Bloomberg — En los últimos días de la administración de Donald Trump, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ofreció unas instrucciones muy inusuales a los altos cargos militares. Si recibían órdenes de lanzar un ataque, incluido el uno con armas nucleares, debían “hacer el proceso” de consultar con él primero. El general pidió a todos los oficiales que indicaran verbalmente su consentimiento, lo que, según informes, consideró “un juramento”.
Eso es según un nuevo libro de Bob Woodward y Robert Costa. Milley se alarmó tanto por el comportamiento de Trump, dicen los autores, que sintió que eran necesarias salvaguardias adicionales para prevenir una calamidad. Al emitir las órdenes, sabía perfectamente que estaba “haciendo un Schlesinger”, o sea, haciéndose eco de las acciones del Secretario de Defensa James Schlesinger, que tomó medidas similares para limitar a un Richard Nixon cada vez más errático en 1974.
Ambos incidentes también ponen de manifiesto un peligro que existe desde hace tiempo pero que no se ha resuelto: la falta de barreras de protección para evitar que un presidente imprudente o inestable inicie una guerra nuclear.
Tras las últimas revelaciones, los republicanos han acusado a Milley de todo, desde insubordinación hasta traición. Pero si actuó de manera inapropiada es discutible. No está claro si Milley realmente buscó usurpar el control civil de las fuerzas armadas, como acusan algunos críticos, o simplemente instó a los oficiales a mantenerlo informado si recibían órdenes extravagantes, una petición nada descabellada en un momento en el que el presidente parecía desatado y gran parte de la dirección civil del Pentágono estaba formada por funcionarios en funciones que solo llevaban semanas en sus puestos.
No hay evidencia de que Trump estuviera contemplando el uso de armas nucleares. Pero eso no significa que el mundo esté a salvo de futuros presidentes en una situación similar. Según la política actual, el comandante en jefe es el único con autoridad para ordenar un ataque nuclear contra un adversario, en cualquier momento y lugar. Aunque se espera que busque el consejo de los miembros del gabinete y de los líderes militares antes de emitir la orden, no hay ningún requisito para hacerlo. Una vez que el presidente elija entre la lista de opciones de ataque contenida en el “balón” nuclear, los ataques podrían comenzar en cuestión de minutos. Aparte de la posibilidad de que miembros individuales del ejército se nieguen a cumplir órdenes que consideren ilegales, no existen restricciones formales sobre la capacidad de un presidente para iniciar una guerra nuclear.
Un poder tan ilimitado plantea riesgos inaceptables. Como comandante en jefe, el presidente debería, por supuesto, conservar la autoridad para tomar todas las medidas de represalia necesarias si Estados Unidos sufriera un ataque nuclear. Pero se necesitan salvaguardias más estrictas para limitar el peligro de un primer uso no provocado de tales armas.
Como mínimo, una orden presidencial de ataque nuclear preventivo debería ser certificada como auténtica por el secretario de Defensa y revisada por el fiscal general para determinar su legalidad. El vicepresidente, así como los líderes de ambos partidos en el Congreso, deberían ser notificados de la orden. En teoría, un presidente empeñado en utilizar la bomba podría seguir ignorando las objeciones planteadas por otros poderes del Estado. Pero involucrar a más funcionarios elegidos y designados en el proceso podría retrasar una acción de gatillo fácil, ganar tiempo para considerar opciones menos destructivas y permitir medidas más agresivas (como invocar la 25ª Enmienda para destituir al presidente) si fuera necesario.
La guerra nuclear, en palabras de Ronald Reagan, no se puede ganar y nunca se debe pelear. Desde el comienzo de la era atómica, todos los presidentes estadounidenses han aceptado la lúgubre lógica de la disuasión, pero eso no siempre es cierto. Es necesario un proceso más deliberado para la toma de decisiones nucleares para proteger al país y al mundo de las consecuencias de un error de cálculo presidencial.
Editores: Romesh Ratnesar, Timothy Lavin.
