Caracas — La trama de Monómeros Colombo Venezolanos pica y se extiende. Tras la renuncia de la expresidenta de la junta directiva ad hoc de la empresa, Carmen Elisa Hernández, el pasado 12 de septiembre, este lunes se confirmó que otro director, Luis Hurtado, había hecho lo propio.
La información se dio a conocer en el marco de una sesión virtual de la Comisión de Contraloría del Parlamento electo en 2015 -el opositor-, a la que Hurtado estaba invitado para comparecer ante los diputados, a las 10:30 AM de este lunes. Su intervención, sin embargo, se retrasó casi tres horas, debido a la extensa interpelación al gerente general de la empresa, Guillermo Rodríguez Laprea, por estar presuntamente involucrado en hechos de corrupción en el ejercicio de su cargo.
Fue después de la 1:00 pm, hora local, cuando se pudo conocer que el lunes pasado, Hurtado había presentado su renuncia a la junta directiva ad hoc de la empresa, a la presidencia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven, accionista) y al líder opositor Juan Guaidó -quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países y cuya administración asumió el control de Monómeros en marzo de 2019- “siguiendo los trámites corporativos correspondientes y cuidando los compromisos fiduciarios”.
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“En mi misiva indico que considero necesario poner mi cargo a la orden para todo lo que deba hacer, este tema de revisiones profundas, de auditoría, y sobre todo es una muestra de la necesidad de hacer lo que haya que hacer, que el accionista (Pequiven) haga lo que tenga que hacer”, explicó Hurtado en la sesión.
A su juicio, la situación amerita “decisiones radicales, apremiantes y rápidas” ante el riesgo de perder la empresa. “Hay una responsabilidad de Venezuela, de Colombia; porque una empresa no puede pasar por esta situación y la administración no actuar”, dijo.
Aunque estaba citado en calidad de “director suplente” de Monómeros, Hurtado aclaró en su intervención que ciertamente había entrado así a la empresa, tras su nombramiento, en agosto de 2019, pero que a partir del 30 de septiembre de ese mismo año, cuando renunció el director principal, él se incorporó a las reuniones.
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Sin embargo, más temprano, en su intervención, Rodríguez Laprea no mencionó a Hurtado entre quienes aseguró eran los directores actuales de Monómeros: Fernando Paredes, Jean Paul Dugarte, Nelson de la Roca -quien suplió a Hernández- y Guillermo Pérez; sino entre los directores de una de las filiales de Monómeros, Ecofertil, en Buenaventura, Colombia. Aunque finalmente reconoció que los directores de las empresas mixtas eran los mismos de Monómeros.
Monómeros Colombo-Venezolanos -filial en Barranquilla, Colombia, de Pequiven- fue sometida a control por la Superintendencia de Sociedades colombiana, a principios de este mes, tras considerar que ha situaciones “susceptibles de mejora” en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos.
Según Rodríguez Laprea, esta medida -de la que han cuestionado elementos- produjo una “debilidad” en su caja, pero aseguró que la iban llevando “día a día, sin ningún inconveniente”. “Esto no es una quiebra, bajo ningún respecto es una quiebra”, aclaró.
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Reconoció, sin embargo, que necesitaban apoyo en el área financiera, y que para ello habían estado “dispuestos” y con “acercamientos abiertos” con el gobierno de Colombia, a quien habrían pedido apoyo “desde hace mucho tiempo”.
“Estamos en conversaciones y en desarrollo, en este momento, de trabajos para lograr los créditos que solo el gobierno de Colombia puede darnos (...) Desde que estoy acá y entiendo que desde antes se han hecho importantísimos esfuerzos y es ahora, por cierto, que el Gobierno colombiano nos ha manifestado de manera clara que van a trabajar con nosotros en la vía del financiamiento”, aseguró. En su comparecencia, Hurtado dijo que lo “más recomendable” era que la junta directiva de Monómeros se sentara a “negociar” con el gobierno colombiano para garantizar su apoyo en la protección del activo.
La Comisión de Contraloría del Parlamento, sin embargo, cuestionó que Rodríguez Laprea se apegara a la Ley de Emergencia “sin consultarlo al presidente interino ni a la Asamblea Nacional”. “Si ustedes tuvieran un poquito de consideración al país dijeran: ‘Aquí están nuestros cargos a la orden’. ¿Por qué siguen ustedes ahí? ¿Pesa más mantenerlos en sus puestos que trabajar en coordinación con Colombia? ¿Quién los está protegiendo?”, dijo el parlamentario Ismael García durante la interpelación.
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Rlodríguez Laprea dijo que habían decidido apegarse al decreto 560 del 2020 para “salvar” a la empresa de “intereses adicionales” que a su juicio había, y para la que aseguró que estaban adelantando investigaciones internas. Descatró que el Gobierno colombiano quisiera quedarse con el importante productor de fertilizantes, pero reconoció que sí hay grupos económicos de ese país “con deseos e intereses” de hacerlo. Hurtado consideró este un paso importante para que las cosas “empiecen a salir bien para la empresa”.
Problemas en Caracas
Mientras transcurría la reunión virtual de la Comisión de Contraloría del Parlamento electo en 2015, Primero Justicia (PJ), uno de los cuatro principales partidos de la oposición venezolana (el denominado G4) , anunció su decisión de no participar más en los espacios del denominado gobierno interino que atienden la materia referida a los activos de Venezuela en el exterior, dada la que aseguraron era una “falta de receptividad” de Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, especialmente de Voluntad Popular (VP, otro de los partidos del G4, del que era dirigente Guaidó y que lidera Leopoldo López).
“Desde el comienzo del gobierno interino, en reiteradas oportunidades hicimos propuestas que no fueron tomadas en consideración y manifestamos nuestro desacuerdo con la forma de gestión de los mismos (activos y empresas en el exterior) (...) Nos retiramos con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela”, publicó PJ en un comunicado, en el que sin embargo asegura que seguirá “elevando su voz” en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015.
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PJ recordó su propuesta de transferir esta y otras empresas venezolanas en el exterior a un fideicomiso administrado por un ente externo de alto nivel, un planteamiento que consideraron “urge” debatir “teniendo en cuenta que el término de la extensión constitucional de la Asamblea Nacional y el gobierno encargado es el 4 de enero de 2022″.
Guaidó y Voluntad Popular, por su parte, han propuesto una restructuración de la Junta Directiva de Monómeros.
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