Bogotá — El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 incluye, dentro de sus 126 artículos, dos que han generado polémica: permitir el traslado exprés a Colpensiones el próximo año bajo ciertas condiciones y la suspensión temporal de un apartado de la Ley de Garantías.
Sobre el traslado exprés a Colpensiones el Gobierno habilitaría que los hombres mayores de 52 años y las mujeres de más de 47 años que hayan cotizado más de 750 semanas (alrededor de 15 años) en Colpensiones se regresen a dicha entidad si están hoy en día en fondos privados de pensiones.
Vale recordar que en Colombia la edad de pensión es de 62 y 57 años para hombres y mujeres, respectivamente y ninguna persona puede cambiarse de régimen a menos de 10 años de pensionarse. Sin embargo, con el artículo 104 del PGN dicho tope de edad no importaría para las personas que quieran regresar a Colpensiones y cumplan los requisitos citados.
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El Gobierno ha dicho a través del Ministerio de Hacienda que dicha medida cobijaría a 19.000 personas y que su costo fiscal neto sería de $3,8 billones. Sin embargo, expertos de Anif aseguraron recientemente que según sus cálculos la medida tendría un impacto fiscal neto de $5,2 billones vía mayor déficit fiscal.
Teniendo en cuenta el impacto fiscal que se prevé y dada la situación fiscal del país en la que la deuda y el déficit han crecido a raíz de la crisis derivada por la pandemia dejando un panorama retador para los próximos años, Bloomberg Línea consultó a expertos para saber si la próxima reforma tributaria -que se prevé sería en 2023 o antes- debería ser mucho más grande de lo estimado si se aprueba dicho traslado.
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En términos generales los expertos dicen que de aprobarse ese traslado exprés a Colpensiones, pese a su impacto fiscal, no se movería mucho el monto que debería recaudarse en una próxima tributaria que según expertos y Minhacienda debería otorgar nuevos ingresos por el orden de 0,6 y 1 punto del PIB adicionales, eso sería aproximadamente entre $6 y $10 billones.
Sin embargo, explican que el impacto en las finanzas públicas sería más a largo plazo que a corto, pues entrarían recursos de los fondos privados a Colpensiones lo cual de cierta manera ayudaría a que haya más caja, se alivie un poco la deuda y el déficit, pero a largo plazo cuando se deban cumplir los compromisos pensionales si habría presión en términos de necesidad de recursos.
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Los impactos de la medida en las cuentas del Gobierno
Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, comentó que “el costo fiscal total no es tan amplio y por tanto no debería haber un impacto tan significativo en las cuentas fiscales ni en el endeudamiento público y de esa manera no creo que esto mueva la aguja de lo que debe recaudar la próxima reforma tributaria”.
Velandia añadió que, independiente del traslado exprés, estiman que le Gobierno tendrá que hacer una reforma alrededor de 1 punto del PIB en 2023 o antes. El traslado exprés “no debería implicar un cambio sustancial en las proyecciones fiscales a futuro (...) pero el riesgo es que estas medidas populistas dejen la puerta abierta para medidas de corte similar en el futuro que si puedan tener impacto significativo al final”.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el traslado exprés es “una muy mala política pública desde el punto de vista de equidad, progresividad y sostenibilidad de la deuda pública. Es un regalo del Estado a 19.000 personas afortunadas de altos ingresos equivalente a un cheque de $200 millones por persona que terminaremos pagando los colombianos con más impuestos”.
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Mejía añadió que aunque ese costo fiscal adicional estimado por Hacienda, de cerca de 0.4 del PIB ($3,8 billones), no es permanente, “al final son recursos importantes que podrían ser utilizados en otros propósitos de la política pública”. Así las cosas, dicho traslado exprés no impactaría en mucho el monto que habrá que recaudar con la próxima tributaria porque sería un “costo fiscal de una sola vez”.
Sobre el impacto que podría tener dicha medida en la próxima tributaria Liliana Heredia, profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Javeriana de Cali y experta en temas tributarios, expuso que eso depende. “Si se hace una reforma tributaria estructural, que dicho sea de paso, es una “asignatura pendiente” en el país, sería indispensable ajustar las expectativas de recaudo en el mediano y en el largo plazo, que es cuando se sentiría realmente el efecto de los traslados exprés a Colpensiones”.
Heredia continuó diciendo que “si se mantiene el comportamiento de los últimos 15 años, estaríamos ante otra reforma coyuntural, de esas que sirven para salir del paso y para atender las urgencias y por consiguiente, la necesidad de recursos para atender los subsidios a las pensiones que se presentan en el régimen de prima media, en especial para pensiones elevadas, podría quedar en lista de espera para futuras reformas”.
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Por último Carlos Prada, vicepresidente de Anif, comentó que según han estimado desde el centro de estudios económicos, el impacto fiscal de la medida podría ser de $5,2 billones en total, lo cual “puede tener implicaciones muy complejas sobre la finanzas públicas porque es agregarle más déficit a las cuentas del Gobierno más adelante, más gasto sin fuente clara de ingresos”.
Prada complementó lo anterior diciendo que más que el impacto fiscal que tendría esa medida, hay que prestarle atención es a cómo se distribuirían los recursos públicos, “en lugar de darle esos subsidios a la población de menores ingresos que está descubierta en la vejez, estaríamos destinando recursos para subsidiar pensiones de ingresos más altos que el promedio de la población”.
