Caracas — El tercer punto de la agenda contenida en el memorando de entendimiento suscrito en Ciudad de México el pasado 13 de agosto, entre las delegaciones oficialista y opositora de Venezuela, resume el principal objetivo del gobierno de Nicolás Maduro en el proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega y acompañado por Rusia y Países Bajos: conseguir el levantamiento de las sanciones y la restauración de derecho a activos.
Y es precisamente lo que su delegación había anunciado que llevaría a la mesa en la nueva ronda de reuniones, que estaba pautada para iniciar este viernes y culminar el lunes 27 de septiembre; y en la que la oposición buscaba impulsar otro de los puntos en la agenda: el respeto del Estado constitucional de Derecho, con énfasis en la reforma del sistema de justicia.
Tras haber alcanzado dos acuerdos tempranos en la ronda de reuniones previa, esta vez, sin embargo, no no se han vuelto a encontrar. Al menos no este viernes.
“El gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje”, tuiteó el jefe de la delegación de Gobierno, Jorge Rodríguez, en horas de la noche, al referirse al embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, a quien desde el oficialismo acusan de haber dado órdenes a la oposición “sobre qué hacer en la mesa de diálogo”.
“Ante la ausencia de la delegación del régimen el día de hoy, la delegación de la Plataforma Unitaria reitera su compromiso de avanzar en este proceso”, dijo la delegación opositora en un comunicado divulgado después.
Antes de las declaraciones de Story, ya había tensión. En parte por el anuncio de la decisión de incorporar al empresario colombiano Alex Saab como “miembro pleno” de la delegación del gobierno venezolano en el proceso; pero, sobre todo, tras una serie de acontecimientos, relacionados con los activos venezolanos en el exterior, que llevaron al gobierno a decir que la oposición estaba incumpliendo el compromiso firmado el 13 de agosto, que obliga a las partes a “buscar vías concretas para rescatar el patrimonio, recursos y activos de la República y restaurar el derecho soberano de Venezuela sobre los mismos”.
Esto último, de hecho, ya no parece tan seguro, al menos en dos casos, donde existe el riesgo de que queden en manos de terceros, aún en el escenario de que los recupere el Gobierno, por el antecedente del intercambio que hizo recientemente de su participación en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) por bonos en default.
Un poco de contexto
El 5 de febrero de 2019, pocos días después de que Juan Guaidó jurara como presidente encargado de Venezuela, y recibiera el respaldo de los Estados Unidos y decenas de países, la Asamblea Nacional electa en 2015, que aún preside -pues extendió su mandato por un año-, promulgó el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicho estatuto, como el resto de actuaciones de este Parlamento de mayoría opositora, aún en el período para el cual fue electo, fue declarado “nulo” a los pocos días por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya independencia del Ejecutivo ha sido cuestionada en el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
En cualquier caso, en su artículo 15, el mencionado estatuto establece que la Asamblea Nacional podría adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, “a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero”.
Además, establece que el presidente encargado de Venezuela -en este caso, Guaidó- ejercería, entre otras competencias, la designación de juntas administradoras ad-hoc para asumir la dirección y administración de institutos públicos y autónomos, fundaciones del Estado, asociaciones o sociedades civiles del Estado, empresas del Estado, incluyendo aquellas constituidas en el extranjero, y demás entes descentralizados. Todo esto bajo el control autorizatorio de la Asamblea Nacional.
Más adelante, ante el “riesgo” en el que aseguran se hallaban la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, se establece que designaría específicamente la Junta de Administración ad-hoc de Pdvsa, que a su vez designaría la junta directiva de PDV Holding, Inc., cuyos directivos designarían, también a su vez, a las nuevas juntas directivas de las filiales de esa empresa, incluyendo a Citgo Petroleum Corporation, en los Estados Unidos.
Esto sucedió a los pocos días de la promulgación del estatuto y, como principal aliado de la oposición venezolana, el gobierno estadounidense, entonces en manos de Donald Trump, entregó esta importante empresa a la oposición.
Caso Citgo
Citgo es el principal activo de la industria petrolera venezolana en el extranjero. Tiene tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados de los Estados Unidos, con 3.400 empleados.
Pero, como ya publicó Bloomberg, asumir el control de Citgo no ha sido -precisamente- una bendición para la administración de Guaidó. Y no tanto por los problemas relacionados con sus proveedores, y las consecuentes pérdidas de cientos de millones de dólares; sino por las deudas arrastradas de la gestión del chavismo, que han llevado a decenas de empresas y personas a presentar demandas en los Estados Unidos contra la empresa. Estas constituyen una amenaza real de que la empresa no termine en manos venezolanas, sean chavistas u opositoras, aunque este viernes se conoció que el denominado gobierno interino había contratado a JPMorgan, para que le asesorara en posibles negociaciones con los acreedores.
Entre ellos está la canadiense Crystallex International Corporation, a la que el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez expropió una mina de oro en Venezuela, en 2008. En días pasados, publicó Bloomberg, su director y presidente ejecutivo, Robert Fung, informó que la compañía pedirá al gobierno estadounidense que reconsidere su solicitud de una licencia del Departamento del Tesoro, a principios del próximo año, luego de que dicha instancia le dijera en una carta, que fue incluida en un caso de la corte federal en Delaware, que podría volver a evaluar la venta de acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding Inc., después de que el prorrogado mandato de la Asamblea Nacional liderada por la oposición finalice, en enero de 2022.
“Cualquiera sea el resultado final de esas negociaciones (entre gobierno y oposición en México), la inminente expiración del mandato de la Asamblea Nacional —y el término de la autoridad de Guaidó como presidente encargado en unos pocos meses— es una certeza virtual”, recogió Bloomberg de una carta que envió Crystallex al tribunal.
En otro flanco, avanza el caso de la multinacional ConocoPhillips, a la que se le deben US$1.300 millones por activos petroleros incautados por Chávez en 2007. Según un informe de un experto judicial presentado a una corte estadounidense el 9 de agosto, las partes de Venezuela -PDVSA, PDV Holding y Citgo- habrían llegado a un acuerdo con ConocoPhillips, con respecto al monto pendiente, algo que la oposición negó en un comunicado emitido esta semana, pero que luego trascendió que sus abogados no habrían objetado en un lapso de tiempo que tuvieron para hacerlo, y el que sí habrían objetado otros elementos del informe.
Según información publicada por Bloomberg, BancTrust & Co estima el valor de Citgo en US$7.800 millones y el de las demandas en su contra en US$7.000 millones.
Caso Monómeros
Después de Citgo, Monómeros Colombo Venezolanos es el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior. La administración de Guaidó asumió su control en marzo de 2019, cuando esta nombró a su primera junta directiva ad-hoc.
Se trata de la filial en Barranquilla, Colombia, de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y su situación no es menos complicada que la de Citgo. Lo reconoció este viernes, en una comparecencia ante la Comisión de Contraloría del Parlamento opositor, Yon Goicoechea, quien se presentó como coordinador del proceso de rendición de cuentas del denominado gobierno interino: “La empresa está en peligro”.
El 6 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades de Colombia la sometió a control, es decir, al máximo grado de supervisión que se puede ejercer sobre una sociedad comercial, tras considerar que había situaciones “susceptibles de mejora” en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos; luego de esto, Monómeros se habría declarado en quiebra, según publicó la firma Argus, este 23 de septiembre, y que coincide con información filtrada en días previos por el congresista colombiano César Lorduy.
La oposición, sin embargo, lo ha negado. “Monómeros no está en quiebra, tiene un problema de liquidez muy serio, que debe ser atendido de inmediato”, aclaró Goicoechea.
Sobre las maneras de “atenderlo” hay, sin embargo, discrepancias entre la oposición. Coinciden en que debe haber una auditoría externa pero por un lado Guaidó, respaldado por el que fuera su partido, Voluntad Popular, ha planteado una restructuración, en articulación con el gobierno colombiano; mientras otro grupo de oposición, encabezado por Primero Justicia, ha planteado que Monómeros y los demás activos en el exterior sean transferidos a un fideicomiso administrado por un ente externo “del más alto nivel”, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
“Deberíamos tener una comisión parlamentaria para discutir y consensuar el mecanismo de protección de activos en el exterior”, reconoció uno de los diputados opositores durante la reunión en la que compareció Goicoechea, quien insistió en la necesidad de conseguir un consenso.
Mientras tanto, el Gobierno ha acusado a la oposición de irresponsable, y de haber “asaltado y saqueado” empresas “que pertenecen al pueblo venezolano”.
Otros activos
Las empresas no son lo único que Maduro busca recuperar. También está detrás de más de US$1.000 millones en oro venezolano que se encuentra almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Reino Unido sobre si debe ser entregado al Banco Central de Venezuela, controlado por el gobierno de Maduro, esto después de que el Gobierno británico dijera que continúa reconociendo el liderazgo de Guaidó.
Y también miles de millones de dólares que logró “proteger” el “gobierno interino” en decenas de cuentas en América y Europa. Entre ellos, 25 millones de euros de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), también con directivas designadas por la oposición, siguen bloqueados en España, luego de que, esta semana, una jueza rechazara la petición de medidas cautelares solicitadas por representantes legales del Gobierno.
El chavismo ha argumentado que, conjuntamente con las sanciones, estos bloqueos han impedido, entre otras cosas, la compra de vacunas para el Covid-19, insumos para los centros de salud, alimentos para sus programas sociales, entre otros.
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