Bloomberg — La Cámara de Representantes de Puerto Rico presentó el lunes un proyecto de ley de reestructuración de deuda que, según sus defensores, permitirá al territorio estadounidense salir de la bancarrota y proteger a los pensionistas y a los municipios.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó el proyecto de ley, calificándolo como clave para poner fin a una depresión económica de 15 años que comenzó después de que se eliminaran los incentivos federales de EE.UU. para la fabricación en la isla. El proyecto de ley autoriza la reestructuración de unos US$18.800 millones en deuda mediante la emisión de nuevos bonos. Si se aprueba, la ley reducirá los pagos anuales de la deuda de US$3.300 millones a US$1.300 millones, dijo Hernández.
Ver más: Puerto Rico: Contratiempo en su sueño de construir una industria cinematográfica
Conseguir que los legisladores de Puerto Rico aprueben una nueva venta de bonos para reestructurar algunas obligaciones generales y la deuda garantizada por el Estado libre asociado (ELA por sus siglas) es un paso clave antes de que la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Laura Taylor Swain, comiencen las audiencias de conformación a principios de noviembre sobre el plan de ajuste de deuda de Puerto Rico.
Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3,3 millones de habitantes, ha visto su economía afectada por huracanes, terremotos y el éxodo de profesionales. El lunes, la Oficina de Análisis Económico dijo que el producto interno bruto de la isla había aumentado sólo un 0,3% en 2019 después de contraerse los tres años anteriores.
Menos dolor
El proyecto de ley también restablece los recortes de las pensiones públicas que exige la Junta Federal de Supervisión y Administración como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico. Mientras Hernández celebraba su conferencia de prensa, la Junta de Supervisión dijo que había acordado no recortar ninguna pensión pública por debajo de los US$2.000 mensuales si las autoridades aprueban la nueva emisión de nueva deuda. Anteriormente, había fijado el límite en US$1.500.
Con ese nuevo umbral, al gobierno de Puerto Rico le costará unos US$44 millones al año restaurar los recortes, dijo Hernández. Aun así, el proyecto de ley estipula que la restitución de las pensiones sólo puede llevarse a cabo si la financiación de Medicaid a la isla se incrementa lo suficiente como para cubrir el gasto.
El proyecto de ley también destina más dinero a los municipios. Además, la ley crea un fondo único para todo el dinero del gobierno, en lugar de repartirlo entre las corporaciones públicas como se ha hecho en el pasado. Hernández dijo que esa medida ayudaría al gobierno a administrar mejor los fondos.
“Es hora de que cambiemos las leyes pertinentes y, si es necesario, nuestra constitución para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en la bancarrota”, dijo Hernández.
