Bogotá — Colombia cumplió recientemente cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, luego de más de 50 años de conflicto armado contra esta guerrilla, de la cual hoy en día hay disidencias bajo su nombre. Avanzar en la implementación del acuerdo es clave si el país quiere progresar en el cierre de brechas perpetuadas por años de conflicto.
Años después de la firma, ¿cuántos recursos ha asignado el país para el cumplimiento de dicho acuerdo? Esta pregunta es importante y hacerle seguimiento hoy en día es posible gracias a un trazador presupuestal para la paz que debe incluirse en cada uno de los proyectos del Presupuesto General de la Nación (PGN), según quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Datos clave sobre el cumplimiento del acuerdo
Así las cosas, pese a que el acuerdo se firmó el 26 de septiembre de 2016, desde 2020 el Gobierno publica dicho trazador. Según cifras de los anexos del PGN para 2022, el próximo año se destinarían $11 billones para el cumplimiento del acuerdo de paz, esto es el 3,1% del total del Presupuesto de 2022 ($350,4 billones).
Mientras tanto, en el PGN de 2021 se destinaron $10,7 billones para el cumplimiento del acuerdo, eso es 3,4% del monto del Presupuesto aprobado ese año ($313,9 billones), ahora bien, si se revisa el dato frente al presupuesto apropiado en 2021 la participación de los recursos para la paz sería 3,2% en el total ($332,8 billones).
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Volviendo a los datos del PGN de 2022, según los anexos del Presupuesto, de los $11 billones que se destinarían al cumplimiento de los acuerdos “el 49,2% ($5,4 billones) corresponden a recursos de inversión, el 12,5% ($1,4 billones) a recursos de funcionamiento y 38,3% ($4,2 billones) a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)”, dice el documento.
Hay que recordar que el acuerdo tiene seis puntos: (1) reforma rural integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al problema de las drogas, (5) víctimas del conflicto y (6) implementación, verificación y refrendación.
Según las cifras de los anexos del PGN para 2022, los $11 billones se distribuirán así según cada punto del acuerdo: 81,8% para la reforma rural integral ($8,9 billones), 0,9% para la participación política ($105.035 millones), 5,7% para el fin del conflicto ($629.640 millones), 4,5% para la solución al problema de las drogas ($495.541 millones), 6,4% para las víctimas del conflicto ($702.610 millones) y 0,6% para la implementación, verificación y refrendación del acuerdo ($64.287 millones).
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2017, el costo total del cumplimiento del acuerdo de paz a precios constantes del 2016 es de $129,5 billones en un plazo de 15 años, ese monto a precios del 2021 sería $155,1 billones. Según los datos del trazador publicados en los proyectos del Presupuesto de 2020, 2021 y 2022, en estos tres años se invertirían $31,1 billones (a precios de 2021) para dicho fin, eso sería el 20,05% del total del costo estimado de la implementación del acuerdo.
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Germán Machado, asesor del Ministerio de Hacienda expuso en su cuenta de Twitter que “desde 2017, e incluyendo las cifras del proyecto 2022, en el PGN se habrán apropiado $39,8 billones -pesos corrientes- para Construcción de Paz. En 2021, las apropiaciones representan 3,4% del PGN, lo que es más que el promedio 2017-2021 (2,1% del PIB)”.
Machado también resaltó que “de los $20,5 billones asignados entre 2020 y 2021, el 75% se ha dirigido a la implementación del punto 1 (Reforma Rural Integral)”.
La importancia de implementar el acuerdo
Angelika Rettberg, profesora titular de la Universidad de los Andes, explicó que es absolutamente necesario que se cumpla con la implementación del acuerdo para la economía y el país en general, ya que sólo así se avanza en la solución a problemas estructurales como la propiedad, los usos de la tierra y la presencia del Estado y del mercado en regiones actualmente “alejadas” no sólo geográfica sino económica y socialmente de los procesos de creación de bienestar a nivel nacional.
Desde la visión de Jorge Iván Bula, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, “avanzar en el acuerdo de paz constituye, a mi juicio, uno de los pilares esenciales de la reactivación económica”.
Bula agregó que el Mfmp de 2017 asignaba un 85% de los recursos para la implementación del acuerdo de paz, a la reforma rural integral. “Una forma de hacer efectiva la presencia del Estado en territorios que se han visto de nuevo afectados por episodios de violencia por parte de grupos al margen de la ley, exigiría una mayor inversión en dichos territorios en el apoyo a proyectos productivos, un efectivo ejercicio del imperio de la ley (hacer efectiva la ley de restitución de tierras) y un fortalecimiento institucional que permita un entorno de mayor cohesión social a través e la inversión social”.
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Además, dijo el docente de la Nacional, los desarrollos más recientes muestran que aspectos que quizás se les daba una muy baja participación como drogas Ilícitas y víctimas, que participaban en esa proyección con 6.4 %y 3.3% respectivamente, reclaman una política más agresiva en cuanto a sustitución de cultivos ilícito y protección a las víctimas.
“Ello permitiría la construcción de entornos sociales y políticos más favorables que se traducirían en el restablecimiento de la confianza entre los agentes económicos y los actores sociales estimulando así la inversión productiva con una perspectiva más equitativa e incluyente”, agregó el docente.
Por su parte Alejandro Rodríguez Llach, investigador principal de Dejusticia, refiriéndose al punto 1 del acuerdo (reforma rural integral) comentó que la desigualdad en el acceso de tierras tiene diferentes consecuencias como baja productividad agrícola, bajo crecimiento económico, altas tasas de pobreza, relaciones sociales opresivas y violencia. “Avanzar en la implementación del punto 1 además de traer desarrollo rural y económico en estas zonas, sobre todo en las más afectadas, elimina los problemas citados”.
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Respecto al punto 2, de participación política, Rodríguez mencionó que “entre más se avance en este punto vamos a tener una democracia más sana, vibrante y robusta con dividendos económicos para el país y la sociedad en general”.
El experto de Dejusticia también mencionó que en el punto en el que se tratan los temas de verdad y reconciliación, “todas estas acciones que se hacen en el marco de estas organizaciones como la JEP son muy importantes para reconstruir el tejido social de la sociedad. Cuando ello se logra ello hay dividendos por generación de capital social, estudiados por la literatura, que tiene impactos positivos en la economía como en la sociedad en general”.
¿Son suficientes los recursos asignados año a año?
Sobre este punto Jorge Iván Bula, docente de la Nacional, comentó que “es claro que el tránsito hacia un país más viable política y socialmente, requiere de mayores inversiones en la implementación del acuerdo, que además, podrían generar externalidades positivas más allá de los aspectos estrictamente pactados en el mismo”.
Bula añadió que así como el Covid-19 obligó a revisar la regla fiscal que suponía que para 2022 el gasto del gobierno central no debería ser superior al 1% del PIB, así mismo los compromisos de la paz, deberían permitir flexibilizar dicha regla en aras a alcanzar las condiciones previstas en el acuerdo.
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“El gasto público no es solo un problema técnico de balance presupuestal, es también una decisión política de dónde establecer las prioridades. Como señalan algunos analistas, si en el pasado tuvimos el impuesto de guerra, ¿por qué no tener el impuesto para la paz?”,
Jorge Iván Bula.
Por su parte Alejandro Rodríguez, el experto de Dejusticia, recordó que “el conflicto armado se generó por la desigualdad en el acceso de tierras, por la marginaciones de la periferia colombiana, entre otros aspectos socioeconómicos que fueron los que siempre mantuvieron prendido el conflicto. Si no se cambian estas condiciones estructurales es muy poco probable que tengamos un tránsito hacia la paz”.
Rodríguez añadió que para cambiar dichas condiciones estructurales se necesita mucha inversión en esos territorios en términos de provisión de bienes y servicios públicos, en reconstrucción del Estado y en aumentar su capacidad institucional que se traduzca en políticas de desarrollo.
