Caracas — Este martes la junta administradora ad hoc de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) -designada por el Parlamento electo en 2015 -presidido por Juan Guaidó y que extendió su mandato hasta 2022- informó de manera oficial de la contratación de JPMorgan Chase & Co. en los esfuerzos por retener a Citgo, el principal activo de Venezuela en el exterior
La semana pasada, quien se presentara como coordinador del proceso de rendición de cuentas del denominado gobierno interino de Venezuela, Yon Goicoechea, se había adelantado en una sesión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional opositora.
“Luego de un proceso abierto y competitivo, para el que fueron convocadas a participar las principales instituciones financieras en Estados Unidos, y habiendo discutido ampliamente los términos y condiciones con la institución favorecida, se celebró en el mes de abril de 2021, un contrato por asesoría y acompañamiento entre la firma JP Morgan Chase & Co. (JP Morgan) y nuestra filial en EE. UU., PDV Holding, Inc. (PDVH)”, publicó la junta en un comunicado divulgado en la mañana de este martes.
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En el documento, se detalla que desde entonces, han venido trabajando en un proceso exploratorio, “con el objetivo de buscar una solución global en pro de una resolución respecto a los procesos que involucran a los tres acreedores principales (Crystallex, CococoPhillips y tenedores de bonos de Pdvsa, que están parcialmente garantizados por acciones de Citgo Holding) que afectan actualmente a Citgo Petroleum Corporation (CPC) por ser el activo con el que se pretenden cobrar las diferentes acreencias”.
Aseguran que las opciones, producto de ese proceso, han sido presentadas a la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento opositor, “para su diligente y pronta consideración y aprobación”, aunque sin detallar cuáles son.
“Una vez que la Asamblea dé el go la cadena de las empresas de Pdvsa podrán explorar con los acreedores posibilidades de negociación”, dijo Goicoechea la semana pasada, al tiempo que manifestó que debía ser un proceso “rápido” porque no tenían “mucho tiempo”.
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Citgo tiene tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados de los Estados Unidos, y es propiedad del gobierno venezolano desde 1980. En 2019, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y el posterior reconocimiento de decenas de países del mundo, encabezados por Estados Unidos, su administración reclamó este y otros activos, y asumió su control con juntas directivas ad-hoc; una movida que no ha salido del todo bien, al menos en cuanto a los dos principales activos venezolanos en el exterior.
En el caso de Citgo, no tanto por los problemas relacionados con sus proveedores, y las consecuentes pérdidas de cientos de millones de dólares; sino por las deudas arrastradas de la gestión del chavismo, que han llevado a decenas de empresas y personas a presentar demandas en los Estados Unidos contra la empresa.
Entre ellos está la canadiense Crystallex International Corporation, a la que el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez expropió una mina de oro en Venezuela, en 2008. En días pasados, publicó Bloomberg, su director y presidente ejecutivo, Robert Fung, informó que la compañía pedirá al gobierno estadounidense que reconsidere su solicitud de una licencia del Departamento del Tesoro, a principios del próximo año, luego de que dicha instancia le dijera en una carta, que fue incluida en un caso de la corte federal en Delaware, que podría volver a evaluar la venta de acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding Inc., después de que el prorrogado mandato de la Asamblea Nacional liderada por la oposición finalice, en enero de 2022.
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“Cualquiera sea el resultado final de esas negociaciones (entre gobierno y oposición en México), la inminente expiración del mandato de la Asamblea Nacional —y el término de la autoridad de Guaidó como presidente encargado en unos pocos meses— es una certeza virtual”, recogió Bloomberg de una carta que envió Crystallex al tribunal.
En otro flanco, avanza el caso de la multinacional ConocoPhillips, a la que se le deben US$1.300 millones por activos petroleros incautados por Chávez en 2007. Según un informe de un experto judicial presentado a una corte estadounidense el 9 de agosto, las partes de Venezuela -PDVSA, PDV Holding y Citgo- habrían llegado a un acuerdo con ConocoPhillips, con respecto al monto pendiente, algo que la oposición negó en un comunicado emitido la semana pasada, pero que luego trascendió que sus abogados no habrían objetado en un lapso de tiempo que tuvieron para hacerlo, y el que sí habrían objetado otros elementos del informe.
Según información publicada por Bloomberg, BancTrust & Co estima el valor de Citgo en US$7.800 millones y el de las demandas en su contra en US$7.000 millones.
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Además de Citgo, la oposición venezolana pelea internamente por las maneras de proteger a Monómeros Colombo Venezolanos, la filial en Barranquilla de la estatal Petroquímica de Venezuela, que fue sometida a control recientemente por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Este lunes en la noche, el presidente Nicolás Maduro insistió en una alocución televisiva que avanzaba en la recuperación de los activos: “Haga lo que haga (el presidente de Colombia) Iván Duque, Monómeros es venezolana, y la vamos a recuperar. Haga lo que haga (el líder opositor Juan) Guaidó, (la filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela) Citgo es venezolana, y la vamos a recuperar. Nosotros somos empeñosos. (…) Cuando nos ponemos en algo, vamos y lo logramos”.
Junto con el levantamiento de sanciones, Maduro busca la recuperación del derecho a activos en el proceso de negociación con la oposición en México, cuya segunda ronda de reuniones, tras la firma de un memorando de entendimiento el 13 de agosto, culminó este lunes.
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