Bogotá — Las heridas siguen abiertas tras cinco años de haberse firmado el proceso de paz en Colombia debido, en parte, al recelo de un sector de los empresarios frente a los mecanismos para el esclarecimiento de la verdad que dificulta su aporte a esa narrativa tan dolorosa como necesaria para el país.
El primer acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc el 26 de septiembre de 2016 cumple cinco años este domingo en medio de un recrudecimiento de la violencia en el país y grandes deudas con lo pactado, especialmente en lo que se refiere a la contribución de los empresarios, que son actores clave y a la vez víctimas con más de 3.000 familias que se vieron afectadas por los secuestros, por citar solo ese flagelo.
El programa Obras por Impuestos, un mecanismo que les brinda incentivos tributarios a los empresarios que desarrollen proyectos de impacto en las zonas más afectadas por el conflicto, es en opinión de la directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente, la herramienta “más importante de cooperación empresarial” para zonas afectadas en el marco del conflicto.
El gran reto de Colombia es verdaderamente construir escenarios de conversación. A mí me parece que si en algo estamos realmente atrasados y algo nos produce daño con muchísima frecuencia es la incapacidad que tenemos de conversar, esa necesidad que tenemos los colombianos de querer imponer nuestra posición.
Presidente de la Andi, Bruce Mac Master
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Pero en la otra cara, el sector empresarial no “se ha vinculado de una manera tan masiva como se esperaría” en temas referentes al esclarecimiento de la verdad, ya que se ha mostrado “tímido” y “preocupado por las divisiones que había alrededor del acuerdo de paz”, analizó.
Llorente manifestó que ha faltado “un compromiso ético” pues los empresarios más grandes del país “estuvieron muy expectantes y parcos frente al acuerdo de paz”, contrario a lo que se esperaría para el beneficio de su propia actividad. “Estamos lejos de lograr una reconciliación en Colombia y parte de esta involucra al sector empresarial”.
Uno de los aspectos que marcó esta fractura fue la iniciativa que les abría la puerta a comparecer como terceros en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que finalmente se cayó “tras el lobby que hizo el sector empresarial con grupos de poder y sus gremios” porque consideraban que estaban expuestos a una suerte de “encasillamiento sin matices”, por lo que quedaron a voluntad de hacerlo o no.
María Victoria Llorente analiza que ha sido “un problema de desconfianza de parte y parte”, pues mientras algunos comisionados de la verdad “se identifican más con la visión de que el empresariado es responsable y tiene que responder frente a sus acciones y omisiones en cuanto al conflicto armado”, un sector del empresariado cree que ha sido señalado “de ser responsable” cuando en verdad “siente que ha sido víctima”.
“De hecho, produjeron un documento en el que se declararon como víctimas y se lo entregaron a la Comisión de la Verdad, lo cual es cierto, fueron perseguidos, secuestrados, extorsionados, todo eso también es cierto. Aquí hay un debate importante por la verdad (…) ese es parte del drama de nuestro conflicto tan largo en el que a veces la línea entre víctimas y victimarios es bastante gris”, apuntó.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, consideró en una reciente charla que en algún momento en el país se cometió “el inmenso error” de equiparar a empresarios con terceros cuando “son categorías distintas”.
“Hubo algo que en un momento dado nos preocupó a nosotros mucho cuando se empezó a hablar de empresarios como quizá el único grupo de terceros que había, primero porque yo creo que es un error hablar como empresarios como categoría del conflicto armado, no lo es, porque no lo hubo, realmente no es una categoría de las personas que participaron en el conflicto armado”, dijo en el espacio ‘Una conversación para el futuro: empresa y verdad del conflicto armado’, promovido por la Comisión de la Verdad.
“Si hubo unas personas que eventualmente cometieron delitos, pues son personas que cometieron delitos y que probablemente sean sujetos de conversaciones alrededor de esta Comisión de la Verdad, o alrededor de la JEP o de la justicia penal, pero nunca fue en la calidad de empresarios y me parece que se iba a cometer un error y se comete un error cuando se trata de hablar de empresarios asimilando a un grupo de los que tuvieron que ver con el conflicto armado”, señaló.
Cosas como estas (hechos violentos) no pueden seguir ocurriendo en Colombia y es importante que jamás ocurran porque para las mismas empresas, para su reconocimiento internacional, para la seguridad para sus negocios y la serenidad que necesitan para poder hacer sus emprendimientos, la paz y la tranquilidad de la vida se convierten en una prioridad de primer orden.
Presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux
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Entrevistado por Bloomberg Línea, el expresidente uruguayo José Mujica, quien acompañó el proceso de paz colombiano, dijo que este representaba “algo más que la paz porque era una oportunidad para luchar a fondo en una Colombia productiva” con “la multitud de recursos naturales que tiene ese país maravilloso”.
“Pero esa cultura de la violencia lo sigue empapando y entonces es un proyecto que ha quedado amputado” porque “hay una parte de la sociedad acostumbrada a vivir en tensión, en guerra, y entonces Colombia sigue en una lógica de la cual no ha podido salir durante mucho tiempo”.
Cuestionó la “crisis de actitud y de cultura muy fuerte”, a la vez que señaló que todavía hay “muchos hombres sin tierra” y que aún hay muchos lugares a los que prácticamente el Estado no llega, y si llega, llega muy mal”.
Los empresarios en la JEP
Entre los empresarios aceptados a la JEP están el exdirector de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge, Jaime Augusto García Exbrayat, y el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Antonio Osorio Villadiego.
Mientras que Jaime Blanco Maya, quien fue servidor público y también fue contratista de la Drummond, también fue aceptado, según datos entregados a Bloomberg Línea por la JEP que reflejan la pobre contribución para el esclarecimiento de la verdad.
A propósito, en 2017 la Fiscalía declaró que la financiación de empresas bananeras a grupos paramilitares se constituía como un delito de lesa humanidad luego de que un excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia desvelara estos vínculos entre empresarios y grupos criminales entre 1996 y 2004.
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Además de la financiación, se cita que en noviembre de 2001 se descargaron y almacenaron por cuatro días 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de la comercializadora frutícola Banadex.
“El empresariado bananero financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado”, se lee en los documentos de la Fiscalía de 2017.
La FIP verificó 56 informes de 42 ONG sobre el conflicto, publicados entre 2008 y marzo de 2017, en los que se nombran a 81 empresas de sectores como petróleo y gas (24 %), palmicultura (11 %), minería (9 %), producción y comercialización de frutas (7 %) y minería de oro (6 %).
En estos informes, que se concentran en cinco departamentos del país, se cita la presunta violación a derechos humanos con afectaciones a la integridad física (24 %), vulneración a derechos laborales y sindicales (18 %), afectaciones en razón de la tierra (13 %), afectación al medioambiente (12 %) y financiación, apoyo y/o complicidad con los paramilitares (11 %).
“Este Gobierno no hizo nada por la paz”
Consultado sobre el tema, el representante a la Cámara Mauricio Toro manifestó que el rol de los empresarios ha sido “escaso” porque, según él, no han tenido la guía del Gobierno colombiano, cuya agenda ha sido que “todo lo que suena a los acuerdos de paz debe desaparecer por completo”.
“Qué ejemplo van a tener cuando un Gobierno les está diciendo (que) no se sometan, no digan nada, no hablen, cuando un Gobierno se ha dedicado a atacar a la JEP, cuando el partido de Gobierno se ha encargado de deslegitimar las instituciones”, señaló.
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Mauricio Toro consideró que el Gobierno “tiene la obligación de presionar para que aquel sector empresarial y privado que participó en el conflicto armado diga la verdad y se someta a esos procesos”.
Esta Administración “se va con la lápida colgada del cuello de ser el Gobierno que no cumplió y que por sus omisiones permitió que la seguridad del país se desmadrara, que estos grupos ilegales retomaran territorio que nunca ocupó el Estado colombiano y que se atomizaran una cantidad de movimientos, guerrillas, grupos narcotraficantes”.
Fragmentación de los proyectos
El investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal (CPPF) de la Universidad Nacional, Jorge Enrique Espitia, comentó que no ha habido “transparencia en los recursos que se están asignando al proceso” y que cada vez “se minimizan los valores a nivel de proyecto”.
“Así es muy difícil entrar a consolidar un proceso de paz en el que ciertos compromisos quedaron de todas maneras muy frágiles desde el punto de vista presupuestal en el acuerdo final”, comentó.
Según el investigador, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), que contempla destinar cerca de $130 billones para el cumplimiento de los principales puntos en 15 años, “no se está cumpliendo” pues demandaría inversiones por más de $8 billones anuales.
En cambio, analiza que “hay una fragmentación” de los proyectos que provocará que la implementación dure hasta 25 años, por lo que sentencia que “si hay un mecanismo efectivo de hacer de hacer trizas con la paz es con el manejo de los recursos presupuestales”.
Deuda con el agro
El profesor de la Universidad Nacional Jairo Orlando Villabona explica que “la principal deuda que tiene el Gobierno en relación a la paz es no haber invertido en la gente”, sobre todo en las zonas apartadas del país donde hay “una gran parte de inequidad”.
Añade que “los retos son muy grandes” y desde el lado tributario analiza que el desafío es “tener el recaudo suficiente para atender los programas sociales. El recaudo tributario en Colombia realmente es muy bajo, cuando uno lo compara con los demás países del mundo, eso es fundamental para mantener la paz”.
“El sistema tributario colombiano como en muy pocas partes del mundo favorece esa concentración” del ingreso y la riqueza, profundizó el académico, al explicar que “eso agrava la situación”.
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Espitia complementa que en Colombia también hay grandes niveles de concentración de tierra y “ahí no hemos avanzado nada”, pues afirmó que mientras el 74 % de las unidades productivas a nivel rural del país tienen menos de 5 hectáreas en promedio, un privilegiado 0,18 % concentra más de 1.000 hectáreas cada una. “El desarrollo rural integral no ha llegado y esa es la principal deuda no solo con el proceso de paz, sino con el Estado social de derecho en Colombia y en el campo”, agregó.
Una implementación precaria
Juan Vargas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, analiza que es indudable que la pandemia supuso un reto en materia fiscal para la implementación del acuerdo de paz, aunque incluso obviando su impacto “el progreso ha sido muy poco” en términos generales.
“Este Gobierno nunca se puso la camiseta de la implementación del acuerdo de paz, obviamente hay una implementación precaria, incipiente. Y recordemos, eso no es una sorpresa, en parte, el partido de Gobierno hizo campaña criticando el acuerdo de paz y diciendo que iba a revisarlo, que iba a postergar su implementación hasta que no hubiera revisiones, eso no solo se ha cumplido en lo económico sino también en lo político y eso es lo que hemos visto que ha pasado”, comentó.
Según el profesor, la implementación del acuerdo “no arrancó con el ímpetu” que debería tener y ahora será “extremadamente difícil para cualquier Gobierno que salga elegido, independientemente de su posición en el espectro ideológico, poner el acelerador”.
Esto porque “va a ser electoralmente muy impopular decir que uno le va a dedicar una buena parte de los recursos del presupuesto para la implementación del acuerdo de paz, cuando hay una crisis en muchos sectores, inclusive sectores importantísimos para la equidad y para el desarrollo como es la crisis de la educación en todos los niveles que ha generado la pandemia”.
No obstante, resaltó que “la implementación del acuerdo de paz, que incluye aspectos tan importantes como el desarrollo rural, está relacionado con la superación de la crisis que generó la pandemia. Lo que pasa es que electoralmente no creo que dé réditos hablar de las dos cosas en simultáneo, sino que los políticos tienen que hablar de variables únicas y no de plataformas de política multidimensionales”.
Bloomberg Línea envió preguntas referentes al tema a la oficina de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pero este prefirió no manifestarse. Entre tanto, se comunicó con el Consejo Gremial, que recibió las preguntas, pero hasta el cierre de este informe no había respondido.