores del sector público son más difíciles de despedir que los del privado”.
En esa línea se expresó el economista Iván Carrino, al sostener que en “2020 hubo una enorme destrucción del empleo privado producto de la cuarentena y el Estado no despidió a una sola persona”,
“De hecho, se incrementó la contratación en alrededor de algunas decenas de miles de personas, y eso cambió fuertemente la proporción entre empleado público y empleado privado,” continuó Carrino, concluyendo que “Este año tenés una gran recuperación del empleo, tanto en el sector informal como el formal, que no deja de ser por fuera del sector público”.
Impacto FMI
Respecto a un posible impacto del aumento del tamaño del Estado en el objetivo de Argentina de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de su deuda de US$44.000 millones, tanto Sanghani como Oliveros Rosen consideraron que el organismo multilateral aplicará una visión integral de la macroeconomía del país.
“Probablemente adopte una visión integral para abordar algunos de estos problemas estructurales y reducir el déficit del sector público de Argentina”, afirmó Sanghani, agregando que “parece que el principal obstáculo para un nuevo acuerdo con el FMI es político, ya que existen divisiones dentro del Gobierno y no tiene un plan económico claro y coherente”.
Por su parte, Oliveros Rosen consideró que más allá del crecimiento del sector público, “lo que importa es la estrategia que tiene el gobierno argentino para abordar sus desequilibrios fiscales en el futuro, así como sus otras distorsiones macroeconómicas, como una inflación persistentemente alta y severas presiones de depreciación sobre el tipo de cambio oficial”.
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