Caracas — El denominado “gobierno interino” de Venezuela -reconocido así por decenas de países del mundo que respaldan al líder opositor Juan Guaidó, desde su juramentación como presidente encargado, en enero de 2019- dijo que no ha celebrado ningún acuerdo de pago con la empresa ConocoPhillips.
“No existe tampoco acuerdo alguno de venta, proceso de venta, ni cesión de acciones de PDVSA, PDV Holding y/o Citgo Petroleum Corp. en marcha con la empresa ConocoPhillips u otros acreedores de la República de Venezuela, con respecto a las causas que estos mantienen en Cortes de EEUU con motivo de obligaciones o pretensiones indemnizatorias derivadas de actuaciones ilícitas o irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, agregó en un comunicado divulgado en la tarde de este miércoles.
A la petrolera ConocoPhillips se le deben US$1.300 millones por activos petroleros incautados por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2007. Y está entre las decenas de empresas y personas que, por esto, han presentado demandas contra Citgo, la importante filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en los Estados Unidos.
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Como otros activos venezolanos en el exterior, Citgo es administrada por directivas designadas por el Parlamento encabezado por Guaidó, desde 2019. Pero esto -según ha publicado Bloomberg- no ha sido precisamente una bendición, como tampoco lo ha sido asumir el control de Monómeros Colombo Venezolanos, la filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela.
En el caso de Citgo, como recuerda Bloomberg, cuando Guaidó asumió el poder, el gobierno de Maduro se libró de los pagos, que incluían una compensación a Crystallex por una mina de oro expropiada, facturas impagas y bonos internacionales, para los que utilizó los activos de Citgo en garantía.
BancTrust & Co ha estimado el valor de Citgo en US$7.800 millones y el de las demandas en su contra en US$7.000 millones.
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En su comunicado de este miércoles, la oposición venezolana explica que, “como es usual en los procesos judiciales” en los Estados Unidos, los jueces solicitan a las partes presentar su propuesta preliminar para reparar a la contraparte, en caso de una decisión desfavorable.
“Bajo este supuesto procedimental, se designó un auxiliar de justicia denominado “Special Master”, quien solo ha iniciado un proceso para la valoración de la empresa y ha revisado las informaciones aportadas por algunos acreedores que pretenderían participar de un hipotético proceso de venta”, se lee en el texto, en el que detallan que este “special master” produjo un informe público, en el que ha dejado constancia de los montos (pagados y adeudados) informados por los acreedores, y en el que señala que las partes de Venezuela han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips.
“Debe aclararse que, tal indicación, además de ser errónea, no implica de ningún modo, ni puede hacer presumir o concluir, que el Gobierno interino ha celebrado algún acuerdo de pago con dicha empresa. Tampoco significa, y es falso que los montos que haya pagado previamente la República o PDVSA a los acreedores, hayan sido efectuados por el Gobierno interino, pues los montos incluidos en las relaciones presentadas por dichos acreedores y expresadas en el documento en cuestión, fueron realizados previamente por el régimen de Maduro, o a través de depósitos (escrow) ya realizados por el régimen antes de febrero de 2019″, aclararon.
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El economista venezolano y director del centro de pensamiento Oil for Venezuela, Francisco Rodríguez, sin embargo, informó a través de un hilo de mensajes en la red social Twitter que el mencionado informe había sido presentado a la corte el 9 de agosto, y que los abogados del gobierno interino tuvieron oportunidad para objetarlo hasta el 1º de septiembre.
“No explican por qué sus abogados no solicitaron a la corte la corrección de este ‘error’”, trinó Rodríguez, al tiempo que explicó que en una extensa comunicación del 25 de agosto, los abogados del gobierno interino presentaron una serie de objeciones ante el informe del experto judicial, pero ninguna a la referencia del experto al acuerdo con ConocoPhillips.
“El comunicado del gobierno interino reconoce que sus abogados omitieron pedir a la corte que aclarase el supuesto error del experto judicial y dejaron pasar el lapso para aclaratorias a este informe”, acotó, al asegurar que la “omisión” no era “nada trivial”, pues el mencionado informe provee la evidencia a ser usada por la corte en su decisión sobre el futuro de Citgo: “La corte decidirá sobre un posible proceso de venta partiendo del supuesto, no corregido, de que existe un acuerdo con Conoco”.
¿Está ‘protegida’ Citgo?
Citgo tiene tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados de los EEUU, con 3.400 empleados. Constituye, como lo reconoce la oposición en su comunicado, el principal activo de la industria petrolera venezolana en el extranjero.
Y la oposición venezolana se jacta de haber logrado su “protección”: “En caso de una decisión judicial contraria a los intereses de la República que ordenase la reparación de algún acreedor mediante una eventual venta de acciones de PDV Holding, se requiere inequívocamente del previo otorgamiento de una licencia o autorización por parte de la OFAC, y siempre que la Corte de Apelaciones niegue la apelación pendiente de decisión”.
Pero esto podría cambiar a partir de enero de 2022, cuando expira el ya prorrogado mandato de la Asamblea Nacional opositora, electa en 2015 y presidida por Guaidó desde 2019.
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En días pasado, Bloomberg dio a conocer el contenido de una carta del Departamento del Tesoro, fechada el 10 de septiembre y dirigida a otro acreedor, Crystallex, en la que aseguraba que podía volver a solicitar la licencia “en un momento posterior, si cambian las consideraciones de política exterior”. La OFAC -dice la carta- volverá a evaluar la solicitud de la compañía “durante el primer semestre de 2022, según lo justifique el cambio de circunstancias”.
La oposición, sin embargo, se aferra al apoyo que de momento tiene, mientras los acreedores se preparan para cobrar y Maduro busca recuperar este y otros activos, en el marco de la Mesa de diálogo y negociación sobre Venezuela en México.
De hecho, lo solicitará tan pronto como este viernes 24 de septiembre, cuando inicie una nueva ronda de reuniones con la oposición.
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