Ciudad de México — El gasto público para atender sismos, huracanes, inundaciones e incendios forestales en México enfrenta un recorte presupuestal en 2021.
A pesar de que en los últimos años se han registrado desastres naturales de diversa magnitud y con daños a la infraestructura y los estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entre los fideicomisos que deberían extinguirse en 2020 en línea con su política de austeridad.
Por Ley, cada año se deben etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos para atender las afectaciones derivadas de desastres naturales y apoyar a las entidades federativas y dependencias del gobierno.
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Sin embargo, este año la erosión del Fonden ha reducido los recursos etiquetados para atender los daños de fenómenos naturales.
El PEF incluye un capítulo específico correspondiente a gastos obligatorios. Dentro de ese rubro se encuentran las “Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas” a que se refiere el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para 2021 se aprobaron 8,927 millones de pesos en ese rubro de previsiones para atender daños ocasionados por fenómenos naturales, no obstante, el presupuesto sufrió una modificación a la baja durante el segundo trimestre del año para quedar en 4,116 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lo anterior significa que el gasto etiquetado específicamente para atención de desastres naturales sufrió un recorte de alrededor de 50% en términos reales.
Según Hacienda, la reducción en el gasto se explica porque en el periodo enero–junio de 2021 los recursos aprobados en el fideicomiso Fonden para la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales fueron transferidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por un total de 3,668.5 millones de pesos.
Es decir, una parte de los recursos etiquetados en 2021 para previsiones de desastres naturales pasaron a presupuesto general de la SCT.
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La transferencia se realiza conforme el decreto del PEF 2021, el cual establece que las dependencias del gobierno que reciben recursos para la atención de los desastres naturales serán las responsables de aplicar los mismos para los fines que fueron otorgados. No obstante, en los informes de finanzas públicas no se identifica el traspaso de los recursos del Fonden a SCT.
“Lo único que se hace (con la extinción de fideicomisos como Fonden) es que esas personas van a seguir recibiendo todo lo que estaba comprometido, nada más que va a llegar del presupuesto directamente y no del fideicomiso”, dijo el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, el pasado 30 de septiembre de 2020, fecha en la que estaba la discusión de los fideicomisos en el Congreso.
Tras la aprobación en el Congreso de la extinción de 109 fideicomisos (octubre 2020), diversas organizaciones y grupos de ciudadanos que recibían recursos de algunos fideicomisos cuestionaron que no había garantía de que en el presupuesto se asignaran recursos para compensar los fideicomisos, sobre todo cuando hay una política de austeridad.
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Por ejemplo, en octubre del año pasado, la agencia Moody’s advirtió que desaparecer el Fonden aumentaría los riesgos para sectores vulnerables y que, si bien los recursos seguirían estando disponibles a través de asignaciones directas de la Tesorería de la Federación, no había transparencia sobre las asignaciones.
Ante la ausencia del Fonden, el gobierno federal cuenta con dos amortiguadores fiscales que pudieran activarse en caso de algún evento natural de importante magnitud, a fin de evitar alguna afectación a las finanzas públicas.
El primero es un seguro catastrófico con cobertura de hasta por 5,000 millones de pesos, el cual se activa cuando el daño por desastres naturales supere los 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos. La vigencia del seguro es del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022.
El segundo es un bono catastrófico vigente hasta marzo de 2024 por 485 millones de dólares con cobertura contra sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales.
Para 2022 se propone en el PEF un presupuesto etiquetado para desastres naturales de 9,262 millones de pesos, cantidad similar a la que se había aprobado para este año.
