Bogotá — Un estudio del Banco de la República, elaborado por los investigadores Fernando Arias-Rodríguez y Julián Andrés Parra-Polanía, plantea que reducir significativamente los subsidios del régimen de reparto en Colombia se traduciría en una disminución en la brecha entre regímenes y una mejora en bienestar para toda la población en el largo plazo.
Es importante precisar que el documento técnico del Banco de la República no representa la posición oficial, ni del banco central, ni de los integrantes de la Junta Directiva del Emisor.
El estudio plantea que Colombia, al igual que muchos otros países, está sufriendo un proceso continuo de envejecimiento de su población.
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En efecto, la Organización de las Naciones Unidas (2019) estima para Colombia que en el 2050 el grupo etario más grande será el de personas entre 50 y 59 años, mientras que la proporción de la población mayor de 60 años será alrededor del 30% para 2060 (Parra-Polanía et al., 2020).
Este proceso impacta diversas áreas de la economía, afectando las sendas de las principales variables macroeconómicas (como son la tasa de interés, los salarios, las tarifas impositivas, entre otras) y, con ello, los mercados de bienes, de trabajo y, por supuesto, el sistema pensional.
El documento pretende aportar algunas reflexiones en torno a los efectos sobre este último, en el marco de una transición demográfica y de posibles reformas al mencionado sistema.
Su objetivo era analizar los efectos sobre variables macroeconómicas y sobre el bienestar en el largo plazo (desde la actualidad y en un horizonte de más de 100 años) de un envejecimiento poblacional en una economía como la colombiana, modelada a partir de un enfoque de generaciones traslapadas.
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Este incluye la existencia e interrelación entre los dos regímenes principales de su sistema pensional (uno de reparto y el otro de ahorro) y se calibra a partir de un conjunto de parámetros derivados del comportamiento reciente de las principales variables que la caracterizan.
También se considera el impacto macroeconómico de algunas reformas paramétricas (aumento en la edad de pensión, reducción en la tasa de reemplazo del régimen de reparto y aumento de la porción de vida laboral considerada para el cálculo de la pensión del régimen de reparto) que se van implementando gradualmente, durante las próximas décadas, paralelamente a los cambios en la composición de la población.
Entre las conclusiones a las que llegaron los investigadores está que un menor crecimiento de la población se traduce en menores retornos en el régimen de reparto, lo que a su vez presiona al Gobierno para conseguir más recursos (en este caso subir impuestos) y así poder cumplir con el pago de las mesadas pensionales de ese régimen.
Al final, con envejecimiento poblacional y mayores impuestos, la brecha de bienestar entre regímenes se amplía 2,4 veces la brecha actual, en detrimento de quienes se pensionan en el régimen de ahorro.
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El modelo que sugieren los autores no plantea como óptima la desaparición del régimen de reparto, aunque una reducción significativa en el monto de subsidios que allí se otorgan se traduce en una disminución en la brecha entre regímenes y una mejora en bienestar para toda la población en el largo plazo.
Dicen también que esta reducción puede lograrse de manera gradual con reformas. Para los investigadores con la implementación de esas reformas, se experimenta una disminución en la tarifa impositiva y un incremento en el ahorro, lo que se traduce en mayor acervo de capital, mayores salarios y menores tasas de interés.
El mecanismo a través del cual se logra todo esto es la corrección, entre otros, de la distorsión que existe hoy en las decisiones de ahorro de las personas cuando deben escoger entre dos regímenes pensionales, donde uno – el de reparto – ofrece en general pensiones más altas como consecuencia de los subsidios que otorga (con las presiones fiscales que ello significa), cuando, en ausencia de los subsidios, es el otro régimen –el de ahorro- el que ofrece actualmente una mayor tasa de retorno.
