Caracas — El gobierno de Venezuela no podrá disponer de manera inmediata de 25 millones de euros que tiene bloqueados en España, luego de que la jueza María Teresa Vázquez rechazara la petición de medidas cautelares solicitadas por representantes legales del gobierno chavista.
Según lo publicado por el diario español El Mundo, el pasado 19 de septiembre, la magistrada de lo Mercantil número 9 de Madrid rechazó que utilizaran esa vía legal como una medida de presión para sus pretensiones.
El chavismo había solicitado que se suspendiera la designación de Enrique Castells, hombre de confianza del líder opositor Juan Guaidó -quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países del mundo-, como administrador único al frente de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que dispone de los 25 millones de euros en 3 entidades financieras españolas.
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El gobierno de Maduro alegó que representantes de Guaidó infringieron normas para la convocatoria y la celebración de la junta general de la sociedad. También que Castells no está legitimado para convocarla y constituirla porque no podía actuar en representación del socio único.
“Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público. Existe el riesgo de que el señor Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de CVG, siendo de imposible recuperación”, dijo, según lo citado por El Mundo.
La decisión de la jueza en Madrid se conoce mientras el gobierno de Maduro, hambriento de capital, busca restaurar su derecho a activos de Venezuela en el exterior, junto con el levantamiento de sanciones, en la Mesa de Diálogo y Negociación sobre Venezuela en México.
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La delegación del chavismo en este proceso con la oposición, que cuenta con la facilitación del Reino de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos, advirtió que en la próxima ronda de reuniones, a celebrarse entre el 24 y el 27 de septiembre, solicitarán la devolución de activos en el extranjero que, asegura, les fueron “robados” al país, principalmente Monómeros Colombo Venezolanos, la filial en Barranquilla de la estatal Petroquímica de Venezuela que recientemente fue sometida a control por la Superintendencia de Sociedades colombiana.
Tras haber sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países del mundo, el líder opositor Juan Guaidó reclamó el control de estas empresas, y designó juntas directivas ad hoc -como la presidida por Castells- para ellas.
Castells, quien fuera presidente de CVG Industria Venezolana de Aluminio C.A. (CVG VENALUM) aceptó la propuesta de ponerse al frente de la CVG para conseguir el “renacimiento pleno” de las empresas básicas de Guayana y garantizar el progreso económico y social que otrora caracterizó a la pujante Guayana.
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